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Opinión

  • | 2017/03/18 23:00

    100 días del acuerdo de paz

    La mano artera de las fuerzas que se oponen al acuerdo es evidente. La respuesta del gobierno también es la misma a la de hace 30 años. El ministro de Defensa, repite una y otra vez que no hay nada sistemático en los asesinatos.

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En la Fundación Paz y Reconciliación le hicimos un seguimiento paso a paso a lo que ocurrió en los primeros 100 días del acuerdo de paz. El balance es dulce, muy dulce, en puntos esenciales como el respeto de la fuerza pública y la guerrilla al cese bilateral y definitivo de las hostilidades; la concentración de las Farc y el inicio del desarme; la disminución ostensible de las confrontaciones bélicas, los homicidios, los secuestros y los desplazamientos forzados; también por los mensajes de reconciliación que empiezan a florecer en todo el país.

Pero es agrio, muy agrio, por el incumplimiento del gobierno en la adecuación oportuna de las zonas veredales de transición y normalización; la creciente ocupación de los territorios donde operaban las Farc por otras fuerzas ilegales y la persistencia de los cultivos ilícitos en esos lugares; el asesinato de 29 líderes sociales ligados a la paz y la ocurrencia de 116 amenazas; los ires y venires que se presentaron en la salida de los menores de edad de las filas guerrilleras; las disidencias o deserciones que se han presentado en algunas zonas; la lentitud y las controversias con las que el gobierno y el Congreso están tramitando las leyes y decretos que pondrán en marcha el pacto suscrito en el Teatro Colón; la solapada estrategia del uribismo contra los acuerdos; y la indiferencia de una parte de la sociedad ante la terminación de una dolorosa guerra que duró 52 años.

El acontecimiento mayor de estos 100 días ha sido el compromiso de la fuerza pública y de las Farc con el cese bilateral y definitivo de las hostilidades y el respeto y la protección al proceso de concentración de la guerrilla. El país le debe un homenaje a esta actitud. Solo se ha presentado un confuso incidente en el sur de Bolívar donde murieron dos miembros de las Farc. No ha sido lo habitual en Colombia. Acá las muertes y las agresiones entre las fuerzas combatientes han sido numerosas en anteriores procesos de paz. Es lo que ha ocurrido también en las treguas y en las transiciones en otros países, en los últimos años.

El lunar, el espantoso lunar, del inicio de la paz, ha sido el asesinato de 29 líderes sociales después de la firma del acuerdo. Era una racha que venía de atrás, en 2016 la cifra ascendió a 93. Aquí sí no hay diferencia con el pasado. Esta agresión se parece demasiado a la que sufrió la Unión Patriótica. En un acto de cobardía las elites locales asociadas con ilegales, muchas veces con la complicidad de agentes del Estado, amenazan y atacan a civiles indefensos que reclaman sus derechos o se destacan en labores políticas y sociales, personas asociadas a los esfuerzos de paz. La mano artera de las fuerzas que se oponen al acuerdo es evidente. Así fue antes y así es ahora. La respuesta del gobierno también es la misma a la de hace 30 años. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, repite una y otra vez que no hay nada sistemático, que son casos aislados y un día dice que son líos personales de los asesinados y otro día dice que es la guerrilla del ELN.

Nunca esperamos que la implementación de los acuerdos funcionara como un relojito, pero la forma como arrancó el proceso es lamentable. Al corte de los 100 días, ninguna de las zonas veredales estaba plenamente adecuada y en la mayoría solo se registran algunos avances. La definición de las zonas se había hecho en junio de 2015, pero la designación del gerente se hizo en diciembre y la contratación de cinco empresas –sin las calificaciones mínimas para emprender la tarea, según lo demostró el periodista Mario Villalobos en Red Más Noticias- encargadas de la adecuación y los suministros se hizo en enero. Es una improvisación e irresponsabilidad inexplicable del alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, encargado del asunto.

Tampoco esperábamos una elaboración y un trámite fácil de las leyes . Pero el atraso es alarmante. De un universo de 27 leyes requeridas mediante el procedimiento rápido solo se han presentado 8 y se han aprobado 3. Ninguna de ellas sobre el punto agrario y la reforma política tan importantes en el tratado suscrito. Así terminaron las sesiones extraordinarias del Congreso. Ahora vienen las ordinarias donde la agenda se complicará con las iniciativas propias de los parlamentarios.

Entre tanto el uribismo afila sus cuchillos para echar atrás el acuerdo en 2018. Mueve a retirados de las Fuerzas Militares y empresarios contra puntos vitales del acuerdo como la justicia especial para la paz y las transformaciones agrarias. Juega doble en el Congreso participando en los debates y retirándose a la hora de las votaciones.

La documentación de estas afirmaciones está en un extenso informe que les entregaremos al gobierno y a las Farc. Allí está la conclusión de que es necesario y urgente un reajuste del proceso: darle todo el poder y todos los recursos a Óscar Naranjo, vicepresidente entrante, para que pueda coordinar al gabinete del posconflicto y a los gobernadores y alcaldes; convocar a un nuevo pacto entre las fuerzas políticas afines a la paz para acelerar la labor legislativa; y generar un gran movimiento desde la sociedad civil para apoyar la implementación de los acuerdos.

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