Las presiones sobre la inflación no cesan. Un informe del Banco Mundial encendió las alarmas por los efectos del conflicto en Oriente Medio. Prevé que los precios de la energía aumentarán 24 por ciento, hasta alcanzar su nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, y los de los productos básicos en general crecerán 16 por ciento.

La entidad estima que el petróleo brent alcanzará un promedio de 86 dólares por barril, frente a los 69 dólares que registró en 2025. Y calcula que este año los precios de los fertilizantes aumentarán 31 por ciento, impulsados por un alza del 60 por ciento en la urea.
Y si por el mundo llueve, en el campo local no escampa. Según Anif, el primer trimestre de 2026 mostró una dinámica de aceleración significativa en los precios, donde las variaciones mensuales de los tres meses superaron sus promedios históricos, con presiones como el ajuste del salario mínimo y los efectos de indexación.

En abril de 2026, la variación anual del índice de precios al consumidor fue de 5,68 por ciento; es decir, 0,52 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y alimentos y bebidas no alcohólicas.
La división restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,61 por ciento, siendo la más alta. De hecho, más de la mitad de la inflación proyectada para 2026 ya se causó en los primeros cuatro meses del año.
A juicio de Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, persisten las presiones a la inflación. “Todos los indicadores núcleo que monitorea el Banco de la República y, muy importante, la inflación de servicios, que refleja en gran parte el aumento del salario mínimo, han subido entre 70 y 80 puntos básicos en los primeros meses del año. Eso no es normal”. Sin embargo, explica que otros efectos han contrarrestado esos impactos, como la reducción de precios de gasolina y la revaluación del peso que se registraron en los primeros meses del año. “Ahora que empieza a subir de nuevo el precio de la gasolina y están los efectos relacionados con la guerra, pueden llegar a ser más visibles las presiones inflacionarias”, dice.
Para Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, se seguirían materializando las presiones a los precios de servicios, sobre todo aquellos sin arrendamientos. “Esa medición estaba cerca del 6 por ciento en 2025 y ya se aproxima al 9 por ciento. Creemos que seguirá subiendo y nuestra expectativa es que esté en dos dígitos de variación en los próximos meses”, afirma.
Además de los riesgos asociados a los combustibles –frente a los cuales el Gobierno tendrá que decidir entre contener la inflación o ampliar el déficit fiscal– y al encarecimiento global de los insumos agrícolas, que aún no se ha transmitido plenamente al mercado local, Pérez advierte sobre posibles ajustes en la tasa de cambio. Considera que ya se está viendo un proceso de devaluación que podría mantenerse con el proceso electoral. Y, finalmente, para el segundo semestre, el anuncio de la eventual llegada de un fenómeno de El Niño impactaría en los precios de energía y en alimentos. Esta incidencia se dará hacia final del año y el comienzo de 2027, manifiesta.
Ante este panorama, no solo preocupa la inflación de hoy, sino las expectativas y la necesidad de converger al rango meta, de entre 2 y 4 por ciento, y llegar al objetivo de 3 por ciento. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República, que realiza entre analistas financieros, para este año se estima que la inflación cierre en 6,34 por ciento y para diciembre de 2027 sea de 4,77 por ciento.
Por eso, sorprendió la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, que, en su reunión de finales de abril, decidió mantener inalterada la tasa de referencia en 11,25 por ciento a pesar de que el mercado estimaba un incremento de entre 50 y 75 puntos básicos.

