Un fraude que habría superado los 870 millones de pesos y afectado a 19 clientes de una entidad bancaria terminó con tres hombres judicializados por la Fiscalía General de la Nación. Entre los procesados se encuentra un empleado de un banco de Valledupar, señalado de utilizar los permisos que tenía dentro de los sistemas para facilitar el crimen.
Los hechos se habrían ocurrido entre el 18 de abril y el 9 de agosto de 2024. De acuerdo con la investigación, el funcionario, identificado como Claudio David Coronado Aragón, habría aprovechado su acceso privilegiado a las plataformas de la entidad para modificar información relacionada con los clientes afectados y facilitar diferentes operaciones sobre sus cuentas.
La Fiscalía señala que el trabajador habría utilizado sus propias credenciales y las de otros empleados para registrar falsas novedades biométricas. Con este procedimiento, presuntamente logró alterar los datos de los usuarios y gestionar la reposición de sus tarjetas bancarias.
Este mecanismo habría permitido que las nuevas tarjetas fueran entregadas a personas diferentes de sus verdaderos titulares. A esto se suma, según la investigación, el cambio de las claves de las cuentas, una maniobra que habría facilitado el traslado del dinero hacia productos financieros de terceros.
Un empleado de un banco en Valledupar habría aprovechado su acceso privilegiado a los sistemas de la entidad para facilitar la suplantación de 19 clientes y el hurto de más de 870 millones de pesos, entre abril y agosto de 2024. La investigación de la Fiscalía identificó al… pic.twitter.com/ocJ5YYuaMj
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 30, 2026
Por estos hechos, Coronado Aragón es señalado como un posible insider, término utilizado para describir a una persona que, debido a su relación laboral con una organización, cuenta con permisos de acceso a información y sistemas internos y presuntamente usa esas ventajas para actividades ilícitas.
La investigación también identificó a Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez como otros dos presuntos integrantes del esquema. Ambos habrían recibido parte de los recursos obtenidos de las cuentas de los clientes afectados.
Según la Fiscalía, los dos hombres también estarían relacionados con retiros de dinero realizados en cajeros automáticos de Valledupar, Bogotá y Cali, además de compras efectuadas en establecimientos comerciales con los recursos obtenidos de manera ilegal.
El caso quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos, quien presentó un escrito de acusación contra los tres hombres por el delito de hurto por medios informáticos agravado, dentro del procedimiento penal especial abreviado.
Tras la judicialización, una juez de control de garantías de Becerril, Cesar, impuso a Coronado Aragón una medida de aseguramiento en un centro carcelario. En el caso de Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez, la decisión fue que permanezcan privados de la libertad en sus respectivos lugares de residencia.
La investigación busca establecer la responsabilidad de los tres señalados en un esquema que, según la Fiscalía, habría permitido suplantar a 19 clientes y sacar más de 870 millones de pesos.