La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, recorrió el Valle del Cauca durante la semana anterior y descubrió un nuevo hallazgo de la administración de Gustavo Petro en esa entidad que podría tipificarse como otro escándalo nacional de corrupción: el arriendo de una propiedad en el municipio de Sevilla, de 400 metros cuadrados, por el que se pagaron casi 50 millones de pesos mensuales. Nunca fue ocupada por los funcionarios del Instituto en la regional del Valle del Cauca que laboran en esa ciudad, ubicada a dos horas y media de Cali, y donde el costo de vida no es tan elevado.
El arriendo del predio, a juzgar por el precio, se equipara con el canon de arrendamiento del penthouse de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, calificado por la inmobiliaria Pizo como el “penthouse más exclusivo de Museo Chicó”. Además de sus lujosas características, está ubicado sobre la calle 91, en el norte de Bogotá. Por el polémico apartamento de Roa se piden 40 millones de pesos mensuales.
SEMANA conoció los detalles de este contrato que tienen a la directora María Carolina Restrepo con los pelos de punta y a punto de enviar la denuncia a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por posibles sobrecostos e incumplimientos.
El contrato que conoció este medio sobre el predio en Sevilla es el de arrendamiento N 76014062025, suscrito el 29 de diciembre de 2025 entre Joaquín Andrés Reyes Trujillo, entonces director regional (e) del ICBF en el Valle del Cauca, y Fernando Calvo Arias, representante legal de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla, Valle.
El valor inicial del contrato fue de 409.333.027 millones de pesos durante siete meses, es decir, hasta el 31 de julio de 2026. En cifras, se refiere a 57.943.480 pesos mensuales, algo más de 1.900.000 pesos por día. Con esos más de 400 millones, ¿no era más factible comprarse unas instalaciones de propiedad del ICBF en Sevilla, Valle? Es una de las preguntas que se plantean desde Bogotá.
Según la justificación del contrato, “el ICBF Regional Valle del Cauca no cuenta con inmuebles propios suficientes ni con infraestructura adecuada que permita cubrir de manera integral las necesidades operativas y administrativas derivadas de la atención de su jurisdicción. La construcción, adquisición o adecuación de un inmueble propio implicaría procesos de planeación, disponibilidad presupuestal, tiempos de ejecución y costos que resultan inviables frente a la necesidad inmediata de garantizar la continuidad del servicio público de bienestar familiar”.
Por esto, “se hizo necesaria la contratación del arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle 49 n.º 47-57 del municipio de Sevilla, destinado al desarrollo de actividades administrativas y misionales o de apoyo a la Dirección Regional Valle del Cauca, actividades que resultan esenciales y transversales para el cumplimiento de la misión institucional”, dice la minuta del contrato.
Aunque la finalidad del contrato era que 28 empleados del Instituto (11 de planta y 17 contratistas) que laboran en esta zona se trasladaran al nuevo predio, no se llevó a cabo porque la infraestructura no terminó de adecuarse. Es decir, no se estrenó. “Pagamos por nada en la anterior administración”, le dijo Restrepo a SEMANA.
El primero de agosto de 2026, seis días antes de culminar el periodo de Gustavo Petro, el ICBF del Valle del Cauca prorrogó el contrato hasta el 31 de octubre de 2026. Y, según los documentos conocidos por SEMANA, se adicionó un rubro por 173.830.440 pesos.
Lo preocupante es que en Sevilla, Valle del Cauca, el ICBF cuenta con unas instalaciones que se hubieran podido adecuar con los más de 400 millones de pesos del contrato de arrendamiento o construir un tercer piso porque la edificación tiene una plancha de concreto, según las fotografías que conoció SEMANA. El nuevo escándalo queda en manos de los organismos de control.