El juicio contra Uribe: habla de montaje, pide nulidad, mientras la Fiscalía, a última hora, le suma otro delito

La audiencia, que se supone abre las puertas al primer juicio contra un expresidente de Colombia, arrancó con una perla de la Fiscalía. El ente acusador, que en dos oportunidades y por más de un año, dijo que no había pruebas para acusar al expresidente Álvaro Uribe, ahora le sumó otro delito, pero se equivocó en la fecha de nacimiento del exmandatario.

El fiscal Gilberto Villarreal incluyó el delito de soborno a la acusación, que previamente radicó ante los jueces. Por reparto, el proceso le correspondió a la juez 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, que fijó fecha para las audiencias y marcó el derrotero para las diligencias, por ahora, virtuales.

La audiencia de acusación arrancó con varias advertencias de la juez, la principal, que quienes se consideran víctimas en este proceso, el exfiscal Eduardo Montealegre; su escudero, el exvicefiscal Jorge Perdomo; el senador Iván Cepeda y Deyanira Gómez, esposa del condenado paramilitar Juan Guillermo Monsalve, delegaran un solo interlocutor, un vocero para evitar las eternas intervenciones del pasado.

En la diligencia virtual, el expresidente Uribe no habló, quizás porque dos horas antes leyó un fuerte comunicado en el que anticipó que las garantías “no se aplican” para él. Luego expuso 23 hechos que en su criterio prueban un montaje en su contra, una estrategia para llevarlo a juicio como “determinador” de los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y, ahora, la ñapa de la Fiscalía: soborno.

El exmandatario recordó varios hechos de su proceso, desde que le negaron la existencia de una investigación en su contra en la Corte Suprema Justicia, su detención el 4 de agosto de 2020, las recusaciones a la magistrada Cristina Lombana, hasta las decisiones que surgieron luego de su renuncia al Senado y el traslado del expediente a la Fiscalía. “En la Corte Constitucional, en votación 5-4, hicieron equivalentes a la indagatoria ante la Corte con la imputación en la Fiscalía. Obligaron a la Fiscalía a adelantar el proceso en mi contra sin la imputación. Crearon un dañino precedente jurisprudencial. La indagatoria es básicamente un interrogatorio. En la imputación no se hacen preguntas, simplemente se ponen de presente los hechos y las normas violadas”, dijo el expresidente.

En la audiencia de acusación, la defensa del expresidente hizo varias solicitudes a la Fiscalía en el sentido de aclarar las dudas que quedaron después de leer el documento con el detalle de los delitos, redactados por el fiscal del caso, pero que resultaron “ambiguas” para ejercer la defensa. En criterio del abogado Jaime Granados, la Fiscalía se equivocó al señalar fechas, personas y escenarios indeterminados, incluso en los datos más básicos, como la fecha de nacimiento del expresidente.

“Con el mayor respeto, pero también con toda claridad, nos parece increíble y por eso pido que se haga esa aclaración en este momento, teniendo en cuenta que en el escrito se cometió un error sobre los datos de mi cliente, en tanto que se deja como fecha de nacimiento el 24 de julio, cuando es públicamente conocido y la Fiscalía tiene acceso a esa información, que la fecha de nacimiento es el 4 de julio”, dijo Granados, que advirtió otro error de la Fiscalía en lo que puede ser tan simple, pero que le resta seriedad al documento del ente acusador.

“Genera dolor para un ciudadano, que es llevado en este momento a enfrentar esta audiencia, a que incluso no se coloque con corrección el nombre de su señor padre, víctima de un asesinato indescriptible, y se le diga que se llama Alberto Uribe Restrepo cuando se llama Alberto Uribe Sierra”, insistió el abogado Granados, al hacer énfasis en otros puntos que consideró “confusos” en la acusación de la Fiscalía.

