La situación del sector eléctrico es crítica. De acuerdo con El libro de la verdad, el corte de cuentas del Gobierno de Abelardo De La Espriella, el país pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 por ciento en 2022 a un déficit del 4,4 por ciento en 2026, en momentos en que se acerca el fenómeno de El Niño. De 4.475 megavatios (MW) de nueva generación esperados para 2026, solo ha entrado en operación el 15,5 por ciento. Además, cerca del 60 por ciento de los proyectos de transmisión presentan atrasos y solo entre abril y julio de 2026 se registraron 216 desconexiones por sobrecarga. “La vulnerabilidad del sistema aumentó de forma significativa”, advirtió la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda.
A esta situación eléctrica se suman dos desafíos urgentes. Uno, el abastecimiento de gas natural, combustible en el que Colombia era autosuficiente, pero, con la pérdida de su soberanía energética, ya las importaciones de gas ascienden al 30 por ciento de la demanda nacional. Y dos, la crítica situación de Air-e, la distribuidora de energía que atiende a los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena —intervenida por el Gobierno anterior—, en una profunda crisis financiera, con deudas con el sector que sobrepasan los 3 billones de pesos, generando así un riesgo sistémico.
A los fantasmas del apagón de los noventa, que volvieron a aparecer con el anuncio del fenómeno de El Niño y el complejo panorama, se agregó un nuevo ingrediente. Ya en el ocaso de la administración Petro, las termoeléctricas interpusieron dos demandas contra Colombia por decisiones de ese Gobierno que están afectando la sostenibilidad financiera de estas generadoras y poniendo en riesgo el sistema.
En diálogo con SEMANA, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio que agrupa a las térmicas, explicó que las demandas se originaron hace cerca de dos años, cuando el Gobierno Petro decidió intervenir a Air-e.
Con la intervención, el manejo de la compañía quedó en manos del Ejecutivo, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios publicó una circular comunicándoles a los generadores, particularmente a los térmicos, que, así no se les pague por la energía suministrada, no pueden negarse a entregarla.
Según Castañeda, eso va contra la regulación del sector y puso como ejemplo la situación de un usuario al que, por no pagar la energía, le cortan el servicio. “Si una empresa no le paga al resto de compañías que le proveen energía, también le cortan el servicio, lo que se llama una limitación de suministro”.
El Gobierno decidió no aplicar la limitación de suministro a las empresas intervenidas y con eso comenzó lo que Castañeda llamó “el desangre” para las térmicas.
Las demandas se hicieron al amparo del acuerdo de protección a la inversión que rige entre Colombia y España, pues las casas matrices de las termoeléctricas están ubicadas en ese país ibérico. Y se presentaron ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), institución que forma parte del Grupo del Banco Mundial.
La primera demanda está en cabeza de TPL Energía, Termocandelaria Power, basada en España y dueña de Tebsa y Termocandelaria, generadoras que suman más de 1.400 MW. Se presentó en abril de este año y sus pretensiones ascienden a unos 200 millones de dólares.
La segunda fue de Glenfarne, que tiene tres empresas de generación térmica: Termoflores, Termovalle y Termonorte, también basada en España. Esta demanda se acerca a los 140 millones de dólares, pero, como explicó Castañeda, los valores van en aumento.
“Ese desangre nos tiene ad portas de una situación muy compleja a todos los generadores, particularmente a los térmicos, porque ya Air-e está dejando de pagar mensualmente 380.000 millones de pesos. Eso fue lo que dejó de pagar en julio y estamos esperando el golpe de agosto, que debe ser algo similar. Esto tiene a las compañías contra las cuerdas”, agregó Castañeda.
El dirigente gremial aseveró que el Estado colombiano falló porque tomó una decisión que va contra la misma regulación. “Se trata de una circular, que ni siquiera es una resolución ni un decreto ni una ley, que le ordena a XM, el administrador del mercado, que no puede cortar ni aplicar la limitación de suministro a empresas intervenidas. Y obviamente de ahí se derivan los efectos”.
