Con un invitado especial se reanudó ante el juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías este lunes, 21 de septiembre, la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Miguel Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Se trata de Manuel Fernando Caballero Parra, fiscal perteneciente a la Fiscalía 26 adscrita a la delegada para la seguridad territorial, quien anunció la creación de un grupo de tareas especiales para investigar y judicializar a los responsables de hechos de corrupción en Medellín.
En este caso, el que tiene que ver con Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Majer Abushihab, el abogado del Área Metropolitana, en calidad de víctima, celebró esa decisión y expresó que esto permitirá que se investigue este caso no como un hecho independiente, sino ligado a otros escándalos que están en curso en diferentes juzgados y que fueron llevados a cabo durante el periodo administrativo de Daniel Quintero.
Esos hechos han llevado a que más de 50 personas sean imputadas por diferentes hechos, entre ellos enredos por firma de contratos presuntamente bajo irregularidades en Buen Comienzo, el Inder, Metroparques, Metroplús y el mismo Área Metropolitana. El mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dicho que el saqueo a los recursos de esas entidades podría superar el billón de pesos.
Incluso, el mismo Daniel Quintero fue imputado, pero ese trámite judicial fue declarado nulo por un juez y está en revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
El exalcalde es cuestionado por el lote de Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados en El Poblado al que se le habría cambiado el uso del suelo para presuntamente beneficiar a privados cercanos al exgobernador de Antioquia Luis Pérez, según los denunciantes.
Daniel Quintero Calle ha dicho en reiteradas ocasiones que es inocente y que el realmente responsable es Federico Gutiérrez, el alcalde que lo antecedió y lo sucedió en el cargo.
“El que firmó el contrato era Fico y no yo. En el proceso se demostró que me habían violado el debido proceso para condenarme sin pruebas”, dijo en su cuenta de X.
Respecto de la audiencia de este lunes, esta definirá si se envía o no a prisión a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde, como lo pidieron la Fiscalía y la Procuraduría.
Y al empresario Sebastián de Dios Ortega, como lo está argumentando esta tarde el abogado Abushihab.