Agua con heces fecales de animales de corrales, EPS contraídas sin actividad y el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en riesgo fue el crítico panorama que se encontraron los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional que adelantaron una inspección judicial en La Guajira para verificar las condiciones en las que se garantizan derechos fundamentales sobre el agua potable, la salud y la alimentación.
Una de las diligencias se llevó a cabo en el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu, la comunidad de Romonero, en Riohacha, y quienes habitan en los corregimientos de Jojocinto y Carrizal, en el municipio de Uribia.
Justo en esa última zona, los magistrados auxiliares que adelantaron la inspección fueron testigos de que la comunidad toma agua de un reservorio que presenta signos evidentes de contaminación: posible presencia de heces fecales de animales de corral y microalgas que dejan el líquido con una coloración verdosa.
Esa situación fue conocida de primera mano por el magistrado Hugo Escobar, quien lideró dicha diligencia, por el profesor universitario Issac Manuel Romero, encargado de evaluar la calidad del agua, y la viceministra de Agua Mónica Saldarriaga, funcionaria del gobierno de De La Espriella que acompañó a la comisión.
La Corte Constitucional confirmó que, frente a esta compleja situación que viven las comunidades en La Guajira para acceder a agua potable, la viceministra Saldarriaga propuso algunas soluciones inmediatas que quedaron documentadas en audio y video. Ahora se espera la ejecución de esas iniciativas.
Los problemas en salud
Por otra parte, el magistrado auxiliar Sebastián Rubiano Groot estuvo al frente del equipo técnico en el que asistió Iliana Curiel, profesora de la Universidad de La Guajira, quienes evaluaron las condiciones de la prestación del servicio de salud y el acceso de niñas y niños wayuu a ese derecho.
Pero en esa visita las comunidades terminaron manifestando serias dificultades que enfrentan para desplazarse a los centros de salud por condiciones de movilidad en la región, en particular, la falta de vías en buen estado, situación que se agrava en temporada de lluvias y dificulta el acceso a servicios esenciales y de urgencias.
Lo más grave del asunto es que las comunidades advirtieron que no tienen centros de salud cercanos a los lugares donde habitan, pues en varios casos existe infraestructura, pero no hay recursos ni personal para ponerla en funcionamiento. Esta situación estaría golpeando directamente el derecho a la salud de las comunidades indígenas.
Alimentación escolar en alerta
La magistrada Carolina Murillo, quien fue otra de las integrantes de la Corte que participó en esta inspección, estuvo a cargo de verificar los lugares donde se almacena y prepara alimentos, y la odisea que tienen que atravesar las comunidades para conseguir el agua que usan para cocinar.
En ese recorrido, las comunidades manifestaron serias dificultades sobre la cantidad y suficiencia de los alimentos, y el obstáculo relacionado con la caracterización de los niños y niñas a las instituciones educativas que pueden recibir este servicio a través de programas como el Modelo de Atención Integral (MAI) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Sin embargo, en las visitas que se realizaron al municipio de Uribia, la administración local fue la que se encargó de alertar a los magistrados que la continuidad de dicho Plan de Alimentación Escolar solo estaba garantizada hasta el mes de octubre por temas de sostenibilidad financiera.
Todos los resultados de esas verificaciones, como los análisis de laboratorio de las muestras recolectadas y toda la documentación recaudada durante esta diligencia, serán incorporados al informe de la Sala de Seguimiento que determinará cómo va el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para que se garantice el derecho al agua.
Una preocupación que podría traer decisiones
SEMANA conoció en primicia que, frente a esta crítica situación que hoy se evidencia en el departamento de La Guajira, los magistrados de esa Sala de Seguimiento, conformada por Paola Meneses, Vladímir Fernández y Carlos Camargo, estarían considerando seriamente tomar una decisión urgente para proteger a las comunidades ante la amenaza a sus derechos fundamentales.
La realidad para comunidades como la del corregimiento de Jojocinto, en Uribia, es deplorable cuando los niños, niñas y la comunidad wayuu que habita en esa zona deben acudir a un pozo de agua contaminada como único recurso para poder acceder a ese líquido de consumo humano.
De hecho, las imágenes conocidas por este medio dejaron en evidencia la presencia de heces en el agua, el color verde por la presencia de plantas y hasta la llegada de animales que conviven en esa misma agua que las poblaciones indígenas utilizan para su consumo.
Esa decisión urgente se podría tomar cuando el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la niñez wayuu ya casi cumple 10 años desde que fue declarado por la Corte Constitucional, por las constantes vulneraciones masivas y estructuras de los derechos fundamentales de esa población en La Guajira.
En el año 2017, dictó esa sentencia al evidenciar la grave crisis humanitaria que provocó la falta histórica de acceso a agua potable, la salud, la alimentación y la participación del Estado con enfoque étnico. Para ese momento, esa coyuntura generó la muerte de miles de menores por desnutrición.
Lo preocupante es que una década después de la declaración de ese Estado de Cosas Inconstitucional, la Corte evidenció que la situación en La Guajira seguiría igual; en algunos casos se está agravando y la gente sigue viviendo sin derechos mínimos como tener agua potable para su consumo.
Este panorama también se ha venido agravando por un enorme escándalo de corrupción en el gobierno Petro: el saqueo a la UNGRD. Un contrato para comprar carrotanques que iban a suministrar agua potable en La Guajira se habría convertido en un botín político para que congresistas, presuntamente, apoyaran las reformas sociales que el Ejecutivo tenía en esos momentos.