Una disputa empresarial que se inició hace cerca de dos décadas continúa enfrentando a un grupo de personas con el empresario Jaime Alberto Rincón Prado. Los denunciantes sostienen que habrían perdido el control de la compañía S3 Wireless Colombia luego de una operación en la que, según su versión, Rincón Prado habría adquirido inicialmente una parte de las acciones, pero posteriormente habría aparecido registrado como propietario de la totalidad de la sociedad sin haber pagado el valor acordado.
De acuerdo con la documentación y los testimonios recogidos, el conflicto se remonta a 2005, cuando Rincón Prado, a través de la empresa Servisatelite, habría manifestado su interés en invertir en S3 Wireless, compañía dedicada al sector tecnológico y con participación de empresarios estadounidenses y colombianos.
Según los denunciantes, inicialmente se habría planteado una inversión de 2 millones de dólares por el 50 por ciento de las acciones. Posteriormente, en febrero de 2006, se habría firmado un contrato de compraventa por 1,9 millones de dólares para adquirir la totalidad de la compañía.
El acuerdo, como se evidencia en los documentos citados, establecía que los accionistas entregarían las acciones en la medida en que se fueran cumpliendo los pagos pactados. El primer desembolso habría sido de 150.000 dólares y el saldo debía cancelarse mediante otros cuatro pagos.
Sin embargo, los empresarios afectados sostienen que Rincón Prado solamente habría pagado el equivalente al 7,89 por ciento de las acciones y que, pese a ello, posteriormente habría aparecido registrado con el 100 por ciento de la composición accionaria.
“Jaime Alberto Rincón falsificó los documentos para adueñarse del resto de la sociedad”, afirmó María Stephenson, una de las personas que asegura haber resultado afectada por la operación. La mujer sostiene que las pruebas de lo ocurrido habrían sido entregadas en diferentes oportunidades a la Fiscalía.
Entre los documentos mencionados por los denunciantes aparecen certificados de la Cámara de Comercio de Bogotá, contratos, comprobantes relacionados con los pagos y un laudo arbitral. Los afectados sostienen que estos elementos permitirían establecer que solamente se habría pagado una parte de la operación y que, pese a ello, en documentos societarios habría aparecido registrada la totalidad de las acciones a nombre de Rincón Prado y personas relacionadas con él.
El abogado de los denunciantes, Wilson Gallego Fiallo, sostiene que la investigación por presunta estafa agravada habría terminado archivada después de que, según su interpretación, la Fiscalía no hubiera actuado dentro de los términos correspondientes, lo que habría permitido que ese delito prescribiera.
El jurista considera que todavía existirían elementos para investigar un posible fraude procesal. Según explicó, la Fiscalía debería verificar el objeto del contrato, establecer cuánto habría pagado efectivamente Rincón Prado y determinar si se cumplió la condición contractual que permitía transferir el ciento por ciento de las acciones.
“Reposa evidencia física en poder de la Fiscalía General de la Nación que corresponde primero al contrato, segundo a la verificación del aporte de recibo del señor Rincón, que pagó solo el 7,89 por ciento de la composición accionaria de S3 Wireless, y tercero verificar en la Cámara de Comercio de Bogotá el acta 009 del 27 de febrero de 2006”, señaló Gallego Fiallo.
Los denunciantes también cuestionan que durante el proceso hayan pasado diez fiscales y aseguran que en seis oportunidades habría estado lista una solicitud de imputación que finalmente no se habría materializado. En el documento se señala además que la Procuraduría habría emitido conceptos favorables para avanzar con una eventual imputación por presunto fraude procesal y falsedad en documento.
La controversia también habría llegado a instancias diplomáticas. La Embajada de Estados Unidos en Colombia habría enviado comunicaciones a la Fiscalía General de la Nación en 2017, 2018 y 2020, expresando preocupación por la demora del proceso y por los posibles efectos sobre ciudadanos estadounidenses involucrados en la disputa.
El caso volvió a ser abordado en 2025. Según el documento, en mayo de ese año se habría celebrado una reunión entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y representantes de la Embajada de Estados Unidos para abordar el proceso relacionado con los ciudadanos estadounidenses. Posteriormente, Andrés Idárraga, entonces secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, se habría reunido con la fiscal general Luz Adriana Camargo para tratar la investigación.
En esa reunión se habría mencionado la agencia especial número 008 del 13 de enero de 2025, creada con el propósito de impulsar avances en las investigaciones. Sin embargo, los denunciantes sostienen que, transcurrido aproximadamente un año y medio, todavía no se habría producido una imputación por el presunto delito de fraude procesal.
Idárraga manifestó en su momento que, desde su perspectiva, las investigaciones relacionadas con Rincón Prado deberían llegar a una conclusión de fondo. También cuestionó que el proceso relacionado con S3 Wireless hubiera pasado por varios fiscales sin que, según su versión, se conocieran decisiones definitivas.
“Me parece que el llamado es a que la Fiscalía General de la Nación le pueda informar a la opinión pública y los denunciantes cuál es el estado del proceso”, señaló Idárraga, quien agregó que tendría conocimiento de que la investigación permanece activa, aunque dijo desconocer qué órdenes de policía judicial se habrían impartido para avanzar en ella.
En paralelo, el documento también menciona otros episodios en los que habría aparecido relacionado Rincón Prado. Entre ellos está su participación en empresas vinculadas con el sector de la salud y con el consorcio Prestasalud, que en 2017 participó en la adquisición de Cafesalud y posteriormente dio paso a Medimás EPS.
La documentación señala que una empresa denominada Seed Investment habría estado relacionada con Rincón Prado y habría recibido acciones de S3 Wireless. No obstante, estas referencias hacen parte de los señalamientos expuestos por los denunciantes y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad penal.
Frente a las acusaciones, el abogado José Lombana, representante de Rincón Prado, entregó una versión diferente. El jurista aseguró que la Fiscalía sí habría adelantado actuaciones y que el proceso habría sido archivado en dos oportunidades por decisiones de fiscales distintos.
“El decir es que la Fiscalía no ha hecho nada, pero la Fiscalía ya hizo. La Fiscalía ha archivado dos veces el proceso, decisiones de dos fiscales distintos”, manifestó Lombana.
El abogado también se refirió al tribunal de arbitramento al que acudieron las partes por el conflicto contractual. Según explicó, la decisión habría determinado que tanto los accionistas como Rincón Prado incumplieron obligaciones relacionadas con la operación y que, por esa razón, el contrato habría sido resuelto.
“El Tribunal de Arbitramento falló dejando el pleito en tablas, diciendo ustedes, José Luis Malvehy y sus socios, incumplieron con la entrega de las acciones; Jaime Rincón también incumplió, y resolvió el contrato”, afirmó Lombana.
De acuerdo con la defensa, esa decisión arbitral no habría establecido la existencia de ningún delito. Esta interpretación contrasta con la de los denunciantes, quienes consideran que los documentos relacionados con el contrato, los pagos y los registros societarios deberían ser analizados por la Fiscalía para determinar si se habría configurado un presunto fraude procesal.
El caso permanece, según la información consignada en los documentos, en el centro de una disputa que lleva aproximadamente 18 años. Mientras los denunciantes aseguran que continuarán utilizando las herramientas jurídicas disponibles para reclamar por las presuntas afectaciones económicas y societarias, la defensa sostiene que las autoridades judiciales ya han tomado decisiones dentro del proceso y que el conflicto contractual fue sometido a un tribunal de arbitramento.