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| 3/18/2017 11:00:00 PM

El escándalo político que golpeó al gobierno

El presidente atraviesa por su peor momento. El escándalo político no para y aún no se sabe hasta dónde va a llegar.

La vida política de Juan Manuel Santos ha sido una montaña rusa. Cada vez que parece derrotado logra recuperarse, pues llega algo que lo resucita, como el Premio Nobel de la Paz. Pero nunca ha estado tan contra las cuerdas como ahora por cuenta del escándalo de Odebrecht. Las revelaciones sobre posibles donaciones de la constructora brasileña a sus dos campañas presidenciales lo tienen acorralado.

La última semana fue crítica. Sobre todo por la confirmación de Roberto Prieto en Blu Radio de que Odebrecht había pagado 400.000 dólares en Panamá para la impresión de 2 millones de afiches en 2010. A pesar de que se defendió con vehemencia, el peso de los hechos era tal que enredó la pita, fue inexacto y no siempre creíble.

Lo que menos convenció fue su versión sobre la reunión de Otto Bula y Andrés Giraldo y la supuesta entrega del millón de dólares. Según él, quien cuadró la entrevista fue Juan Sebastián Correa, el secretario privado de Luis Fernando Andrade en la ANI, y el propósito era proponerle negocios legítimos a Giraldo, quien habría sido escogido por tener acceso a él (Prieto). Hizo una nueva revelación bomba: Correa, el hombre de la ANI, también estuvo presente en la reunión. Con ese dato ese encuentro se volvió aún más misterioso.

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Cuando los periodistas de Blu le preguntaron a Prieto qué sabía de una supuesta donación de Rodrigo Jaramillo, el expresidente de InterBolsa, de 150.000 dólares para pagar deudas de esa campaña, este manifestó no tener idea ni conocer a Jaramillo. Al día siguiente este último hizo pública una carta para confirmar esa donación y registrar que fue acordada en una reunión en la cual estuvieron presentes él y Roberto Prieto.

Hubo también apartes de su intervención que convencieron. El más contundente fue el argumento de que nadie en su sano juicio entrega una maleta de 1 millón de dólares en un restaurante a mediodía. Esas transacciones por lo general son más privadas. Y sí quiso que no quedaran dudas de que el presidente no tenía nada que ver con la “irregularidad” de los afiches, ni con cualquier decisión relacionada con manejo de platas.

En medio del fuego cruzado de preguntas en la entrevista, echó al agua a un poco de gente. Entre otras, al gerente de la campaña de 2010, el actual director de la Dian Santiago Rojas y al comité financiero de ese entonces, integrado por Germán Chica, Orlando Sardi, Consuelo Caldas y Juan Claudio Morales. Estos últimos participaron en una reunión en el hotel Casa Medina en febrero de 2010 con directivos de Odebrecht en la cual se habría hablado de una posible financiación de la campaña. Los que se prestaron la semana pasada a dar declaraciones sobre el tema fueron bastante evasivos, lo cual complicó el asunto.

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Juan Claudio Morales quedó muy mal cuando afirmó enfáticamente en La W: “Nunca conocí a nadie de Odebrecht y mucho menos que nos hubieran buscado para ayudar para la campaña”. Al otro día Blu Radio reveló que Morales había organizado esa reunión. Consuelo Caldas, también en su entrevista con Blu, balbuceó cuando le preguntaron sobre el tema. La explicación de todas estas mentiras e incoherencias es que los acusados están tratando de tapar hechos que pueden ser verdad, pero que ellos consideraban prácticas toleradas dentro del juego electoral en esos momentos. Lo que veían como un pecado venial se les convirtió en uno mortal.

A todas estas, el presidente Santos decidió romper su silencio y pronunciarse al respecto. Por televisión se dirigió al país en una intervención emotiva en la cual reconoció lo demostrado, condenó los hechos aclarando que no tenía conocimiento de los mismos y les pidió perdón a los colombianos. Sin embargo hubo una frase que opacó el contenido del mensaje: “Me acabo de enterar”. Esa frase se convirtió inmediatamente en el nuevo “Todo sucedió a mis espaldas”. Se volvió viral en las redes sociales y en lugar de apaciguar la tormenta, la agitó aún más.

Poco tiempo después le pidió al Consejo Nacional Electoral levantar la caducidad de las investigaciones sobre su campaña de 2010 para que se supiera toda la verdad. Está pendiente un fallo sobre ese tema por parte del Consejo Nacional Electoral para determinar si la caducidad puede ser levantada o no. Hay interpretaciones encontradas entre algunos de los magistrados de ese organismo.

Las consecuencias de la declaración de Prieto en la que acepta que Odebrecht aportó 400.000 dólares para afiches golpean a Santos donde más le duele. Por una parte, traslada sus dos campañas electorales a la lista de los protagonistas del mayor caso de corrupción de los últimos años en el continente. Una cosa es un soborno para intercambiar favores y otra ocultar el registro de aportes a una campaña. Pero este tipo de diferenciaciones no tienen cabida en un debate tan acalorado y mucho menos en las trincheras de radicalismos en que se han convertido las redes sociales.