Esos efectos se reflejan en una deuda que ha venido creciendo desde septiembre de 2024. El corte a agosto, según Andeg, revela deudas cercanas a 3,5 billones de pesos de Air-e con todo el sector eléctrico, pero solo a las térmicas les está debiendo entre 2,2 y 2,3 billones.
Como señaló Alejandro Linares, expresidente de la Corte Constitucional y socio de Pérez-Llorca Colombia, en un reciente artículo en Dinero, “la lección se repite: el daño antijurídico se produjo en la gestión administrativa y regulatoria de la crisis, y la factura llega por la vía del arbitraje de inversión”.
Para los térmicos, el flujo de caja es crucial para la adquisición del gas que enciende sus plantas. “La compra de combustibles para prender las térmicas de un mes equivale, más o menos, a 1,5 billones de pesos; es decir, ya vamos un mes y medio sin caja para comprar combustibles”, sostuvo Castañeda.
Las térmicas han logrado capotear esta situación apalancándose en el sistema financiero con endeudamiento. Sin embargo, hubo un momento crítico cuando, finalizando el primer semestre de este año, el entonces presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e.
Y los bancos, como explicó gráficamente Castañeda, “cortaron el chorro”. ¿Por qué? “Porque no pueden seguir soltando plata si el Gobierno va a entrar a liquidar una compañía. Si Air-e entraba en liquidación sin haber pagado las deudas, básicamente eso era un desfalco de acreedores. Era una señal terrible y nefasta y por eso los bancos recogieron sus tiendas. Después al Gobierno le tocó recular”.
¿La situación de las térmicas es un déjà vu de lo que sucedió en su momento con Electricaribe? Para el presidente de Andeg, aunque la situación se parece, es distinta. Gas Natural Fenosa en ese momento era dueña de Electricaribe, que interpuso una demanda por la intervención a causa de incumplimientos en indicadores de gestión y financieros que la pusieron en riesgo.
Pero la compañía pasó a liquidación y Gas Natural perdió el activo. Demandó a Colombia ante el Ciadi, con unas pretensiones cercanas a los 1.600 millones de dólares, pero el tribunal le dio la razón al Estado colombiano.
“En este punto faltaría una demanda por la intervención del Gobierno Petro a Air-e. Todavía los accionistas no han tomado ninguna acción”, señaló Castañeda.
El caso con el Gobierno De La Espriella
Las demandas de las térmicas se dieron por las decisiones del Gobierno Petro, pero una cosa fue esa administración y otra la de De La Espriella, en especial porque una de las prioridades que anunció el nuevo mandatario fue atender la crisis energética.
De hecho, el Gobierno nacional anunció un paquete de 1,5 billones de pesos para garantizar la operación de las plantas térmicas y blindar el sistema eléctrico del país frente a los riesgos del fenómeno de El Niño.
“Los accionistas deben tomar decisiones para proteger sus activos; sin embargo, obviamente, con este Gobierno hay una diferencia grande en términos de manejo, de diálogo y de acuerdo hasta el momento. Puso sobre la mesa 1,5 billones de pesos para parar el desangre y ya después mirar cómo se paga la deuda, porque claramente el Estado colombiano es responsable, así no sea este Gobierno, de una mala decisión tomada en el pasado. Ese desangre es lo que nos puede llevar a un apagón, no por la falta de energía, sino por la falta de caja para poder comprar combustibles”, indicó Castañeda. Frente al fenómeno de El Niño, añadió, quien va a dar el respaldo para que el país no se apague son los térmicos.
Para él, la demanda sigue vigente, pues no hay un reconocimiento todavía, pero resaltó que, cuando el Gobierno se siente con los agentes y llegue a un acuerdo, es posible que esta se retire.
En este momento existen solicitudes de demanda, pero los tribunales no se han conformado. Sin embargo, en relación con los casos de arbitraje de inversión, la estrategia del Gobierno va encaminada a explorar fórmulas de arreglo directo con los inversionistas en los casos en los que proceda. ¿Prosperará?