Es más, en las minutas de la reunión de la junta se plantea que un grupo de cuatro codirectores –de los siete que componen este órgano de decisión– consideró que dejar estables las tasas de interés, en lugar de ajustarlas al alza en la coyuntura actual, “podría conllevar el riesgo de tener que mantenerlas más altas durante más tiempo en el futuro, lo cual resultaría costoso para la economía”. Manifestaron que, buscando evitar este escenario, fue que se llevaron a cabo los ajustes en la tasa de interés en enero y marzo.
¿Por qué la junta no subió las tasas? La respuesta oficial se encuentra en las minutas de la reunión: “La decisión adoptada por unanimidad de mantener inalterada la tasa de interés de política envía un mensaje de consenso y respeto entre los miembros de la Junta Directiva para mostrar que, si bien existen opiniones diversas sobre el manejo de la tasa de interés, es posible lograr acuerdos en medio de las diferencias y evitar que las políticas del Banco sean interpretadas como elementos relacionados con el proceso electoral”.
Una semana antes de la reunión de la junta, sus integrantes revisaron en detalle el informe que les hizo llegar el equipo técnico y, en esta ocasión, la recomendación fue subir 0,75 puntos básicos, con lo cual las tasas de interés de referencia quedarían en 12 por ciento, desde el 11,25 por ciento al que llegaron en marzo, tras dos subidas de 100 puntos básicos cada una, aplicadas en lo corrido del año.

No obstante, la llegada del ministro de Hacienda, Germán Ávila, a esa cita pareció propiciar un giro en la decisión. El funcionario, en la reunión anterior, se había levantado de la mesa, molesto por el apretón que aplicaron los expertos en política monetaria, que, por mayoría, aumentaron la tasa en 100 puntos básicos.
Desde ahí, se desató una disputa y mensajes insultantes desde el Ejecutivo. “Genocidas”, llamó el presidente Gustavo Petro a algunos miembros de junta, en referencia a que matarían al pueblo de hambre, porque las tasas altas llevarían al aumento de los precios y a disparar la inflación.
SEMANA conoció, mediante una fuente cercana a la junta, que el ministro Ávila llegó a la reunión con una carta bajo la manga: si el ambiente en la reunión era de volver a subir las tasas, se levantaría de nuevo. Fue así como el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, habría hecho una propuesta salomónica: conciliemos. El economista, quien se ha ganado los aplausos de los colombianos por su posición de defender la autonomía del Emisor, dejó a consideración de los integrantes de la junta su propuesta, para enviar un mensaje de consenso en vez de enfrentamiento.

Así, por unanimidad y con el objetivo común de contribuir a calmar el ambiente, la junta estuvo de acuerdo en mantener quietas las tasas. La idea es que en junio, cuando el equipo directivo se reúna de nuevo para tomar una decisión de política monetaria, pueda hacerlo en un contexto con menos ruido. Para entonces, ya no habrá tinte político, porque el encuentro será después de las elecciones de segunda vuelta (si llegan a realizarse). Así, habrá tiempo para seguir lo que suceda con el precio de los fertilizantes y establecer si el alza del salario mínimo tendrá o no un efecto mayor sobre la inflación.
Para el exministro Juan Camilo Restrepo, fue una decisión para calmar y apaciguar los ánimos con el Gobierno y volver a una normalidad. “Lo que se ve en el horizonte de la inflación es que está creciendo. Entonces, más temprano que tarde tendrán que tomar nuevamente medidas sobre las tasas de interés”.

Por su parte, el también exministro y excodirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, advierte que respeta la institucionalidad, pero no comparte la decisión que tomó la junta. “Entiendo que en su sabiduría debieron primar criterios para no precipitar un rompimiento institucional con el Gobierno. Eso me trae a lo siguiente: la presencia de un ministro de Hacienda en la Junta del Banco de la República. A mí nunca me dejó dormir tranquilo esa figura, pero durante los 12 años en que estuve en la junta no hubo conflictos con el Gobierno ni con los ministros de Hacienda, así hubieran estado en desacuerdo. Este es un desacato irresponsable de parte del Gobierno a través de su ministro de Hacienda. Y entiendo que la junta prefirió dar tranquilidad y dejar las tasas quietas”, señala Cano.
Insistió en que, desde una perspectiva estrictamente monetaria, la decisión no fue la más acertada. “Personalmente, creo que no fue adecuado haber dejado las tasas quietas. Las presiones inflacionarias continúan, pero, sobre todo, persisten las expectativas”, señaló.
La atención se traslada a finales de junio, cuando se vuelva a poner sobre la mesa el futuro de las tasas de interés.
