Luego de varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación logró capturar a las integrantes de una red llamada Las Invisibles, quienes presuntamente utilizaban las visitas a personas privadas de la libertad como fachada para ingresar cocaína, marihuana y otras sustancias a establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad en diferentes zonas del país.
El operativo dejó cinco presuntas integrantes capturadas en Barranquilla, Atlántico, y Girón, Santander. Según el ente investigador, la actividad ilegal les habría permitido obtener ganancias millonarias cada mes mediante la comercialización de los estupefacientes dentro de los centros penitenciarios.
“Las visitas a personas privadas de la libertad habrían sido utilizadas como fachada para introducir cocaína, marihuana y otras sustancias a establecimientos carcelarios de mediana y máxima seguridad en diferentes zonas del país”, señaló la Fiscalía.
Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Dijín de la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional. Asimismo, las autoridades judiciales realizaron allanamientos en las cárceles La Modelo de Barranquilla, Palo Gordo de Girón y La Tramacúa de Valledupar, que estas mujeres frecuentaban.
Durante los procedimientos fueron incautados 13 celulares, tarjetas SIM, memorias USB, estupefacientes, cuadernos que contendrían información relevante para las investigaciones, un router wifi, un reloj inteligente, cargadores, audífonos y dinero en efectivo.
Así habrían ingresado los estupefacientes
Uno de los principales elementos revelados por la investigación tiene que ver con el método que presuntamente utilizaban las integrantes de Las Invisibles para superar los controles de ingreso a los establecimientos penitenciarios.
“Ingresaban estupefacientes ocultos o adheridos al cuerpo para llevarlos a patios específicos y venderlos a internos que se encargaban de la distribución en los penales”, detalló la Fiscalía General de la Nación.
La investigación de la Fiscalía General sostiene que el esquema no terminaría con el ingreso de las sustancias. Una vez la droga llegaba a los patios determinados, algunos internos se habrían encargado de comercializarla y distribuirla dentro de los establecimientos penitenciarios.
Esta presunta estructura habría convertido el ingreso y venta de estupefacientes en una actividad que generaba importantes cantidades de dinero. “Esta actividad ilícita, al parecer, les permitía recaudar mensualmente ganancias millonarias”, indicó el organismo investigador.
La Fiscalía les imputará ante un juez con funciones de control de garantías los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Será el juez encargado del caso quien defina su situación jurídica después de las respectivas audiencias.