Colombia necesita aumentar sus estándares de conectividad. El acceso a internet no es un servicio suntuario: es infraestructura básica para estudiar, trabajar, emprender, acceder a servicios financieros, relacionarse con el Estado e innovar. Por eso, es pertinente y necesario que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) actualice la definición regulatoria de banda ancha.
Una definición de banda ancha no debe limitarse a describir pasivamente el estado actual del mercado. También debe cumplir una función de señal: orientar inversiones, elevar expectativas de calidad e incentivar mejores ofertas. El reto está en que esa señal sea ambiciosa sin ser arbitraria, exigente sin ser excluyente y prospectiva sin desconocer las realidades técnicas, económicas y competitivas del país.
La intención es buena. El problema está en la forma, el ritmo, la oportunidad y la proporcionalidad de la propuesta.
Hoy, el estándar regulatorio es de 25 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida. La propuesta de la CRC plantea pasar a 300 Mbps de descarga y 150 Mbps de subida, y fijar la banda ultraancha en 1 Gbps de descarga y 500 Mbps de subida. En términos simples: la velocidad de descarga se multiplicaría por 12 y la de subida por 30. No es un ajuste menor, sino un salto de enorme magnitud.
La pregunta relevante no es si Colombia debe aspirar a mejores velocidades. Por supuesto que sí. Una definición demasiado baja pierde capacidad de orientar la inversión. Pero una definición excesivamente alta, mal sustentada o desconectada de la realidad puede producir el efecto contrario: excluir tecnologías funcionales, encarecer el servicio, debilitar operadores regionales y convertir una herramienta de inclusión en una barrera de acceso.
Si el propio análisis funcional del proyecto regulatorio sugiere que un hogar promedio puede satisfacer sus necesidades con un umbral cercano a 100 Mbps, la decisión de triplicar ese valor y llevarlo a 300 Mbps exige una justificación técnica, económica y regulatoria mucho más contundente. No basta con afirmar que la tecnología y el mercado evolucionan. El debate tampoco se agota en el punto de llegada: también deben justificarse los plazos, los hitos intermedios, la diferenciación territorial y la viabilidad de cumplimiento en mercados con condiciones muy distintas.
El punto más delicado está en la velocidad de subida. La definición vigente conserva una relación de 1 a 5 entre subida y bajada. La propuesta pasa a una relación de 1 a 2, acercando la definición a una lógica de redes simétricas. Ese diseño puede afectar la neutralidad tecnológica. Existen soluciones satelitales, inalámbricas, HFC u otras que pueden cumplir un papel relevante en la expansión del acceso —especialmente donde el despliegue de fibra enfrenta barreras económicas, geográficas y jurídicas—, pero que no fueron diseñadas bajo una lógica simétrica. Una definición que en la práctica favorezca ciertas arquitecturas puede reducir la diversidad tecnológica que Colombia necesita para cerrar brechas.
También se echa de menos un análisis más profundo de competencia. La redefinición de banda ancha puede modificar la forma en que los usuarios comparan ofertas, la percepción de calidad del servicio y las condiciones competitivas entre empresas con distintas tecnologías, escalas y estructuras de costos.
Un operador con red nacional y fibra propia no enfrenta la misma realidad que un operador regional que depende de terceros. Antes de adoptar una medida de esta magnitud, el análisis regulatorio debería preguntarse si la nueva definición puede generar barreras para operadores pequeños y medianos, favorecer determinadas arquitecturas de red, presionar artificialmente la migración tecnológica o reducir la diversidad de prestadores en municipios donde más se necesita.
La oportunidad institucional también importa. Adoptar una regulación estructural de largo plazo durante una transición de gobierno exige especial prudencia. La conectividad, las obligaciones de cobertura, la política de espectro y la promoción de inversión son asuntos que trascienden a un solo regulador y cuyas consecuencias serán ejecutadas en un nuevo contexto de política pública. Una regulación pensada para acelerar la conectividad podría terminar generando efectos contrarios: menor competencia regional, mayores costos de provisión, presión sobre precios y menor capacidad de inversión justo donde más se necesita cerrar la brecha digital.
Esto no significa quedarse en 25/5 Mbps. Ese estándar ya no refleja las necesidades de una economía digital moderna. Pero tampoco parece razonable saltar directamente a 300/150 Mbps sin una demostración más clara de necesidad, proporcionalidad y viabilidad de ese estándar.
Una alternativa más equilibrada sería adoptar una senda gradual hacia 100 Mbps de descarga y 20 Mbps de subida como nueva definición de banda ancha. Ese umbral representaría un salto significativo frente al estándar vigente, enviaría una señal clara al mercado y acercaría a Colombia a referentes internacionales exigentes, preservando al mismo tiempo la neutralidad tecnológica. Las velocidades de 300/150 Mbps podrían promoverse como banda ancha avanzada y el estándar de 1 Gbps reservarse para banda ultraancha. Ese enfoque permitiría empujar al mercado hacia mejores servicios sin confundir el estándar mínimo de inclusión digital con metas superiores de conectividad.
Colombia siempre necesitará más y mejor conectividad. Pero, para lograrlo, la regulación debe construir puentes entre la ambición y la realidad. Una definición de banda ancha debe ser una herramienta para mejorar el servicio y cerrar brechas, no una categoría aspiracional que deje por fuera a quienes todavía necesitan entrar plenamente a la economía digital.