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| 4/4/2017 12:02:00 PM

1.700 guerrilleros y civiles, a un paso de la libertad

La Secretaría de la JEP ya suscribió 347 actas de compromiso con agentes de Estado y 1.345 con miembros de las FARC. Con este aval, la última palabra la tendrán los jueces ordinarios. Así va la arquitectura institucional de justicia transicional.

Uno de los secretos mejor guardados de las Farc fue revelado por la misma guerrilla este martes. El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, informó que el Secretariado de las Farc entregó formalmente el listado completo de todos sus "hombres y mujeres en armas", ubicados en las zonas de concentración, así como también un listado preliminar de sus milicianos.

Esta será la base de la concesión de beneficios de la justicia transicional, que ya comenzó a funcionar con la concesión de amnistías y libertades condicionales en trámite. De acuerdo con la información suministrada al gobierno, la guerrilla reportó un total de 6.804 hombres y mujeres combatientes en armas y a 1.541 milicianos. 

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"De conformidad con el Acuerdo Final, este listado será sometido a un proceso de revisión y contraste por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para los propósitos de la acreditación y tránsito a la legalidad de estas personas. De igual manera, tal y como lo prevé el Acuerdo Final, las FARC-EP, previa justificación, podrán incluir o excluir a personas de este listado", dice el comunicado.

La revisión de este listado estará a cargo de una comisión conformada por más de 30 personas en las que hacen parte la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia del Estado, la Registraduría, entre otras entidades. El objetivo de la comisión es, principalmente, definir quienes sí pertenecen a las Farc para evitar colados que tendrían interés de entrar a la Justicia Especial para la Paz.

Las cifras entregadas concuerdan con la información que manejaba el gobierno, que en 2014 calculaba una fuerza de 6.700 hombres armados. Sobre los milicianos y colaboradores, la información nunca ha sido precisa, pero en ese entonces se hablaba de unas 9.600 personas, para un total de aproximadamente 15.700 integrantes.

¿Qué sigue para el proceso de paz? Aunque apenas se están acomodando los andamios de la justicia especial que juzgará a los miembros de las FARC, agentes de Estado y terceros civiles involucrados en el marco del conflicto, el exmagistrado Néstor Raúl Correa asumió hace unos meses el timón que lleva a la creación de la nueva institucionalidad que le garantizará a las víctimas de la violencia el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Ocho días después de que en el Congreso se aprobó la conciliación del texto final que dio vida al Tribunal de Paz, el jurista entregó el primer balance de lo que ha venido ocurriendo tras bambalinas y como secretario ejecutivo transitorio de la JEP.

Durante su intervención, Correa detalló cómo viene funcionando oficialmente el modelo de justicia. Se refirió al financiamiento que han tenido para poder funcionar, la arquitectura que se está montando y el trámite que se viene haciendo de las amnistías y permisos de libertad condicional.

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De entrada el exmagistrado aseguró que no está nombrado en propiedad y que la "Secretaría no es la encargada de liberar a nadie". En ese sentido, detalló que las FARC han entregado un listado de 2.102 solicitudes. De los cuales, 1.345 ya suscribieron actas de compromisos para presentarse ante el Tribunal de Paz una vez empiece a funcionar y se revisen uno a uno los casos.

En su gran mayoría, según explicó Correa, corresponden a peticiones que vienen de 20 ciudades del país. Es decir, los miembros de la guerrilla que se encuentran recluidos en 30 centros penitenciarios vienen tramitando su solicitud para recuperar su libertad. Pero la Secretaria, a cargo de Néstor Raúl Correa, no tiene la última palabra. El documento que cada uno de los señalados suscribe a través de su abogado es llevado ante un juez que resuelve si puede o no acceder al beneficio. Posterior a ello, los magistrados de la JEP, una vez entre en funcionamiento, deben ratificar o no que su caso tiene relación con el conflicto; y a esta decisión, le cabe una apelación.

Algo similar ocurre al otro lado del espectro con los miembros de la Fuerza Pública. Hace poco más de ocho días el Ministerio de Defensa entregó un listado de 817 miembros de la institución castrense que se postulan a la Justicia Especial de Paz. De ellos, 347 han suscrito actas de compromiso que apuntan a que no podrán salir del país y que se presentarán al alto tribunal de paz apenas empiece a funcionar la justicia transicional y cada vez que se le requiera. 

Quienes suscriben las actas, tanto para FARC como para agentes de Estado, deben tener delitos de lesa humanidad. Si llevan más de cinco años en centros penitenciarios podrán acceder a su libertad condicional mientras se resuelve su situación jurídica. Si no, tendrán que ser trasladados a guarniciones militares.

En el caso de las FARC, los que lleven menos de un lustro, irán a las zonas veredales de normalización donde actualmente se concentran más de 7.000 miembros de esa guerrilla.

Como ya lo había anunciado Semana.com, el exministro Diego Palacio y los generales Jesús Arias Cabrales y Jaime Uscátegui son los primeros en manifestar su interés en que sus casos sean competencia de la justicia transicional. Su boleto a libertad lo tiene el juez encargado de avalar o no el sometimiento que suscribieron a la Justicia Especial de Paz.

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En el caso de los 21 militares vinculados al caso de los falsos positivos de Soacha, que este lunes fueron condenados a penas entre 37 y 52 años de prisión, el Secretario Ejecutivo transitorio de la JEP manifestó que en la medida que los miembros del Ejército se postulen a justicia especial se evaluará su situación jurídica para ver si pueden o no postularse a los beneficios. Para ello, se ha tomado como precedente un fallo de Corte Suprema de Justicia que señala que los asesinos extrajudiciales sí tienen relación con el conflicto armado.

Cerca de 20 personas actualmente trabajan en la estructuración del alto tribunal que entraría a funcionar a finales del 2017. “Es una forma de dar respuesta rápida a la implementación de uno de los temas más sensibles del acuerdo. Eso ayudará a generar confianza en el proceso y en las autoridades judiciales”, señaló el coordinador residente de las Naciones Unidas, Martín Santiago.

Según informó el exmagistrado, se contrataron los servicios de la “Universidad de los Andes para que realice el diseño de la arquitectura organizacional y presupuestal”. En ese sentido, informó que recibieron un apoyo de 205.000 dólares del gobierno canadiense para su funcionamiento. Además, de los 15.000 millones de pesos más que aportó el Fondo Multidonante y que asegurará su funcionamiento hasta que nazca la entidad que quedará cobijada por el Estado durante los 10 años de funcionamiento y un plazo posterior de cinco años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo que de ser necesario podrá ser prorrogado mediante ley.

El tiempo corre contrarreloj para prender los motores del alto tribunal antes de que se sienta con toda intensidad la puja por la campaña presidencial en el 2018. “Hay un reto, poner en marcha todas las instituciones que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición para que se pueda responder a una serie de expectativas en este proceso de transformación”, manifestó el viceministro de Justicia, Carlos Medina Ramírez.

A poco más de 4.717 millones de dólares asciende la cuantía que ha calculado el Gobierno de lo que costará poner en a andar el Tribunal de Paz. Esto, teniendo en cuenta que hay que disponer de una infraestructura, un diseño de información y conceptualización de la participación de las víctimas en todo lo que dure el proceso. 

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