La exfiscal Lucy Laborde, quien estaba a cargo de llevar a juicio a Nicolás Petro hasta su estrepitósa salida de la Fiscalía, radicó una denuncia contra quien fue su jefe, la fiscal general Luz Adriana Camargo, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por una serie de irregularidades que rodean el caso del hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.
SEMANA accedió al documento completo que Laborde radicó ante el Congreso de la República alertando filtraciones de información reservada, injerencia de la Presidencia de la República y hasta ‘jugaditas’ frente al otro proceso contra Petro Burgos por el caso de la fundación Fucoso.
Aunque la denuncia va en contra de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, la exfiscal Lucy Laborde le pidió al Comisión de Acusación que compulse copias ante la autoridad competente para que investigue a Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la entidad, y el abogado Alejandro Carranza, quien defiende los intereses del hijo del exmandatario.
El documento en poder de esta revista revela que después de recibir el proceso contra Nicolás Petro, la entonces fiscal Lucy Laborde recibió al abogado Ricardo Gaviria, quien lo defendió antes de la llegada de Carranza, para proponer una terminación anticipada del proceso retirando el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito para dejar el delito de estafa. Esa propuesta fue rechaza por la Fiscalía.
Pero Laborde narró una explosiva situación: “El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez que llevó esa propuesta manifestó que lo “socializaría con Presidencia” y, posteriormente, me informó que “en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos”.
Sus declaraciones dejan sobre la mesa la posible injerencia de la Presidencia de la República en el proceso penal que en ese momento avanzaba contra el hijo mayor del mandatario. De hecho, la denuncia advierte una “injerencia externa e indebida en la definición de una actuación penal”.
“Amedrentaron a una fiscal valiente y honesta porque no quiso agachar la cabeza y manipular el caso. Lucy Laborde relata la trama entre la fiscal General y la presidencia de Petro para hundirla, salvar al corrupto Nicolás y a su papá”: @saludhernandezm pic.twitter.com/ZlrNnDERYG
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 24, 2026
La exfuncionaria de la Fiscalía también volvió a relatar la reunión que habría sostenido el pasado 5 de septiembre de 2024, encuentro revelado por SEMANA en su pasada edición impresa, con la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien le habría sugerido que le quitará a Petro Burgos el delito de lavado de activos y solo dejara el enriquecimiento ilícito.
En esa reunión aparece mencionada la fiscal delegada para las Finanzas Crimianles, Liliana Trujillo, como la mujer que le habría advertido a la fiscal Camargo que si el proceso seguía con el lavado de activos, el hijo del presidente podría terminar en la Lista Ofac, popularmente conocida como Lista Clinton.
Pero la denuncia dejó un dato desconocido: “En la reunión se mencionó que estaría pendiente por imputar a Nicolás Petro Burgos por los delitos correspondientes a la contratación con la fundación FUCOSO, la señora Fiscal General manifestó a la Dra. Aura Liliana Trujillo que investigara esos hechos a fin de establecer si por medio de esa fundación (FUCOSO) se habrían ingresado los $15.000 millones que se mencionaban habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022”.

Según Laborde, al finalizar la reunión la fiscal Luz Adriana Camargo le pidió a la fiscal Alexandra Ladino que se encargara de verificar ese proceso en que el hijo del presidente también terminó ante la justicia por el caso de la fundación Fucoso.
La exfiscal que llevaba el juicio contra Nicolás Petro ratificó en su denuncia que “me negué de manera expresa a moficiar la calificación jurídica”, ante la supuesta petición de la fiscal Camargo de eliminar el delito de lavado de activos.
Laborde también le contó a la Comisión de Acusación que tras esa negativa comenzó el desmantelamiento de su despacho con su traslado a la ciudad de Barranquilla, la salida de varios investigadores y las capturas de Víctor Forero y Juan Camilo López, los dos detectives claves detrás del proceso contra el exdiputado del Atlántico.
Para la fiscal Laborde esas capturas de los investigadores fueron calificados como “retaliación y como medio para dañar el proceso”.
En su denuncia también relato que en medio de esa situación, el abogado Alejandro Carranza, defensa de Nicolás Petro, accedió a radicados nuevas que ella abría contra otras personas que eran conocidos por el jurista. Lo que alertó como un “acceso irregular al sistema de SPOA de la Fiscalía”.
#Nación | Lucy Laborde revela las amenazas por el caso Nicolás Petro: “Para pedir un domicilio, debía hacerlo desde otra ciudad y a otro nombre”https://t.co/5aqz5WS6C7
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 23, 2026
Por esas presuntas irregularidades ordenó una auditoria al SPOA que dejó al descubierto la forma en que funcionarios de la Policía habrían accedido a esos radicados. Desde ese momento tuvo que radicar las solicitudes de manera manual.
El documento que ya fue radicado ante la Cámara de Representantes también alertó que la fiscal Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales, fue la responsable de impulsar el nombramiento de un fiscal de apoyo para su despacho, pese a que no había solicitado dicha ayuda.
Así fue como le asignaron a la fiscal “María Isabel” para que asistiera a una serie de audiencias, pero tras la audiencia de imputación por el delito de peculado por el caso Fucoso, Laborde aseguró que “la nueva directora de lavado de activos Dra. Sandra Liliana Mesa Agudelo, asignó de manera abrupta, sin solicitarla la misma fiscal de apoyo, quien llegó a la cidad de Barranquilla sin previo aviso”.
Lucy Laborde cerró la denuncia afirmando que la retaliación en su contra culminó el pasado 16 de julio de 2026, cuando la desvincularon de la entidad al postular su cargo a un concurso de méritos “perse a que no reunía los requisitos que la propia Fiscalía fijó en la circular”.
