El reciente artículo de Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, en la revista SEMANA, plantea un pacto nacional para la educación superior. Esto es una invitación necesaria en un momento en el que el país enfrenta enormes desafíos en productividad, innovación, inclusión social y competitividad.
Comparto buena parte de los elementos que allí se destacan: ampliar el acceso, mejorar la permanencia, fortalecer la calidad, incorporar tecnología y promover el aprendizaje a lo largo de la vida; pero vale la pena avanzar un paso más. El verdadero debate ya no consiste en definir hacia dónde queremos ir, sino en establecer qué decisiones estamos dispuestos a tomar para llegar allí.
Durante años, hemos coincidido en los diagnósticos; sin embargo, hemos sido menos audaces para transformar las estructuras del sistema educativo. Un pacto nacional debe traducirse en cambios concretos sobre la manera en que se organiza, se financia, se regula y se evalúa la educación terciaria.
Uno de esos cambios pasa por reconocer el papel de la educación virtual. En Colombia todavía persiste la idea de que la virtualidad es una versión disminuida de la educación presencial. No obstante, la educación virtual de calidad no es una alternativa inferior. Es una modalidad distinta, con fortalezas propias, que permite ampliar cobertura, reducir barreras geográficas y ofrecer oportunidades a quienes trabajan, tienen responsabilidades familiares o viven en territorios donde la oferta presencial es limitada. Para miles, esa es la única posibilidad real de acceder a la educación superior.
Ese reconocimiento exige también modernizar la regulación. Los registros calificados y los procesos de aseguramiento de la calidad no pueden seguir trasladando mecánicamente criterios diseñados para programas presenciales. Se trata de evaluar el diseño pedagógico, el acompañamiento académico, la interacción significativa entre estudiantes y profesores, la evaluación efectiva de los aprendizajes, la pertinencia territorial y los resultados.
Existe, además, un segundo cambio que Colombia continúa aplazando: construir una política para la formación técnica laboral y vocacional. La universidad es indispensable, al igual que la investigación, las ciencias y las humanidades, pero Colombia también requiere técnicos altamente calificados, especialistas en oficios modernos y trabajadores preparados para responder a las necesidades concretas de los sectores productivos y de las economías regionales.
Las experiencias de países como Alemania, Suiza, Finlandia o Corea del Sur muestran que una formación técnica y vocacional sólida constituye uno de los pilares del desarrollo económico. Allí una persona puede construir una trayectoria profesional prestigiosa a partir de un oficio, avanzar mediante certificaciones sucesivas, especializarse y alcanzar altos niveles de empleabilidad e ingresos sin que su éxito dependa necesariamente de obtener un título.
Un verdadero pacto educativo debe proponerse ordenar el sistema con mayor claridad. Si queremos que este pacto sea transformador, tenemos que reconocer la educación virtual de calidad como un instrumento estratégico para ampliar oportunidades y consolidar una formación técnica laboral y vocacional robusta, digna y conectada con las necesidades productivas del país.
La reflexión de la rectora Bernal abre esta conversación. Ahora corresponde enriquecerla con propuestas que permitan construir un sistema educativo más flexible, pertinente e incluyente, capaz de responder a las necesidades de los colombianos.