SEMANA reveló un ‘carrusel’ de abogados contratados en la Comisión de Acusación que terminaban defendiendo a congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, pero ahora hay nuevos detalles sobre cómo uno de esos juristas proyectó una investigación contra la magistrada Cristina Lombana, la misma que investiga a uno de sus clientes por presuntas irregularidades en el archivo del caso contra el magistrado Francisco Farfán. Se trata del abogado Wilson Andrés Cadena Gómez.
Esta revista accedió al proyecto que el representante a la Cámara Juan Carlos Wills presentó a la Comisión de Acusación para abrir la investigación contra la magistrada Lombana por la queja que le interpuso el ministro del Interior, Armando Benedetti, alegando supuestos abusos y extralimitaciones de la togada.
Lo curioso de este documento es que en la parte inferior izquierda aparece el membrete “Proyecto ACG”, lo que confirmaría que el abogado que tramitó esa queja contra Lombana fue Wilson Andrés Cadena Gómez (ACG), el mismo que apareció en las listas de la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes como uno de los contratistas que apoya las funciones de la Comisión de Acusación.
En ese proyecto para abrir indagación disciplinaria contra Lombana, Cadena detalló: “Benedetti sostiene que la magistrada Lombana Velásquez habría presentado un proyecto de decisión que incluía una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en su contra, el cual, según sus alegaciones, fue retirado antes de ser debatido en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.
Con el proyecto de investigación contra Lombana listo, la apertura de una indagación de la Procuraduría contra el representante Wills por presuntas demoras en este caso y la orden de un juez para avanzar en la denuncia que presentó Benedetti, la Comisión de Acusación inició una investigación contra la magistrada.
El conflicto
Hasta ahí no existiría ningún tipo de conflicto de interés. Pero la madeja se empieza a enredar cuando el representante Wills contrató al abogado Cadena para que lo defendiera en la investigación que el despacho de Lombana abrió en su contra por presuntas irregularidades en el archivo “exprés” del caso contra el magistrado Francisco Farfán, debido a supuestas filtraciones al clan Gnecco, en el proceso por compra de votos que avanza contra el senador José Manuel Gnecco.
SEMANA se contactó con el abogado Cadena Gómez para que explique el presunto conflicto al gestionar investigaciones contra una magistrada que indaga a su cliente, quien además es miembro de la Comisión de Acusación que lo tiene contratado. Aseguró: “Toda mi actuación con la Comisión tiene reserva”.
Este medio también buscó al representante Juan Carlos Wills para conocer su versión del posible conflicto. En tono burlesco, respondió vía WhatsApp: “¿Cuál relación? Ja, ja, ja, es mi abogado, ¿qué más relación puedo tener? No soy gay”.
Un asunto que ha llamado la atención de las autoridades que investigan este carrusel de contratos es que Wilson Andrés Cadena tuvo en el pasado una cercana relación con el abogado Pedro Aguilar.
Han sido dupla en renombrados casos como la defensa de los hermanos Uribe Noguera, por la supuesta destrucción de pruebas en el crimen de Yuliana Samboní; también representaron a Luis Alfonso Hoyos, el asesor espiritual del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, en el conocido proceso del hacker Sepúlveda.
Sobre esa relación, Cadena Gómez reconoció: “Frente a Pedro (Aguilar)... tengo una gran amistad. En el pasado, llevamos temas juntos. Le profeso un gran respeto, admiración y aprecio”.
Lo particular de ese vínculo es que Pedro Aguilar fue el abogado que defendió al exrepresentante Efraín Torres, hijo del empresario Euclides Torres, en el proceso que llevó la magistrada Lombana contra él, Benedetti y la excongresista Tatiana Cabello.
En ese caso se ha tratado de determinar si el entonces senador Benedetti presuntamente favoreció a la empresa Simetric S. A., vinculada a Euclides Torres, mediante la aprobación de una ley que implementó la certificación de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas, exigida para vigilantes y ciudadanos, uno de los negocios de los Torres.
La relación de Armando Benedetti y Euclides Torres es conocida y de vieja data. Además del escándalo y la investigación de Simetric, el ministro también ha reconocido que Torres le financió la compra de una mansión en Pradomar, Atlántico, por la que es investigado.
Adicionalmente, Torres ha sido señalado de financiar campañas políticas, incluso el gigantesco evento de la “P” en Barranquilla, para el lanzamiento de la campaña Petro Presidente.
El abogado Pedro Aguilar también habría resultado favorecido de la investigación proyectada por su exsocio, el abogado Wilson Cadena, en la Comisión de Acusación, pues también apartó a Lombana del proceso contra Efraín Torres.
Con la apertura de esa indagación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema terminó sacando a la togada de ese caso. Así fue como la investigación disciplinaria contra Lombana habría beneficiado tanto a Efraín Torres, cliente del abogado Aguilar, como al ministro del Interior, Armando Benedetti.
Pedro Aguilar explicó que Cadena fue socio de su bufete Aguilar y Asociados hasta el año 2020 y aceptó el poder de Efraín Torres sin “intención” de apartar a Lombana de ese caso.
“Me di cuenta de esta situación por las copias que reposan dentro del expediente 51437, que preceden a la aceptación de la recusación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (...) Mi recusación fue denegada. Y los motivos son totalmente diversos a los planteados por la defensa de Armando Benedetti”, explicó a SEMANA.
Ese hecho dejó a Lombana por fuera de las cinco investigaciones contra Benedetti por presuntos actos de corrupción en la Fiduprevisora; el supuesto favorecimiento a Simetric; el origen del dinero que usó para comprar un lujoso apartamento en Bogotá y la mansión en Puerto Colombia; la presunta corrupción que se habría dado en varias electrificadoras y en el Sena, y la posible compra de votos en La Guajira para las elecciones al Congreso de 2018. Los procesos pasaron al despacho del magistrado César Reyes.
De hecho, el magistrado Héctor Alarcón, integrante de la Sala de Instrucción, advirtió en su salvamento de voto sobre la decisión mayoritaria de sacar a Lombana de las investigaciones contra Benedetti que “deja latente un enorme riesgo frente a la actividad judicial, pues en el futuro, con la sola apertura de una investigación disciplinaria, podría despojarse a cualquier funcionario de un asunto sobre el que realmente se encuentra habilitado”.
Esto impactaría tanto a los magistrados del Consejo de Estado como a los de la Corte Constitucional que investigan elecciones de congresistas o casos del Gobierno.
Desde la Comisión de Disciplina Judicial confirmaron a SEMANA que la seccional Bogotá abrió una indagación preliminar en contra de los abogados Wilson Andrés Cadena, Andrés Garzón y Luis Carlos Torregrosa, a quienes la Sala de Instrucción compulsó copias por el conflicto de interés que estarían provocando sus contratos en la Comisión de Acusación y la representación simultánea de congresistas en la Corte Suprema.