Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, fue trasladado a la cárcel Bellavista, en Bello, para cumplir el procedimiento de reseña requerido antes de iniciar la medida de aseguramiento domiciliaria que le fue impuesta por un juez de control de garantías.
Durante el trámite, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó el registro correspondiente, que incluye la identificación y toma de fotografías del procesado.
Posteriormente, Quintero fue llevado hasta el inmueble ubicado en una zona rural entre Copacabana y Girardota, donde deberá permanecer mientras continúa el proceso judicial.
Por fin reseñaron a Miguel Quintero, hermano de @QuinteroCalle. La foto es en la cárcel de Bellavista, antes de mandarlo a su mansión: la misma que presuntamente levantó con plata de coimas. El INPEC lo registró para hacer efectiva la medida de aseguramiento que le impuso el juez. La reseña se hace para que el INPEC controle y haga seguimiento a la detención domiciliaria en su mansión en Copacabana. Medellín los quiere ver tras las rejas, no en la finca.
— Alejandro De Bedout (@alejodebedout) October 4, 2026
La medida fue adoptada dentro de una investigación por presuntas irregularidades relacionadas con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
De acuerdo con la Fiscalía, estos negocios tuvieron un valor superior a los 17.000 millones de pesos y estarían relacionados con un posible detrimento de recursos públicos.
Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Sin embargo, no aceptó los cargos y la investigación continuará durante las siguientes etapas judiciales.
La decisión fue adoptada por el juez 27 penal municipal con función de control de garantías de Medellín, quien consideró que existían elementos suficientes para establecer una inferencia razonable de responsabilidad dentro de la investigación.
Sin embargo, el despacho no acogió la solicitud de la Fiscalía, la Procuraduría y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que habían pedido que Miguel Quintero cumpliera la medida en un establecimiento carcelario.
La detención domiciliaria implica que el procesado debe permanecer en el lugar autorizado por las autoridades y cumplir las condiciones establecidas por la justicia.
El Inpec tiene entre sus funciones apoyar la vigilancia de las personas sometidas a este tipo de medidas, mediante mecanismos de control y visitas de seguimiento.
La Fiscalía y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron que apelarán la decisión, por lo que una instancia superior deberá revisar los argumentos relacionados con la medida de aseguramiento.
Mientras tanto, el proceso penal continuará y será la justicia la encargada de establecer, en las etapas correspondientes, si existe o no responsabilidad por los hechos investigados.