En las selvas de San José del Guaviare, donde murieron por lo menos 48 personas en combates entre disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, desde hace 13 días está prohibido salir de las casas. Hay más de 900 personas confinadas, sin alimentos, sin agua potable, con un precario suministro de energía eléctrica y con temor de que los caminos estén sembrados de minas antipersonas.
La escuela La Siberia, desde entonces, no ve un solo niño. Sus últimos visitantes fueron los alzados en armas, que la dejaron convertida en un improvisado hospital de guerra. La sangre se ve por todas partes; en el suelo, algunos instrumentos quirúrgicos. Es un escenario espeluznante.
Eso hace pensar a las autoridades que combatientes al servicio de alias Calarcá están provistos de por lo menos una persona que ejerce la enfermería. De lo que pasó en esos sangrientos combates poco se habla. El terror cierra la boca de quienes lo vivieron. Una fuente reveló a las autoridades que todo empezó el domingo 24 de mayo hacia la 1:30 p. m. y se extendió hasta el 26 de mayo, cuando más de 250 hombres de Iván Mordisco trataron de emboscar a los de Calarcá. El martes, luego de unos cuantos minutos, ya había más de 14 muertos apilados en la escuela. Eran un trofeo de guerra. Los acumularon ahí, dicen en la zona, para que se supiera quién era el vencedor.
Tres horas después, los de Iván Mordisco, al ver cómo caían uno a uno, tuvieron que replegarse. Un día después, Calarcá dio su parte de guerra: su enemigo sufrió 50 bajas y varios heridos, dos de sus hombres murieron y dos más fueron heridos. Además, secuestró a una mujer, a la que llamó prisionera de guerra y cuya suerte se desconoce. Hay testimonios que indican que otra mujer, una cabecilla, a la que llaman la Negra, salió malherida y que parte de la sangre que aún hay en la escuela y los instrumentos quirúrgicos fueron usados para salvarla.
Alias Calarcá y sus hombres se quedaron con un botín de cuatro ametralladoras, 49 fusiles entre R-15 y AK-47, dos fusiles Dragunov, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos. El miércoles 27 de mayo, algunos de los disidentes pasaron por las precarias casas exigiendo sábanas, toallas, algo para improvisar apósitos y atender a sus heridos, o camillas y sacarlos de la zona. En su retirada dejaron los cadáveres de sus caídos amontonados. Los lugareños informaron a las autoridades para que fueran a recogerlos y se internaron nuevamente en sus casas.
Solamente salieron dos días después cuando una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, el CICR y los bomberos de San José del Guaviare fueron a buscarlos. Para llegar hasta la zona de los combates, recorrieron unos 140 kilómetros a través del río Guaviare en varias lanchas que los lugareños llaman voladoras. Seis o siete horas de viaje.
Al toparse de frente con los pobladores, solo hubo un saludo seguido de un absoluto silencio. Los cadáveres fueron embolsados y apilados en las voladoras para que fueran llevados al casco urbano de San José. Otra vez seis o siete horas de viaje. No hubo tiempo para una debida inspección forense. La guerra esperaba de nuevo. Los fusiles volvieron a sonar y no han cesado. Las dos facciones pelean por controlar el narcotráfico, las rutas para mover la coca y los combatientes.
Sus finanzas las alimentan con cada kilo de base de coca, que en la zona cuesta entre 2,6 y 2,8 millones de pesos (menos de 800 dólares). También mueven a la mayoría de combatientes, que llegan del Cauca, Nariño o Urabá en buses de turismo, y, a pesar de que son requeridos por las autoridades, poco pueden hacer.