Jesús Carmelo López Benítez perdió la cuenta de todas las denuncias, tutelas y reclamaciones que ha radicado ante la justicia para tratar de recuperar las 13.000 hectáreas de tierra que heredó de su padre en Nóvita, Chocó, y que fueron invadidas por la minería ilegal. Su teoría, que no ha tenido eco en la Fiscalía, es que el dinero de los materiales preciosos que se extraen de su finca ha patrocinado campañas políticas e incrementado la fortuna de cuestionados empresarios del Pacífico colombiano.
López Benítez les ha advertido sin descanso a las autoridades que su predio, localizado en el corregimiento de San Lorenzo, fue tomado por el Clan del Golfo y sus aparentes aliados para acaparar el oro que se esconde bajo la tierra. Aunque él tiene la titularidad del extenso terreno, han aparecido particulares con documentos falsos de propiedad para hacerse al derecho de explotar la finca, según consta en los archivos que la víctima ha presentado en despachos y juzgados de Quibdó. La lucha ha sido solitaria.
“Yo salí desplazado de Nóvita y no tengo protección. Por mis denuncias, me declararon objetivo militar. En la finca hay un campamento del Clan del Golfo; hoy están trabajando más de 100 retroexcavadoras y muchas personas se están beneficiando de la minería ilegal en las tierras de mi familia. Le he mencionado a la Fiscalía los nombres de los políticos, empresarios, generales, policías, militares y autoridades involucradas en los delitos, pero no ha pasado nada”, comentó el hombre a SEMANA.
En la denuncia más reciente, acusó a Jenaro Murillo Arboleda, un cacique del Chocó que podría aspirar a la Gobernación en 2027, de desarrollar actividades de minería sin contar con los permisos, licencias ni requisitos exigidos: “Dichas actuaciones constituyen una clara transgresión al orden jurídico, pues implican la usurpación de tierras mediante la utilización de grupos armados ilegales, específicamente del Clan del Golfo, quienes han facilitado la ocupación violenta de los terrenos”.
De acuerdo con la información que él tiene en su poder, la apropiación ilícita de su finca se estaría dando con la figura de supuestos invasores: “Se presentan como propietarios con documentos falsos que no corresponden a los predios en cuestión. Estos individuos, en connivencia con el grupo armado, participan en el reparto de porcentajes de la producción minera ilegal, configurando un esquema de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito”.
Además de la afectación al predio de su familia, Jesús Carmelo López Benítez le dijo a la justicia que la explotación minera está contaminando fuentes hídricas y degradando el suelo, “lo cual repercute en la salud y la calidad de vida de las comunidades aledañas, ya que estas no tienen acueducto y agua potable, y consumen el líquido contaminado por la minería ilegal”. Allí se ha identificado el uso de químicos con alta peligrosidad.
La denuncia no se agotó allí. El propietario alarmó a la Fiscalía que a la supuesta trama de explotación ilícita de yacimientos mineros, daños ambientales, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos se sumaría una eventual financiación irregular de campañas políticas, pues sospecha que el dinero que deja esta actividad ilegal se habría invertido en proyectos electorales de 2026 y podría repetirse la escena en 2027, cuando el país acude a las urnas a elegir a los mandatarios regionales.
Así lo narró López Benítez a la justicia: “Este tipo de conductas no solo vulneran el orden jurídico penal, sino que además afectan gravemente los derechos fundamentales a la participación política libre y transparente al contaminar los procesos democráticos con dineros de origen ilegal. La financiación irregular de campañas constituye una forma de corrupción estructural, pues permite que intereses privados, derivados de la minería ilegal, se infiltren en las instituciones públicas, debilitando la confianza ciudadana”.
La lucha de este campesino también ha sido contra la Corporación Autónoma Regional del Chocó, en su calidad de máxima autoridad ambiental, a quien señaló de incurrir en una grave omisión de sus deberes constitucionales y legales, pues no ha frenado las actividades de minería ilegal pese a las insistentes denuncias, imágenes y documentos que se le han proporcionado, donde se percibe la destrucción del entorno y el avance de la maquinaria.
“La conducta del director de Codechocó, quien ya ha sido objeto de denuncias por su tolerancia frente a estas prácticas, evidencia una posible desviación de poder y un incumplimiento del deber de protección del patrimonio ambiental. Esta omisión institucional no solo desconoce el mandato constitucional de garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales, sino que, además, vulnera el principio de responsabilidad estatal, al permitir que se generen daños ambientales y sociales que afectan a la comunidad y a los legítimos propietarios de los terrenos”, dijo Jesús Carmelo López Benítez.
Ante la gravedad de los hechos, él le solicitó a la Fiscalía que le dé apertura a una investigación penal contra Jenaro Murillo Arboleda y demás personas por la presunta comisión de los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daños a los recursos naturales, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, financiación de grupos armados ilegales y financiación irregular de campañas políticas.
De igual manera, “ordenar la suspensión inmediata de las actividades mineras ilegales que se vienen desarrollando en los predios, disponiendo de medidas cautelares ambientales para evitar la continuidad del daño ecológico y social”. Y poner la lupa sobre la autoridad ambiental de Chocó.
Por ahora, las denuncias de López Benítez siguen sobre los escritorios de las autoridades mientras, según sus propios registros y testimonios, la maquinaria continúa entrando a los terrenos que reclama como suyos. El campesino desplazado, que ahora no tiene esquema de la Unidad Nacional de Protección, sigue esperando que la justicia no solo esclarezca quién está detrás del oro, sino que también permita recuperar las tierras que heredó de su padre.
SEMANA intentó comunicarse con los denunciados por esta persona, pero no se obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.