Hay elecciones que eligen presidentes y hay elecciones que desenmascaran proyectos políticos. La del 31 de mayo hizo las dos cosas. Eligió a Abelardo de la Espriella como el candidato más votado del país y reveló, sin lugar a dudas, lo que la izquierda hará cuando finalmente pierda el poder. Iván Cepeda lo dijo con su actitud antes que con sus palabras. Salió a rechazar los resultados y, con esa sola decisión, confirmó lo que viene. No va a reconocer la derrota. Va a cuestionar las instituciones, va a agitar a sus bases con el fantasma del fraude y va a hacer exactamente lo que, según muchos sectores, el petrismo ha venido preparando desde hace meses. Lo vimos en Venezuela. Lo vimos en Nicaragua. Ahora el riesgo es que Colombia transite por ese mismo camino de polarización y desconocimiento de las reglas democráticas. Con las mesas informadas y una diferencia amplia entre los dos candidatos, la discusión ya no parece ser quién ganó la elección, sino quién está dispuesto a respetar el veredicto de las urnas.
Esta es la izquierda colombiana que conocemos. La que acepta los resultados cuando gana y los cuestiona cuando pierde. La que durante toda la campaña fue construyendo meticulosamente una narrativa de fraude para tenerla lista si las urnas no la acompañaban. La que convierte la derrota electoral en un acto de sedición institucional.
Lo más grave no es Cepeda. Lo más grave es el presidente de la República comportándose como jefe de campaña de un candidato, negándose a reconocer resultados preliminares y sembrando desconfianza sobre las instituciones electorales del país que él mismo gobierna.
En 2022, Gustavo Petro llegó al poder con 11,2 millones de votos en segunda vuelta. Una cifra histórica que se interpretó como el hartazgo de un país frente a décadas de política tradicional. Los colombianos salieron masivamente a las urnas, con una participación del 58 %, la más alta desde 1974, convencidos de que el cambio era posible. Petro prometió transformación. La izquierda celebró aquella votación como un mandato popular irrefutable, como la voz inequívoca del pueblo. Nadie cuestionó entonces la legitimidad del sistema electoral.
Pero lo que se vivió durante estos cuatro años es que la llamada paz total terminó convertida en un fracaso total. Los hechos son contundentes y las cifras hablan por sí solas. Mientras el presidente Petro insiste en presentar a Colombia como uno de los países más pacíficos de las últimas décadas, la realidad muestra otra cosa. Según los registros de Medicina Legal, 2025 cerró con 14.780 homicidios, convirtiéndose en el año más violento de la última década, con un promedio cercano a 40 asesinatos diarios. Lejos de mejorar, la situación se deterioró en 2026: durante el primer trimestre se contabilizaron 3.391 homicidios, la cifra más alta para ese período desde 2015. A esto se suma la expansión del microtráfico, que continúa financiando estructuras criminales y sembrando violencia en ciudades y municipios. El balance es devastador: más homicidios, más control territorial de los grupos ilegales, más drogas en los barrios y menos seguridad para los colombianos. Esa es la verdadera herencia de la paz total, una política que prometió desarmar la violencia y terminó fortaleciendo a quienes viven de ella.
Cuatro años después, ese mismo pueblo volvió a salir. Pero esta vez salió a decir otra cosa. De la Espriella superó en primera vuelta los 10,3 millones de votos, una cifra que en cualquier democracia seria se leería como una señal de agotamiento profundo frente al gobierno de turno. Los colombianos no salieron a votar por nostalgia ni por inercia. Salieron porque están cansados. Cansados de la inseguridad, de la improvisación, de un gobierno que prometió cambio y entregó caos. Esa es la verdad que Cepeda y Petro se niegan a leer en las cifras.
Los grandes ganadores de la jornada son claros. De la Espriella, un abogado outsider que escuchó las necesidades de los colombianos y las volvió su bandera, se convirtió en el candidato más votado en primera vuelta en la historia reciente del país. Paloma Valencia quedó tercera con el 6,9 % y Sergio Fajardo, cuarto con el 4,26 %. Esos más de tres millones de votos serán el campo de batalla de la segunda vuelta del 21 de junio.
Lo que Colombia mostró el 31 de mayo fue un país que quiere un nuevo rumbo. Un país cansado de la improvisación, del discurso incendiario y del personalismo que ha sustituido a la institucionalidad. Un país que no está dispuesto a seguir siendo rehén de una narrativa que culpa a todos —a los empresarios, a los medios, a la Registraduría, a los algoritmos de una firma privada—, menos al propio gobierno, de sus fracasos.
Hay una paradoja que define a Gustavo Petro mejor que cualquier análisis. Las mismas reglas electorales que lo llevaron a la Casa de Nariño en 2022 son hoy, según él, un sistema corrupto e ilegítimo. El mismo conteo que celebró cuando ganó es ahora el fraude que denuncia cuando pierde. No se puede esperar menos de quien siempre ha confundido la democracia con un instrumento de uso personal. Por eso, este llamado no puede esperar. Al procurador, al registrador, al CNE y a la Comisión de Acusación les decimos con toda claridad que Colombia los está mirando. Que su responsabilidad histórica es impedir que un gobierno en retirada destruya los cimientos de la República. Que este pueblo, el mismo que salió a votar masivamente el 31 de mayo, no va a permitir que se altere su voluntad ni que se perpetúe en el poder quien ya no tiene ningún mandato para estar en él.
La democracia ganó el 31 de mayo. Ahora, la pregunta que queda en el aire, antes de la segunda vuelta, es si quienes perdieron están dispuestos a respetarla. La historia de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia nos enseña adónde conduce una izquierda que decide incendiar el país antes que reconocer los resultados. Ojalá Colombia no tenga que aprender esa lección de nuevo.