Cerca de 29,7 millones de colombianos, casi el 57 % de la población asegurada, están afiliados hoy a una de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que intervino el gobierno Petro, por medio de la Superintendencia de Salud. La Nueva EPS está incluida dentro de ese listado como una de las más grandes del país, con casi 12 millones de afiliados.
Esas cifras fueron reveladas por la Contraloría General de la República en su más reciente informe sobre el estado financiero de las EPS en Colombia, el cual refleja un panorama preocupante para los casi 30 millones de colombianos que se encuentran afiliados a esas entidades intervenidas.
El ente de control fiscal reveló que uno de los hallazgos más importantes de esta auditoría está relacionado con el aumento disparado que tuvo la deuda total con el sistema de hospitales, clínicas y proveedores, que pasó de 45,8 billones de pesos en 2024 a 58,6 billones el año pasado. Eso representa un aumento del 26 % en tan solo un año.
Lo más grave del asunto es que de esos 58,6 billones de pesos que hay actualmente en deuda con el sistema de salud, al menos el 82 %, es decir, 47 billones de pesos, estaría en mora y correspondería directamente a las mismas EPS intervenidas por el entonces presidente Gustavo Petro.
El informe de la Contraloría también reveló que la crisis en el sistema de salud ha dejado pérdidas generalizadas por el cierre de 17 de 26 EPS que estaban en operación; esas decisiones se tomaron por las pérdidas operacionales de casi 6 billones de pesos en 2025. Los casos más extremos son Coosalud (-2,3 billones de pesos) y Sanitas (-1,6 billones de pesos).
Otro de los datos más impactantes que se expuso en ese informe de gestión financiera tiene relación con el incumplimiento normativo que hay en el sistema: tan solo 4 de las 26 EPS que funcionaban en Colombia cumplen con condiciones financieras, específicamente Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía, que concentran apenas el 1,2 % de los afiliados.
Los hallazgos también se centraron en los vacíos de información que existirían en ciertas EPS; por ejemplo, en la Nueva EPS, según la Contraloría, no encontraron reportes de sistemas financieros certificados para el 2025, lo que fue calificado como una “limitación relevante” frente a la evaluación de la entidad que cubre a casi 12 millones de afiliados, la quinta parte del país.
El ente de control también explicó que dentro de la auditoría fue detectada una siniestralidad crítica, con un promedio del 110 %, lo que deja a las EPS gastando más en atención de lo que reciben por la Unidad de Pago por Capitación, el valor que se paga por cada afiliado al sistema.
La Contraloría concluyó que las medidas de intervención administrativa implementadas por la Superintendencia Nacional de Salud han generado a las EPS un “deterioro crítico” que agudiza los problemas estructurales que motivaron las mismas intervenciones. Sin embargo, estas decisiones no han permitido superar esa tendencia compleja que hoy atraviesa el sistema de salud de Colombia.