225 millones de euros son los ingresos que podría alcanzar la Casa de la Moneda de Portugal por el convenio que firmó con la Cancillería y la Imprenta Nacional para poner en marcha el nuevo modelo de pasaportes que impulsó el gobierno Petro, lo que generó duras tensiones y dejó a varios funcionarios por fuera del Ejecutivo.
Ese millonario valor es una de las principales preocupaciones de la Contraloría General de la República frente al convenio, que quedó con una vigencia de 10 años. Las cifras, para 2026, dejan un acuerdo que garantiza a la empresa portuguesa ingresos por 25,5 millones de euros: 3 millones de euros por personalización y 22,5 millones de euros por suministro.
Esta situación llevó a la Contraloría a emitir una advertencia especial por los riesgos fiscales, financieros y operativos que aparecieron con el nuevo modelo de producción y personalización de pasaportes en Colombia.
El hallazgo sobre el riesgo financiero que podría representar el nuevo modelo, según el ente de control fiscal, se da por las variaciones de los costos introducidas en un lapso de apenas un mes, lo que podría afectar las proyecciones financieras de su implementación e “incrementan exponencialmente el nivel de riesgo asociado a la confiabilidad”, dice el documento.
Un punto que ha llamado la atención tiene relación con la denominada transferencia de conocimiento y tecnología detrás del convenio, pues los equipos y el soporte de la Casa de la Moneda de Portugal aparecen como donación. Sin embargo, para la Contraloría podría existir una amortización del costo de esos servicios dentro del precio que Colombia paga por los 10 años de contrato.
El documento firmado por el excontralor Carlos Hernán Rodríguez advierte: “Evidencia un desfase comercial en las condiciones de la transferencia tecnológica, toda vez que el volumen de compra mínimo asegurado y el mantenimiento invariable de las tarifas en euros permiten inferir que la transferencia de equipos y soporte técnico, pactada bajo la figura de donación por parte de la Incm de Portugal, no representa una transferencia gratuita, al encontrarse condicionada a la adquisición obligatoria de un volumen mínimo de libretas bajo tarifas fijas en euros durante los 10 años de vigencia del convenio”.
Otro punto clave dentro de ese documento tiene relación con la estructura actual del negocio, que no evidenciaría un margen de utilidad para la Imprenta Nacional. Esto significaría que el precio por el que vende los documentos al Fondo Rotatorio de la Cancillería sería igual al costo de producción, pero la Imprenta asumiría los riesgos de producción.
La Contraloría lanzó esta advertencia por el impacto que podría causar en los intereses patrimoniales públicos, la ciudadanía y las finanzas, pero lo más grave es que podría generar traumatismos en la producción y expedición de pasaportes en Colombia.