En una entrevista para el diario El Tiempo, la periodista María Isabel Rueda le hizo una pregunta al CEO de Atlas Intel, Andrei Roman. “Mirando el último tracking de Atlas Intel, Iván Cepeda pasaría a segunda vuelta, como dicen todas las encuestadoras; pero según ustedes, Abelardo sería su competencia. ¿Afectaría mucho la credibilidad de Atlas Intel si llega a ser Paloma, y no Abelardo, la que llegue a segunda vuelta a competir contra Cepeda?”.
La respuesta de Román es corta, pero contundente: “Sí, evidentemente la afectaría. Pero eso no va a pasar”.
En la última encuesta de Atlas Intel para SEMANA, publicada hace unos días, Abelardo de la Espriella se consolidó como el candidato de la oposición para enfrentar a Iván Cepeda en ese escenario. Según esa medición, De la Espriella (32,9 %) ya dobló en intención de voto a Paloma Valencia (16,7 %) y está a pocos puntos del puntero, Iván Cepeda, quien ganaría la primera vuelta con el 37,6 %.
Luego están Sergio Fajardo (4,9 %), Claudia López (3,5 %), Santiago Botero (0,4 %), Carlos Caicedo (0,3 %), Gustavo Matamoros (0,1 %), Mauricio Lizcano (0,1 %), Roy Barreras (0,1 %), Miguel Uribe Londoño (0 %), Luis Gilberto Murillo (0 %), Sondra Macollins (0 %) y el voto en blanco (3,2 %).
En la entrevista del diario El Tiempo, Roman reflexionó con María Isabel Rueda sobre cómo una empresa encuestadora tiene cimentada su credibilidad en la capacidad que tenga de acertar con los resultados electorales. Sin embargo, advierte que ese control debe darse por parte de quienes las contratan y no de organismos estatales como la comisión técnica del Consejo Nacional Electoral, que ha generado controversia por las exigencias que le ha hecho a esas compañías y que ya dejaron por fuera del juego a la firma GAD3, que prefirió retirarse.
“Desde mi punto de vista, es algo que debería decidirse en términos de una competencia en un libre mercado. Si las empresas no logran buenos resultados, deberían ser penalizadas por la opinión pública y por sus contratantes; empresas que tengan un mal desempeño deberían perder espacio, prestigio y simplemente no poder mantener sus clientes y su influencia en los medios. No veo absolutamente necesaria la intervención de una comisión o de un consejo electoral para garantizar eso. Por esa razón, en la gran mayoría de países democráticos esto no sucede”, dijo Roman.
El encuestador se refirió a la polémica que ha desatado la nueva ley de encuestas, 2494 de 2025. Rueda le preguntó si había dejado tan duras las condiciones como para que hoy hacer su trabajo fuera una “misión imposible”.
“No tengo derecho de criticar la ley; mi obligación es respetarla. En Atlas Intel estamos completamente atentos a los diversos requerimientos de la legislación. Al mismo tiempo, necesitamos hacer un buen trabajo que honre nuestra trayectoria, que es de excelencia y precisión en encuestas electorales. Entonces, estamos siempre buscando cómo reconciliar las dos cosas: respetar la ley y hacer un trabajo metodológico impecable”, aseguró.
Roman aclaró que lo que hay es “puntos de vista diversos sobre metodología; por eso tenemos divergencias con algunos miembros de la comisión técnica de encuestas del Consejo Nacional Electoral, que estamos esperando discutir. Y a partir de ahí encontrar soluciones que sean pragmáticas y, siempre respetando la legislación, mejorar la calidad de las encuestas”.
La periodista le pregunta por las investigaciones que tiene la Comisión Nacional Electoral a varias encuestadoras, incluida la que él dirige. Y lo cuestiona sobre si el problema es que la ley quedó con condiciones muy “estrictas”.
Roman contestó que el “problema no es que sea o no estricta. Pienso que la legislación, de hecho, no logra avanzar en su propósito, que es mejorar la calidad de las encuestas. Si fuera así, no se habrían presentado los errores tan grandes que ocurrieron, por ejemplo, en las consultas de este año. Pero veo con preocupación que el abordaje de la ley fue demasiado rígido y también un poco ambiguo”, dijo.
“Le deja a la comisión técnica de encuestas del Consejo Nacional Electoral un espacio muy amplio de actuación. Y por eso ella asumió un papel que quizás los legisladores no tenían inicialmente planeado. También creo que la ley tiene puntos inconstitucionales, porque hay una restricción sobre publicación de encuestas en términos de cronograma, que es básicamente una censura sobre la información que debería llegar a los ciudadanos. Pero es la ley, y mientras la Corte Constitucional no diga otra cosa, hay que respetarla”, concluyó.