Con realidades que suenan increíbles, como la de que el 85 por ciento de las consultas previas en todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, son en Colombia, la minería está reclamando su lugar en la economía local para ser una actividad competitiva frente a otros países.
Tras cuatro años de choque político con el Gobierno anterior, la minería colombiana perdió terreno, mientras que otras naciones aprovecharon el auge del cobre, el oro y minerales como el tungsteno. En el país, el sector tuvo que lidiar con 333 normas expedidas entre 2022 y 2026, que terminaron alejando la inversión.
Ahora hay expectativa de reactivación. En el Congreso Nacional de Minería, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la ministra del ramo, María Nohemí Arboleda, anunció que una sola resolución derogó otras diez del Gobierno anterior que limitaban los distritos mineros especiales y, según el sector, frenaban la inversión sin lograr el ordenamiento territorial que buscaban.
Sin embargo, los problemas de esta industria extractiva siguen vigentes y muchos requieren soluciones de fondo. Uno de los más graves es la explotación ilícita de oro por grupos criminales, que mueve más de 3.000 millones de dólares al año, según Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, sin pagar impuestos, ni regalías ni generar empleo formal. Al mismo tiempo, la minería legal perdió inversión. La inversión extranjera directa en el sector cayó 88 por ciento, de 1.508 millones de dólares en 2022 a 178 millones en 2025. Además, Colombia recibe apenas 1,5 por ciento de la inversión minera regional, frente a 50 por ciento de Chile, 30 por ciento de Perú y 11 por ciento de Brasil.
A la ilegalidad se suman los conflictos con comunidades, asociados a razones ambientales, pobreza o problemas de seguridad. Édgar Alfonso, líder de Cerrejón, señaló que la mina sufrió 12 atentados en 2025 y 5 en lo corrido de este año. Además, registró 110 bloqueos hasta julio, frente a 200 el año pasado, lo que obligó a reducir la producción.
El debate entre minería y ambiente también sigue abierto. Según la ACM, una mayor formalización del sector podría aumentar en 6,1 billones de pesos el recaudo por impuestos y regalías.
Daniel Henao, presidente de Mineros, atribuyó el daño ambiental a la extracción ilícita. “Lastimosamente, ese tipo de minería se ha posicionado y es la real depredadora del entorno y la destructora de comunidades”. A esta actividad se le responsabiliza por afectar 80.000 hectáreas, y recuperar una sola le cuesta al Estado alrededor de 70 millones de pesos.
En contraste, a juicio de Henao, “la minería responsable puede causar prosperidad social”. Confía en que el objetivo de producir 500.000 onzas de oro a 2030 permita traer al país inversiones que Mineros venía realizando en el exterior.
La minería también es vital para la transición energética. El cobre es necesario para paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, y en Colombia volvió a avanzar Quebradona, proyecto de AngloGold Ashanti en Jericó, Antioquia, cuya licencia ambiental fue archivada por la Anla en 2021.
Álvaro Pico, director de Sostenibilidad del proyecto, dijo que llevan 18 años construyendo la línea base ambiental y que las trabas regulatorias frenaron su avance durante cuatro años. El potencial estimado es de 5 millones de toneladas de cobre durante la vida del proyecto.
La minería formal, entonces, está en capilla, con la expectativa de lograr ahora desbloquear esa fortuna que yace en el subsuelo y que podría traer prosperidad económica y social, sin que se lleve por delante el medioambiente.