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Opinión

  • | 2017/04/15 22:00

    La JEP bajo fuego

    Los ataques a la justicia transicional revelan la falta de voluntad de las élites políticas más involucradas en el conflicto, para aceptar su responsabilidad y buscar una reconciliación.

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El Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, por el cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue recibido por un fuego intenso desde las trincheras de la derecha. Uribe, siempre Uribe, la llamó juridiscción especial de las Farc, JEF; María Isabel Rueda tituló: ‘La pérfida JEP’; Fernando Londoño: es la justicia del traidor Santos. No cito a Marta Lucía Ramirez, al exprocurador Ordóñez, a Sofía Gaviria, a José Félix Lafaurie, a Mauricio Vargas, al general en retiro Jaime Ruiz Barrera, para no aburrirlos.

No es nueva la descalificación, no son nuevos los argumentos, es lo que han dicho desde el inicio del proceso de paz. No había un conflicto armado, no había una guerra, las Farc no tienen un carácter político, los únicos responsables de la tragedia son los guerrilleros, la cárcel es la única forma de justicia posible para ellos, no se les puede dar un tratamiento igual a los delitos de la insurgencia y a los cometidos por los agentes del Estado, no se pueden meter en la justicia transicional a los terceros: empresarios o políticos que participaron de forma directa o indirecta en la confrontación.

En la frase de Fernando Londoño está el secreto de todo. El presidente Juan Manuel Santos ha firmado un acuerdo de paz que compromete a una parte de las fuerzas políticas y económicas del país. Santos, Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, el general Mora Rangel, el ahora vicepresidente Óscar Naranjo, el otrora presidente de la Andi Luis Carlos Villegas terminaron representando a las elites liberales del país, a los grupos empresariales modernos, a los sectores mayoritarios de las Fuerzas Armadas y a una izquierda en proceso de autocrítica y renovación.

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Una parte de las elites políticas regionales, las que auspiciaron el paramilitarismo; la mayoría de ganaderos, bananeros, azucareros y palmeros; los que se han enriquecido y se enriquecen en los mercados ilegales; muchos militares y policías en ejercicio o en retiro que lideraron la época más dura del conflicto y se involucraron con las fuerzas mafiosas; las corrientes más ortodoxas y conservadoras del país; todos estos sectores no se sienten representados en el acuerdo de paz; sienten que Santos los traicionó. Han puesto su confianza en un líder, en un único líder, Álvaro Uribe Vélez.

Querían llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, hasta derrotar y desarticular las guerrillas, hasta liquidar buena parte de sus huestes, hasta rendirlas y someterlas a la justicia ordinaria, como hicieron con los tamiles en Sri Lanka en 2009, como hicieron con ETA, en España, en estos días. Así pensaban obviar la rendición de cuentas al final de la confrontación, así pensaban eludir el juicio por las conductas violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Santos tomó el camino de la negociación política, quiso parar la guerra, quiso evitar un desangre mayor, una tragedia aún más dolorosa, una prolongación indefinida del horror. Para lograrlo estaba obligado a ofrecer una justicia donde no hubiese vencedores ni vencidos, una justicia de reparación, una justicia equitativa para los involucrados en el conflicto.

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Las guerrillas también quisieron durante muchos años ganar la guerra e imponer una justicia revolucionaria, una justicia de paredón, un sometimiento de las elites del país, de los militares, de esas fuerzas regionales que fungían como enemigas feroces de su pretensión victoriosa. Pero tuvieron que declinar el propósito porque la población, la mayoría de la población, no las acompañó en la aventura. Terminarán aceptando la oferta de paz y una fórmula de justicia concertada.

Pero aun en la mesa de conversaciones, aun en el inicio del conflictivo trámite del acuerdo, pensaron que podían aspirar a la amnistía general y al indulto, tal como había ocurrido en procesos anteriores de paz con las guerrillas. Tampoco había ambiente para esto en el país y tuvieron que aceptar la justicia transicional, concurrir a tribunales, confesar los delitos, aceptar penas alternativas y comprometerse solemnemente a la reparación de las víctimas y a la no repetición.

No han sido pocos los intentos por incluir a los sectores adversos en los acuerdos, muchas modificaciones a los textos de la justicia especial para la paz se hicieron para aliviar las diferencias. La exclusión de los expresidentes de la JEP se hizo para atender los reclamos de Uribe y Pastrana. Se impusieron una variedad de condiciones para establecer la cadena de mando militar en hechos delictivos relacionados con el conflicto, con el propósito de limar asperezas con estos sectores. Se desdibujaron hasta el cansancio los factores que obligaban a los terceros a concurrir a los tribunales con el fin de echar al suelo las prevenciones. Nada de esto ha servido. Ellos están en su punto. No dan el brazo a torcer.

El riesgo de que la justicia especial para la paz se convierta solo en una interminable jornada de confesiones, juicios, penas y peticiones de perdón de las guerrillas es muy grande. Los duros ataques a la justicia transicional lo que revelan es la falta de voluntad de las elites políticas más directamente involucradas en el conflicto, las que incurrieron en las mayores transgresiones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para aceptar su responsabilidad y buscar una reconciliación que no les exige ni la cárcel ni el escarnio, sino la verdad y el compromiso de no volver a repetir los hechos.

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