Hablar de dinero sigue siendo un tema difícil para muchas parejas y, cuando las deudas, ingresos o productos financieros se mantienen en secreto, puede convertirse en una fuente de conflictos. En Colombia, un estudio de Gleeden señala que siete de cada diez personas han escondido información económica a su pareja, mientras que 40 % tiene al menos una tarjeta de crédito que su cónyuge desconoce.
La situación también se relaciona con la percepción que tienen los colombianos sobre el impacto de las finanzas en las relaciones. Encuestas de la cooperativa Fincomercio muestran que 93 % considera que el mal manejo del dinero acelera los procesos de divorcio. Además, 75 % prefiere manejar las cuentas por separado para evitar conflictos.
Expertos de Bravo Colombia explican que “la infidelidad financiera no siempre surge de la mala fe. En un entorno de estrechez económica, muchos asumen créditos para cubrir gastos del hogar, pierden el control y, por miedo a preocupar a su pareja, deciden callar. Acuden a más créditos para tapar los huecos, hasta que el embargo o el reporte en centrales de riesgo hace que la verdad sea ineludible. El silencio no protege a la familia; al contrario, destruye el patrimonio y rompe la confianza”.
El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Reportes del American Institute of CPAs (AICPA) y el National Endowment for Financial Education (NEFE) indican que 70 % de las parejas discute por dinero mensualmente y cerca de 40 % reconoce haber incurrido en alguna forma de infidelidad financiera.
En el país, uno de los productos que evidencia esta situación son las tarjetas de crédito. Según Gleeden, cuatro de cada diez colombianos tienen al menos una tarjeta que su pareja desconoce. Bravo advierte que las obligaciones ocultas pueden generar un efecto de “bola de nieve” cuando no se atienden oportunamente.
De acuerdo con datos internos de esta compañía, el perfil más frecuente en escenarios de sobreendeudamiento oculto corresponde a adultos entre 31 y 40 años, con ingresos promedio de $2,8 millones, deudas cercanas a $35 millones y dependientes económicos.
Entre las recomendaciones para prevenir estos conflictos están establecer conversaciones periódicas sobre presupuesto, distribuir los gastos de acuerdo con la capacidad de pago de cada integrante, fijar metas de ahorro conjuntas, buscar soluciones compartidas frente a los impagos y recurrir a asesoría especializada cuando sea necesario.