El teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna fueron vinculados a un proceso penal por presuntamente vender información militar al Clan del Golfo.
En la imputación de cargos, la Fiscalía General señaló que estos militares habrían filtrado y vendido información reservada sobre operativos militares y ubicación de las tropas en las zonas donde delinquía esta banda criminal.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial señaló que los hechos materia de investigación se presentaron cuando los militares estaban vinculados al Batallón de Rifles de Caucasia, Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva No. 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’, en el sur del departamento del Bolívar.
En la imputación se pusieron de presente los pagos que habrían recibido los militares por parte de integrantes de la banda criminal por su “gestión” en la filtración de la información militar.
En este sentido, se señaló que una mujer identificada como Teresa Jaramillo Giraldo, conocida con el alias de La Tía, fue la persona que realizó las transacciones a las cuentas bancarias.
Los hechos se presentaron entre enero de 2022 y febrero de 2024.
La Fiscalía judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, como posibles responsables de recibir dinero de una estructura del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia a cambio de revelar información… pic.twitter.com/efOaHtRJz4
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 25, 2026
La organización criminal se habría aliado con otros militares en retiro que también se prestaron para mover dinero a cambio de información.
En enero de 2022, un militar retirado les envió un millón de pesos como parte del acuerdo por informar sobre los desplazamientos de un grupo militar al municipio de Ayapel, Córdoba.
Esta información era utilizada por la banda criminal para realizar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública. Así como la planeación de movimientos de los campamentos.
En medio de la audiencia, el sargento segundo Jaime Alejandro Sicacha López aceptó los cargos imputados de concierto para delinquir agravado, cohecho propio (recibimiento de sobornos) y revelación de secreto, este último agravado.
El juez de control de garantías avaló la petición hecha por la fiscal y le otorgó al sargento segundo la detención domiciliaria.
En el caso del teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y el sargento José Edier Henao Luna, se ordenó su envío a un centro carcelario.