La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó al accionar del gobierno del presidente Gustavo Petro a favor de 29 criminales del clan del Golfo.
El consejero comisionado de paz, Otty Patiño, firmó una resolución donde reconoció los nombres de 29 personas que serán beneficiadas con la suspensión de órdenes de captura y pedidos de extradición. Todas están enfiladas en el Clan del Golfo, el grupo narcotraficante que el Gobierno Petro pretende desarmar antes de terminar su mandato.


Se conoció que el objetivo principal de esta decisión es permitir que los criminales puedan trasladarse a las Zonas de Ubicación Temporal, donde se espera el inicio del proceso de desmovilización y tránsito a la legalidad en Chocó y Córdoba. Sin embargo, el Ejecutivo, en el documento, dejó sobre la mesa algunas salvedades del alcance de la norma.
Entre todas las identidades, la que más ha llamado la atención es la de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, el hombre que reemplazó a alias Otoniel. Él lidera a la organización delincuencial y tiene deudas pendientes con la justicia de Estados Unidos. Si la Fiscalía acepta, cesará la persecución que se tiene en su contra.
Tras el anuncio, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció. “Mire, es gravísimo lo que está pasando con este gobierno y la paz total de Iván Cepeda, donde le despejaron el terreno a los violentos y andan presionando con fusiles para que voten por él. Ahora liberan 29 delincuentes del autodenominado Ejército Gaitanista para llevarlos, dizque, a zonas de ubicación. Esto ya no es un error, es una estrategia electoral“, aseguró.

Dos días antes de este anuncio, el senador Iván Cepeda se pronunció por cuenta de la supuesta presión que grupos criminales están ejerciendo para que voten por él.
El 22 de abril de 2026, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda calificó de “mentirosa” a la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia. Esto, tras señalar que no era cierto que los grupos armados ilegales estuvieran coaccionando a las personas a favor de su campaña política ni tampoco que su proyecto político tuviera alguna alianza con grupos criminales para obligar a la gente a votar por él.
De acuerdo con lo dicho por Iván Cepeda en aquel momento, Paloma Valencia citaba a la Defensoría del Pueblo como fuente y este organismo, a su vez, la desmentía.
“En la plenaria de ayer la señora Paloma Valencia, candidata del uribismo, dijo que la defensora del pueblo Iris Marín había hecho declaraciones o investigaciones que mostraban, sin lugar a dudas, que el Pacto Histórico y mi candidatura y mi campaña están haciendo uso de presiones armadas para lograr favorecer nuestra elección y que ella podía demostrar esa aseveración tan irresponsable, temeraria y calumniosa con las declaraciones de la Defensoría”, señaló Cepeda.
“Pues bien, en el día de ayer la señora defensora del pueblo ha salido a desmentir categóricamente esa situación. Mi pregunta a los medios de comunicación: ¿por qué a esa declaración tan importante no se le ha dado la suficiente relevancia? Es muy grave que la señora Valencia, que es una mentirosa —lo digo claramente—, pues utiliza esta clase de campañas y de estilos para producir efectos en la opinión”, agregó.
Dos semanas después, la campaña del mismo Iván Cepeda dijo que sí hay un informe de la Defensoría del Pueblo que da cuenta de presiones “a favor o en contra de las candidaturas presidenciales”.
“Desde el 22 de agosto de 2025, fecha en la que anuncié mi postulación como candidato a la Presidencia de la República, dejé establecido que mi campaña se regiría estrictamente por los principios de austeridad, respeto, transparencia y ética. Ocho meses después de haber asumido públicamente ese compromiso, informo a la opinión pública que he cumplido de manera rigurosa con lo enunciado”, dijo Cepeda, mediante el comunicado referido.
“En coherencia con dichos principios, me permito hacer la siguiente declaración: 1. En los últimos días he recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, la cual pongo en conocimiento de la opinión pública y será remitida a las autoridades competentes. 2. Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de las candidaturas presidenciales. 3. Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; ‘recomendaciones’ sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas. 4. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones. Por el contrario, tales conductas constituyen graves violaciones al ordenamiento jurídico, configuran constreñimiento al elector y vulneran principios esenciales de la Constitución y de la ley penal. En consecuencia, sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley. ¡VAMOS POR MÁS!“.
“Después de llamarme mentirosa, después de decirme que tenía que rectificar: reconoce que es verdad lo que denunciamos. Muy grave que el terrorismo amedrente a los votantes e indique el voto. ¿La paz total es un total fracaso o una estrategia electoral?”, reaccionó la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.
