El director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, volvió a lanzar duras críticas contra Gustavo Petro y su gobierno, sobre todo por las decisiones que se han tomado dentro de la política de paz total.
El jefe del liberalismo aseguró que las decisiones que ha tomado el Gobierno Petro en materia de paz han sido erradas y que son “una rendición total frente al narcotráfico”.
Gaviria está bastante molesto por la solicitud de suspender las órdenes de captura y extradición de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
“Esto no es un gesto de paz. Es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral que hoy vive la Nación”, dijo Gaviria.
El exmandatario recordó que desde el inicio del Gobierno Petro expresó sus preocupaciones frente a la paz total al tratarse de una política de Estado que no tuvo unas líneas claras para negociar.
“Advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales”.
Agregó: “Eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras el Gobierno hablaba de paz, el Clan del Golfo expandió su presencia territorial y consolidó su control criminal en distintas regiones del país. Colombia no recibió desmovilizaciones reales ni reducción sostenida de la violencia; recibió más poder para las organizaciones ilegales y más incertidumbre para los ciudadanos”.
El jefe del liberalismo aseguró que a Petro le quedan tres meses de mandato y que sencillamente quiere otorgar un beneficio a los criminales del Clan del Golfo y sin explicación alguna.
“Hace apenas unos meses, el propio presidente Petro presentó ante las autoridades estadounidenses a alias Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, ese mismo gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra. Esa contradicción no es menor. Compromete la credibilidad internacional de Colombia y envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas”.
Por esa razón, cree que Petro está debilitando la soberanía al intentar proteger a los criminales.
“Ninguna resolución administrativa del Ejecutivo puede reemplazar las competencias de la justicia ni interferir en decisiones que corresponden a las autoridades judiciales”.
Agregó: “La separación de poderes no es un detalle técnico: es uno de los pilares esenciales del orden constitucional colombiano. Por eso preocupa profundamente que el Gobierno pretenda, mediante decisiones políticas, suspender actuaciones judiciales frente a jefes de estructuras criminales responsables de homicidios, narcotráfico, desplazamiento y control armado de extensas zonas del país”.
Además, al expresidente le llama la atención que estas decisiones de Petro se estén dando en la recta final de su mandato y a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
“Los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial. La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”.
Así mismo, rechazó el asesinato del periodista Mateo Pérez, cometido por integrantes de las disidencias de alias Calarcá, otra de las estructuras criminales que “hoy se fortalecen en medio de las ambigüedades y concesiones de la llamada paz total”.
“Mientras su familia hoy llora y vela su cuerpo, Colombia vuelve a enfrentarse a la realidad dolorosa de una política que, lejos de debilitar a los grupos armados ilegales, terminó ampliando su capacidad de intimidación, control territorial y violencia contra la población civil”.
Finalmente, dijo que el Partido Liberal espera que las instituciones del Estado actúen con independencia, rigor jurídico y responsabilidad frente a una decisión que compromete la seguridad nacional, la confianza internacional y la estabilidad democrática del país, “porque una paz que premia a los victimarios mientras debilita la justicia no es paz. Es la renuncia del Estado a defender a los ciudadanos”.