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Funcionarios de la Procuraduría convocan a una protesta en Bogotá por despidos de servidores

Los funcionarios hacen parte del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría, STP-Dignidad.

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30 de septiembre de 2026 a las 11:28 a. m.
La jornada de protesta fue convocada el próximo jueves 1 de octubre a las 12:00 del día.
La jornada de protesta fue convocada el próximo jueves 1 de octubre a las 12:00 del día. Foto: No

SEMANA conoció un comunicado que el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, STP-Dignidad, compartió en las últimas horas para convocar una jornada de protesta este jueves 1 de octubre a las 12:00 del día, ante los despidos de varios servidores que se han presentado por estos días.

Desde la Junta Directiva Nacional y la Junta Directiva de la Subdirectiva de Bogotá de STP-Dignidad manifestaron en el documento: “Rechazamos las desvinculaciones de servidores que se vienen presentando en la entidad con el argumento de que el procurador general de la Nación (Gregorio Eljach) puede, en cualquier tiempo, dar por terminados los nombramientos de provisionalidad obedeciendo a razones del servicio, fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 del Decreto 262 del 2000”.

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Este es parte del comunicado que emitió el sindicato para convocar a dichas manifestaciones este jueves 1 de octubre. Foto: No

Ese artículo del decreto es el que establece la duración máxima y las condiciones de los encargos y los nombramientos provisionales en los empleos de carrera de la Procuraduría General de la Nación.

Por eso, desde el Sindicato de Trabajadores insistieron en que la facultad discrecional que la Constitución y la ley le otorgan al procurador para desvincular servidores de libre nombramiento y remoción no es “omnimodidad”, sino que se encuentra sometida al imperio de la Constitución y de la Ley, en un Estado Social y Democrático de Derecho que nos protege de la arbitrariedad”.

Los funcionarios también revelaron que el 8 de julio y el 13 de agosto enviaron oficios en los que manifestaron que un servidor público vinculado a un empleo de carrera no puede ser desvinculado mientras se surte el proceso de selección respectivo.

De hecho, recordaron que el artículo 185 del Decreto 262 de 2022 estableció que, después de que se dé un nombramiento por encargo o provisionalidad, la convocatoria para suplir ese cargo se debe hacer dentro de los tres meses siguientes a ese nombramiento.

También reiteraron que la Corte Constitucional, en su primera decisión sobre ese tipo de empleos, definió que la permanencia de una servidora pública nombrada en provisionalidad en el Hospital de Pradera, Valle del Cauca, solo se podía terminar en tres casos: que sea reemplazada por quien ocupe el primer puesto de la lista de elegibles de un proceso de selección, que sea objeto de una sanción disciplinaria o que su desempeño haya sido deficiente.

Frente a esa situación, expusieron: “En relación con las desvinculaciones que se vienen produciendo, dejamos en claro que confiamos en el diálogo franco y sincero entre nuestra organización sindical y la administración, y en ello seguiremos insistiendo, dejando claro que nuestra tarea es la defensa de los derechos de los servidores de la entidad”.

El comunicado finalizó con una calificación de “injustificados” para los despidos que se han dado en el interior de la entidad y con la convocatoria a una jornada de protesta este jueves 1 de octubre a las 12:00 del día, en las instalaciones del primer piso de la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá.

Los despidos

SEMANA reveló que el pasado lunes 28 de septiembre, el procurador Gregorio Eljach terminó el contrato de provisionalidad de tres funcionarias y declaró insubsistente a otra más que hacían parte de la Procuraduría Delegada de Funciones Mixtas n.º 8, encargada de la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.

Esas decisiones se dieron pocos días después de que la Procuraduría General declarara insubsistente a la delegada encargada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y a María Paola Suárez, procuradora delegada para las Fuerzas Militares, justo cuando intentaba llevar a juicio disciplinario al coronel Sammy Rodríguez, ex edecán del expresidente Petro, por un caso de presunto acto sexual.