Air-e, una de las empresas de energía de la costa Caribe de Colombia, fue una de las más afectadas por las intervenciones del gobierno del presidente Gustavo Petro, con pérdidas acumuladas de 2,5 billones de pesos, un patrimonio negativo de 377.000 millones de pesos.
Desde el momento en que Edwin Palma llegó como interventor (luego fue nombrado ministro de Minas y Energía), las cifras de Air-e se pusieron en rojo, al punto que ya hay investigaciones penales y disciplinarias en curso.
Ahora, en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, la puja por la interventoría de Air-e está al rojo vivo. La empresa es objeto de una intensa disputa por su control.
Según fuentes consultadas por SEMANA, Palma tendría una carta para mantener esa influencia en Air-e. Ramiro Castilla, dirigente cercano al sindicato Sintraelecol, quien trabajó durante la intervención y fue ascendido a la Vicepresidencia Comercial, uno de los cargos más importantes de la empresa.
Castilla estaría haciendo lobby para ser nombrado interventor en el gobierno de De La Espriella y presuntamente contaría con el respaldo de Tania Peñaranda, quinta interventora de Air-e, cercana a Palma y con amplio relacionamiento en Barranquilla.
Durante la intervención del Gobierno Petro, Air-e ha tenido seis interventores y ha suscrito contratos multimillonarios, varios de ellos cuestionados por presuntas irregularidades.
En ese periodo, el exministro Edwin Palma mantuvo una fuerte influencia sobre la compañía y, presuntamente, sobre algunos de los interventores que lo sucedieron en el cargo.