El exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, Édgar Echeverri Toro; y la excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sonía Rocío Romero Hernández, se enfrentan a una condena de siete años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el polémico contrato para la compra de 40 carrotanques para el departamento de La Guajira.
El representante legal de la Corporación Yupurutú, Édgar Echeverri Toro, reconoció su participación en la corrupción que rodeó la compra de los 40 carrotanques para La Guajira. "Pido perdón". https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Xa2bWp48D2
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Echeverri y Romero firmaron un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptaron su participación en los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos en seis escenarios relacionados con la celebración y ejecución de ese contrato por un valor cercano a los 83 mil millones de pesos, destacándose los sobrecostos y los inútiles que resultaron los vehículos para llevar agua potable a varias regiones.
En medio de la audiencia, los dos procesados mostraron arrepentimiento por su actuar. Sin embargo, el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo un fuerte reparo a los beneficios penales otorgados sin que se hayan devuelto los dineros apropiados en este caso de corrupción que marcó el inicio del escándalo en la UNGRD.
El delegado de la agencia fue más allá y calificó como un “absurdo jurídico” que se mencione un peculado por apropiación por parte de los dos procesados. En este sentido, aseguró que, según varios informes, se habría presentado un incremento patrimonial injustificado de 4.330 millones de pesos por su “gestión” para beneficiar a un grupo de empresarios con el millonario contrato.
El próximo 4 de noviembre la jueza especializada de Bogotá definirá si avala o no el preacuerdo firmado. Los dos procesados se encuentran privados de su libertad.
El desvío del millonario contrato
En el caso de Sonia Romero, ingeniera industrial de profesión, la Fiscalía General señaló que fue el “enlace” entre la organización criminal que saqueó la UNGRD y un grupo de contratistas para entregarles información técnica privilegiada y así favorecerlos mucho antes de que se abriera el proceso de selección.
La excontratista de la UNGRD, Sonia Rocío Romero Hernández, pidió perdón por su participación en el desvío de millonarios recursos de la entidad. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/shTLEIqCVE
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Esta información permitió simular una “escogencia objetiva” en el contrato de los carrotanques, las plantas desalinizadoras y los pozos subterráneos, los cuales, sea dicho de paso, jamás se ejecutaron.
Por su parte, Édgar Echeverri Toro, el representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, fue señalado por la Fiscalía General de haber falsificado varios documentos para certificar la existencia de los carrotanques.
Igualmente, habría realizado actas parciales sobre las entregas de los vehículos entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Estas entregas se quedaron en el papel puesto que nunca existieron. Pese a esto, la fiduciaria desembolsó dos pagos parciales por 25.375 millones de pesos.
En este mismo caso está relacionado el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año.