El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó este fin de semana a las denuncias sobre una operación de minería ilegal que estaría funcionando en un predio de 13.000 hectáreas en Nóvita, Chocó, y cuyas ganancias, según el propietario del terreno, habrían terminado en campañas políticas.
Lara replicó en su cuenta de X la investigación publicada por SEMANA, en la que se documentan las denuncias presentadas por Jesús Carmelo López Benítez. El funcionario destacó así públicamente un caso que involucra acusaciones sobre minería ilegal, presencia del Clan del Golfo y una eventual conexión entre las rentas del oro y la financiación electoral.
En su publicación, el ministro invitó a observar la magnitud de la minería ilegal en el Chocó, pues adjuntó un video, tomado desde un Mi-17, el cual sobrevoló durante casi 5 minutos las minas ilegales situadas en la zona del Baudó.
“Con el Estatuto Antiterrorista que vamos a presentar la semana entrante en el Consejo de Política Criminal, vamos a tomar fuertes medidas contra la gran minería criminal”, anunció Lara.
Observen la magnitud de la minería ilegal en el Chocó: en un Mi17 sobrevolamos durante casi 5 minutos las minas ilegales situadas en la zona del Baudó..
— Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 4, 2026
Con el Estatuto Antiterrorista que vamos a presentar la semana entrante en el Consejo de Política criminal, vamos a tomar… https://t.co/Z6jzgdLkM4 pic.twitter.com/nkXOYjy8F5
En la investigación de SEMANA, López Benítez señaló que las 13.000 hectáreas, ubicadas en el corregimiento de San Lorenzo, pertenecen a su familia y actualmente estarían siendo explotadas sin autorización.
El denunciante aseguró que en el terreno funcionan más de cien retroexcavadoras y que allí habría un campamento del Clan del Golfo. También afirmó que personas que no son propietarias de los terrenos se habrían presentado con documentos falsos para intervenir en la explotación del oro.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía y menciona, entre otros, al dirigente chocoano Jenaro Murillo Arboleda, a quien López señaló de participar presuntamente en actividades mineras sin los permisos correspondientes. Las acusaciones no equivalen a una decisión judicial ni se conoce hasta ahora una determinación de la Fiscalía que establezca responsabilidades.
Uno de los puntos que más elevan el alcance político del caso es la hipótesis de López Benítez sobre el destino del dinero. El propietario aseguró ante las autoridades que recursos obtenidos de la explotación ilícita podrían haber financiado campañas de las elecciones de 2026 y advirtió sobre el riesgo de que el esquema se repita en los comicios regionales de 2027.
López también pidió investigar posibles delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daños a los recursos naturales, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, financiación de grupos armados ilegales y financiación irregular de campañas. Además, solicitó suspender las actividades mineras en el predio.
La reacción de Lara se produce en momentos en que el Gobierno ha vinculado la lucha contra la minería ilegal con su estrategia contra las finanzas de los grupos armados. El ministro había señalado recientemente, al referirse a la situación del sur de Bolívar, que organizaciones criminales obtienen recursos de la explotación ilegal de oro.