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| 7/22/2017 10:15:00 PM

Colombia y el reto de ir por los territorios olvidados

Esta semana el gobierno lanza los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que deben sacar de la marginalidad a los campesinos de 170 municipios en las próximas dos décadas. ¿Misión posible?

Algunas regiones de Colombia se parecen al Lejano Oeste. Son veredas que por años han vivido bajo la ley de la selva, entre el abandono y la violencia. Se trata de las zonas rurales de 170 municipios donde la pobreza llega al 72 por ciento, casi el doble del resto del país. En el 67 por ciento de ellos el conflicto armado fue intenso y persistente. En el 92 por ciento hay cultivos de coca. Son también algunos de los peores calificados en términos de desempeño de las instituciones, según Planeación Nacional. Es decir, en esos lugares el Estado y la sociedad civil son más débiles; las economías ilícitas permanecen activas y los grupos armados acechan. Por lo tanto, integrar esas regiones a través de la economía legal y la democracia resulta clave para alcanzar una paz realmente estable y evitar que se conviertan en el talón de Aquiles del posconflicto.

Desde las negociaciones de La Habana, el gobierno y las Farc hicieron un mapa de estos municipios y acordaron 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En mayo pasado el presidente firmó el decreto que les da vida, y el complejo proceso de ejecutarlas dependerá de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), a cargo de Mariana Escobar y del ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.

Si estos programas se llevan a cabo tal como están en el papel, serían una revolución, pues se completaría una tarea inconclusa: la construcción del Estado. Es decir, que quienes vivan en estos territorios tengan igualdad en derechos y obligaciones que quienes habitan, por ejemplo, en las ciudades. El fin último de estos programas es también reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades de la periferia, y cerrar así la brecha entre dos países que coexisten en Colombia. Sin embargo, una cosa es lo que hay en el papel y otra la realidad, y por eso los PDET se enfrentarán a enormes obstáculos. Estos son los cinco puntos fuertes de estos programas y sus cinco desafíos.

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Los puntos claves

1 La participación. Por primera vez los campesinos de las veredas definirán el tipo de desarrollo para sus regiones en asambleas. Esto se llevará luego a nivel de municipios y posteriormente a lo regional, a un consejo rector de los programas donde las autoridades locales y los miembros de la sociedad civil tomarán las decisiones por consenso. Este aspecto es crucial para que la gente sienta que está construyendo Estado de la mano de las instituciones, y no que el desarrollo es un asunto solo de tecnócratas que diseñan unas obras en Bogotá. La idea es que las comunidades participen en todos los aspectos del programa.

2 La coincidencia con la apertura democrática. Las 16 zonas de PDET coinciden con las 16 circunscripciones especiales de paz que están haciendo trámite en el Congreso. Eso quiere decir que estas zonas tendrán presencia real en los centros de poder del país y eso puede cambiar completamente su destino hacia el futuro.

3 Son de largo plazo. Los PDET están diseñados para diez años. Aunque para el grado de abandono este tiempo puede ser poco, si se les compara con otros programas del pasado, pensados solo para un periodo, estos tienen una mayor oportunidad de transformar el campo.

4 La integralidad. Estos programas forman parte de la reforma rural integral que se aplicará en todo el país y que implica que todas las instituciones nacionales, regionales y locales se integren en un solo esfuerzo. Además del desarrollo rural, los programas tendrán que articularse con políticas que ya están andando como la restitución y titulación de tierras, la reparación de las víctimas, la sustitución de cultivos, y más adelante incluso la justicia transicional que tendrá alto impacto en estos territorios en materia de sanciones restaurativas.

5 El enfoque territorial de reconciliación. Estos programas no serán homogéneos porque los territorios no lo son. Es probable que cada región adopte prioridades y esquemas de acuerdo con su realidad, bien porque haya por ejemplo comunidades étnicas o presencia de grandes industrias, según el caso. Por eso mismo se convertirán en una gran oportunidad para adelantar el diálogo social y reconstruir las relaciones entre todos los ciudadanos afectados por la guerra.

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Los mayores desafíos

1 La dinámica política. Los PDET se lanzan en plena campaña electoral y en plena disputa por las curules especiales. Se sabe que no solo las Farc sino los partidos tradicionales se están moviendo fuertemente para acercar a organizaciones sociales que puedan competir por esos cupos al Congreso. Es así como los líderes más importantes de estas regiones muy probablemente serán candidatos en estos meses. Eso puede llevar a convertir los PDET, desde antes de que empiecen, en una plataforma politiquera.

2 La falta de plata. La reforma rural integral pactada en La Habana abarcará a todo el país y necesitará 5 billones de pesos anuales por los próximos 20 años. Una parte de estos recursos debería ir para los PDET. Sin embargo, para 2017 estos apenas tienen apropiados 160.000 millones de pesos que escasamente alcanzarán para la fase de diagnóstico participativo y algunas pequeñas obras. El presupuesto del año entrante podría tener más de un billón de pesos si se trasladan dineros de regalías, y se cuenta con que, por ejemplo, ya hay 3.000 kilómetros de vías terciarias con recursos asegurados para todo el país. Ahora, cada programa tendrá su propio presupuesto y su propio techo de inversión, pues no es lo mismo hacer una obra en Montes de María, a dos horas de Cartagena, que en lo profundo del Putumayo, ni es igual la capacidad de sumar recursos de un departamento como Antioquia, a la que puede tener por ejemplo Chocó. En todo caso, cuánto costarán y si se podrán financiar es una pregunta abierta.

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3 El acecho de los ilegales. En algunas regiones estos programas empezarán cuesta arriba en materia de seguridad. Es el caso de Guaviare, donde la disidencia de las Farc no ha dejado de crecer, o como el sur de Córdoba donde hoy el Clan del Golfo tiene incidencia armada y control social sobre la población. Existen zonas como Arauca y Catatumbo con una alta incidencia del ELN. Esa realidad presenta un doble desafío: que los grupos ilegales no terminen haciendo parte de los programas, y que no saboteen su ejecución.

4 La lentitud y complejidad del Estado. Aunque en una década se puede avanzar, esto solo será posible si el Estado actúa eficientemente. Como se vio en el proceso para construir los campamentos para la dejación de armas de las Farc, eso no siempre es así. A ello se suma que los PDET deben articularse con los planes de desarrollo locales, con los de ordenamiento territorial, con planes nacionales como el Plan Pacífico y con los procesos que ya vienen andando en las comunidades de la mano de organizaciones sociales o de la cooperación internacional.

5 El cambio de gobierno. En los meses que quedan del gobierno se diseñarán los PDET en una compleja operación que involucrará a 11.000 veredas, 305 consejos comunitarios afro, 452 resguardos indígenas y 6 zonas de reserva campesina. Habrá unas 5.000 asambleas en las que participarán aproximadamente 250.000 personas. Sin embargo, en términos prácticos, al gobierno de Santos le alcanzará el tiempo solo para dejar medianamente diseñados los PDET, pero su ejecución y financiamiento van a depender del próximo gobierno. Lo peor que podría pasar es que se creen expectativas y luego la confianza de la gente en el Estado reciba un golpe, tal vez definitivo.

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