La Procuraduría hizo algunas advertencias sobre las dificultades de delegar a un solo representante de víctimas, que en este caso fue el abogado del senador Iván Cepeda. Los reparos del Ministerio Público se centraron en los “vacíos” que dejó el abogado Reinaldo Villalba, pues, según el procurador, habló en nombre de su cliente y muy poco sobre las preocupaciones del resto de víctimas.

“Sorpresivamente, ahora encuentro que se ha cambiado el curso de la audiencia en propio detrimento de las víctimas, porque tampoco a los apoderados restantes en su intervención se les permitió hacer observaciones sobre el escrito de acusación y competencia”, dijo el delegado de la Procuraduría.

La juez lo paró en seco y dijo que, por sus reparos, parecía que “no ha estado muy atento a la audiencia”. Las condiciones y la metodología de la diligencia se fijaron al inicio de la misma y allí la juez ordenó que un representante de víctimas sería el encargado de llevar la vocería para “preservar el derecho de igualdad de partes, el despacho decidió que solamente uno”, señaló la juez.

En su decálogo de hechos, el expresidente Uribe recordó otros episodios que, en su dicho, se convierten en la prueba de un montaje en su contra. Habló de las interceptaciones a sus comunicaciones, de las denuncias contra el senador Cepeda, de la “inusitada rapidez” de la justicia en su contra, y del “dolor” por el llamado a juicio en contra del hoy magistrado Álvaro Hernán Prada.

“Horas antes de empezar este juicio, repito a mis compatriotas que jamás he engañado a la justicia. Pedí que todos, que todos los elementos recaudados se adjuntaran a la Corte, sin seleccionarlos, sin la más mínima modificación. Mi vida pública no conoce la mentira. Quienes recuerdan los gobiernos que presidí saben que reconocía errores, que asumía responsabilidades, que delegaba éxitos”, dijo el expresidente.

Uribe dedicó al menos cinco puntos de su comunicado para hablar de los magistrados que en la Corte Suprema de Justicia tuvieron su proceso. Habló de los magistrados que lo llamaron a indagatoria, de quienes lo “pusieron preso”. Incluso, advirtió que el magistrado César Reyes fue contratista de su opositor y sucesor, el expresidente Juan Manuel Santos.

“En violación de los principios de la majestad de la Justicia, el magistrado Barceló, en aquel momento presidente de la Corte y responsable del caso en mi contra, llamó a un programa radial a decir que me tenían agarrado. Con el magistrado Hernández agitaron el tema contra mí en la televisión”, advirtió Uribe en su comunicado.

Después de cinco horas de audiencia, la defensa del expresidente sacó una carta muy usada en los procesos judiciales, pero que poquísimas veces tiene efecto: pidió la nulidad de las actuaciones de la Fiscalía tras advertir lo que resultó evidente. Los hechos que, según el abogado Granados, enumeró el fiscal del caso, fueron presentados de manera confusa, lo que hace muy difícil diseñar una estrategia de defensa.

“Al drama humano que significa afrontar un proceso penal de estas características, en donde como se verá ni siquiera le queda claro a su defensa y al doctor Álvaro Uribe de qué defenderse. ¿Por qué lo dice la defensa? En primer lugar, postularemos la afectación grave a las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”, dijo Granados tras argumentar la solicitud de nulidad.

La Fiscalía rechazó la solicitud de la defensa tras advertir que se trata de una estrategia dilatoria con “ropaje” de nulidad. Una afirmación que provocó molestia en el abogado Granados, que reclamó respeto del ente acusador y pidió a la juez llamar al orden al fiscal. La juez simplemente le volvió a dar la palabra a la Fiscalía.

Al cierre de la audiencia no se definió la participación de víctimas, ni la solicitud de nulidad de la defensa del expresidente Uribe, tampoco se concluyó el motivo de la convocatoria, formalizar la acusación. Las casi 12 horas de diligencia se quedaron en un nuevo delito, los reparos de la defensa y la insistencia de la Fiscalía.