La propuesta del Gobierno nacional de crear un sistema de información sobre las guardias indígenas causó un fuerte rechazo del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Sin embargo, en el departamento existe otra posición: cabildos y autoridades indígenas que no pertenecen a esa organización consideran necesario contar con un registro que permita establecer claramente quién ejerce autoridad en cada territorio.
Para estos sectores, la discusión no consiste en entregar al Estado la potestad de reconocer o desconocer la Guardia Indígena, sino en contar con una herramienta que permita identificar a las personas y organizaciones que tienen el respaldo de sus comunidades.
Teodomiro Soscué, líder indígena, sostiene que en algunos territorios llegan personas que se identifican como integrantes de una guardia y ejercen funciones de control sin que exista claridad sobre quién la respalda.
“Para nosotros es importante tener ese tipo de claridades. Es algo que hemos venido pidiendo hace tiempo, porque a nuestros territorios llegan personas, se identifican como guardias y ejercen control sobre la comunidad. Pero la pregunta es: ¿lo pueden hacer? ¿Dónde podemos verificar que sí son autoridad?”, aseguró Soscué.
Su planteamiento pone sobre la mesa una discusión diferente a la que ha dominado el debate público. Mientras que el Cric cuestiona que el Estado establezca mecanismos para caracterizar a las guardias, algunos sectores indígenas consideran que la ausencia de información también puede ocasionar problemas, especialmente en un departamento donde existen diferentes pueblos, cabildos y organizaciones.
Ana Adiela Gelpud, lideresa social indígena, pone como ejemplo una confrontación ocurrida meses atrás entre dos comunidades en Silvia, Cauca, que terminó con personas asesinadas. Según señala, todavía existen interrogantes sobre quiénes participaron en esos hechos y qué personas llegaron a la zona durante el enfrentamiento.
“Hace meses vivimos una confrontación entre dos comunidades en Silvia que terminó con muertos. Ha pasado un tiempo prudente y no sabemos quiénes cometieron esos asesinatos, quiénes participaron en estos hechos, porque no hay registros de quiénes llegan a la zona y ejercen control con los estandartes del Cric”, afirmó Gelpud.
El proyecto del Gobierno contempla información sobre el pueblo indígena al que pertenece la guardia, la comunidad, resguardo o territorio ancestral donde actúa, la autoridad propia que la orienta y su ámbito territorial. También plantea identificar a una persona que sirva como enlace con las entidades públicas.
El Ministerio del Interior ha insistido en que el mecanismo tendría carácter informativo y que la inclusión de una guardia en el sistema no significaría constituirla, autorizarla o certificarla. Su existencia y funcionamiento seguirían dependiendo de la autonomía de cada pueblo y de sus usos y costumbres.
El Cric mantiene una posición contraria. “Nuestra existencia no deriva del reconocimiento, autorización o reglamentación del Estado, sino del mandato de nuestras comunidades y autoridades tradicionales”, manifestó la organización.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también expresó reparos frente a la iniciativa. “La Guardia Indígena no necesita ser vigilada, caracterizada ni administrada por el Estado”, afirmó.
El debate tiene así dos miradas dentro del propio movimiento indígena. Mientras que el Cric advierte que un registro estatal puede afectar la autonomía y convertirse en una herramienta de vigilancia, dirigentes de comunidades que no están afiliadas a esa organización consideran que la falta de información puede generar incertidumbre sobre quién está facultado para ejercer autoridad y control.
Para Soscué, precisamente allí está uno de los puntos centrales: establecer mecanismos que permitan verificar la autoridad de quienes llegan a un territorio y actúan en nombre de una comunidad.