Hay una generación entera que nació bajo el chavismo y aprendió a vivir entre apagones, escasez, miedo y despedidas. Muchos de sus mejores hijos reconstruyeron su vida en Bogotá, Madrid, Miami, Lima o Buenos Aires. La diáspora no le debe un regreso a Venezuela. El Estado sí les debe un país libre, seguro y decente, capaz de respetar el talento que expulsó y de devolverles, si así lo desean, la posibilidad de vivir en su propia tierra.
Este año volvió a hinchar el corazón de muchos venezolanos. La captura de Nicolás Maduro abrió una expectativa de justicia que parecía inalcanzable. Después, los terremotos trajeron un dolor inmenso y, en medio de él, una imagen que merece quedarse: personas que llegaron a los albergues, buscaron sobrevivientes, compartieron lo que tenían y se organizaron desde otros países para ayudar a los suyos. Esa respuesta honra a Venezuela. También deja al descubierto la distancia entre la fuerza de su gente y la fragilidad de las instituciones que debían acompañarla.
Ese vacío tiene responsables políticos. Delcy Rodríguez ejerce la Presidencia interina, su hermano Jorge preside la Asamblea Nacional y Diosdado Cabello dirige el Ministerio del Interior, y conserva influencia sobre los cuerpos de seguridad. Los tres ocupan puestos decisivos dentro de la estructura que aún gobierna el país. Según sobrevivientes, la ayuda oficial tardó 48 horas en llegar a La Guaira. En ese lapso, vecinos, familiares y voluntarios buscaron entre los escombros a quienes amaban.
La emergencia reclama coordinación, recursos y presencia estatal. Ninguna de esas tareas permite a los Rodríguez y a Cabello apropiarse del futuro venezolano. ¿Cuánto tiempo puede seguir una nación bajo autoridades que no han fijado una fecha, unas reglas ni un destino común? ¿Con qué autoridad moral conducirían la reconstrucción quienes hicieron parte del aparato que persiguió, empobreció y expulsó a millones?
María Corina Machado debe poder regresar, recorrer las zonas afectadas y competir en una elección con garantías. La dirigente denunció que el Gobierno interino obstaculizó su retorno durante la emergencia. Esa decisión afecta a todos los venezolanos. Una república no puede estar a merced de funcionarios que deciden qué voces entran al país, quién puede hacer campaña y cuáles alternativas llegan a las urnas.
La hoja de ruta debe anunciarse este año y desembocar en elecciones libres antes de diciembre. Un árbitro electoral confiable, observación internacional, libertad para hacer campaña, liberación de presos políticos y voto efectivo para la diáspora serían condiciones básicas. Junto a ese proceso, la reconstrucción tendrá que desarrollarse con transparencia. Cada recurso de ayuda, contrato y decisión sobre vivienda o infraestructura deberá ser público y susceptible de control ciudadano. Después de tantos años de opacidad, convertir la tragedia en otra oportunidad para repartir poder y dinero entre los mismos de siempre sería una nueva forma de traicionar al país.
Venezuela tendrá que reconciliarse. Allí caben quienes resistieron desde el principio y quienes alguna vez confiaron en Chávez o Maduro. La responsabilidad no es la misma. Muchos ciudadanos creyeron en un proyecto que les prometía protección. A quienes se equivocaron les corresponde la oportunidad de rectificar. Quienes ordenaron crímenes, persiguieron, robaron y desmontaron instituciones merecen todo el peso de la justicia.
La patria ha sobrevivido en su gente, dentro y fuera de sus fronteras. Esa energía, encendida por la esperanza de justicia y por la solidaridad ante la tragedia, no puede diluirse en otra espera. Venezuela tiene la oportunidad de transformar un año de dolor y despertar en el comienzo de una etapa distinta.