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Sobornos por parte de Odebrecht sí existieron y ascendieron a buena parte de los 11 millones de dólares que según la justicia norteamericana habrían llegado a Colombia. Los aportes que Odebrecht le pudo haber hecho a la campaña de Santos son ilegales, pero no son sobornos. Los sobornos, como ha demostrado la Fiscalía, fueron tramitados por otro lado. Aún así, resulta muy molesto para Santos acabar mencionado en la prensa internacional al lado de presidentes que no solo tuvieron sus campañas financiadas, sino que se embolsillaron plata.

Las voces que surgieron del mundo político fueron variadas y, en general, muy duras. Las más radicales, como la de la representante del Partido Verde Angélica Lozano, quien afirmó que “lo que está en crisis, más que las instituciones, es la forma de hacerse elegir (y por eso) el presidente debe renunciar al cargo y no solo a la prescripción”. El exgobernador Sergio Fajardo fue más prudente y afirmó que “sí hicieron trampa y es una trampa muy delicada porque los tramposos no deben gobernar”, y en las filas de la unidad nacional el senador Horacio Serpa fue contundente en la defensa del jefe del Estado: “Que el presidente de la República vaya a abandonar el poder, no hay razón alguna para eso, y además sería absolutamente perjudicial para todos los colombianos…”. Desde la misma orilla, Luis Fernando Velasco buscó hacer claridad sobre los matices: “No es lo mismo la plata del narcotráfico a una financiación ilegal”.

En la Alianza Verde dijeron que con la plata de los brasileños le robaron las elecciones a Antanas Mockus. Paradójicamente el más noble de todos fue precisamente Mockus, a quien le habrían robado las elecciones de ser verdad la teoría de que la plata definió el resultado. Aunque señaló la gravedad de lo ocurrido en la campaña de Santos, aceptó que su derrota no se debió a los afiches pagados por Odebrecht sino a errores de su propia campaña. Al fin y al cabo Santos le ganó por 5 millones de votos y los afiches no dan para tanto.


Aunque Mockus se enfrentó a Santos en 2010, ahora lo defendió, dijo que su derrota no se debió a la ayuda de Odebrecht a Santos.

Se reduce el margen de maniobra

No va ser fácil para Santos superar el momento y recuperar la gobernabilidad necesaria en la actual coyuntura. Pero como se ha visto en crisis anteriores el presidente ha logrado salir de las cuerdas para adueñarse nuevamente del cuadrilátero político. El escándalo en manos de oposiciones radicales, apareció justo cuando se empiezan a sentir los primeros vientos de la campaña electoral. Las elecciones de Congreso están a menos de 12 meses, y cada acción de los senadores y de los representantes evaluará las repercusiones políticas. Los proyectos necesarios para implementar los acuerdos de paz con las Farc llevan consigo decisiones controvertidas y costosas. Y aún falta mucho por tramitar en la agenda del fast track.

La reciente aprobación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) tomó más tiempo del que se esperaba y obligó al gobierno a hacer más concesiones de las que quería. En algunos aspectos, se modificó el fondo de lo que habían firmado Santos y Timochenko en el Teatro Colón. Y este puede ser el libreto para todo lo que falta en normas y reglamentaciones sobre puntos tan controversiales de los acuerdos como el desarrollo rural, la participación en política de las Farc, el estatuto de la oposición y la política antinarcóticos. Muchos congresistas tratarán de quedar bien, como Antonio Navarro y Claudia López que, aunque han apoyado la paz, votaron en contra de la JEP. Y es probable que los conservadores se retiren de la unidad nacional. Todo esto afectará las mayorías de un Congreso que tiene una tarea trascendental por delante.

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El tsunami brasileño de Odebrecht también va a crearle problemas adicionales al manejo económico. La sensación en el mundo de los negocios es de incertidumbre. Los inversionistas se preguntan hasta dónde puede llegar la tempestad política, y ese tipo de expectativas suele paralizar a los mercados. Justo después de superar el choque de la caída de los precios del petróleo con un crecimiento bajo pero positivo en 2016, y después de una reforma tributaria muy dura pero bien recibida por los evaluadores de riesgo, el despelote político y el desgaste del presidente Santos pueden volver a poner el freno de mano.

Las campañas para las elecciones de Congreso y la Presidencia van a ser con todos los fierros, y el presidente Santos puede ser el más perjudicado. Los aspirantes a los diversos cargos no van a encontrar incentivos para apoyar al gobierno saliente. Hablar contra el gobierno se podría convertir en lugar común de los discursos electorales. En un clima adverso, las banderas más rentables son las del cambio. Y con las corrientes internacionales que soplan en favor de la antipolítica y del populismo, las opciones para un resultado institucional y continuista se debilitan aún más.

Y a todas estas, el ciudadano del común puede haber perdido la fe en todo. Ante el tsunami del escándalo hay poco espacio para medir la gravedad de las denuncias y para diferenciar faltas graves de delitos gravísimos. Aunque lo único probado hasta ahora es el pago en Brasil al asesor de la campaña de Zuluaga y los 400.000 dólares de los afiches de Santos, para amplios sectores de la opinión pública todo el mundo está untado y hay un derrumbe institucional. Esa visión apocalíptica es exagerada, pero por el momento es una realidad. 

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