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| 3/18/2017 11:00:00 PM

Santos, en serios aprietos

SEMANA analiza los difíciles escenarios a los que se enfrentan los salpicados si se llega a confirmar la violación de los topes de las campañas.

Las hipótesis de lo que les puede pasar a los protagonistas del escándalo de Odebrecht han ido escalando de lo lógico a lo absurdo. Hasta ahora la violación de topes había sido descrita como una “infracción” en palabras del mismo fiscal en su rueda de prensa. Sin embargo, en la medida en que la espuma ha ido subiendo, a la “infracción” se le han dado toda clase de posibles implicaciones judiciales que, de llegar a aplicarse, podrían crear escenarios políticos y penales que nadie había contemplado.

El fiscal general generó controversia al trasladar la investigación al Consejo Nacional Electoral. (CNE) Eso dejó la impresión de que la financiación ilícita de campañas era simplemente un asunto administrativo. Así era percibido en el pasado. Pero como nunca se había configurado judicialmente la violación de los topes, la confirmación del episodio de los afiches creó una nueva realidad. Y esta no solo es objeto de escrutinio jurídico con lupa, sino de linchamiento político por parte de la oposición. En ese contexto en los últimos días el tono pasó de la crítica a la indignación, y el tema, de las multas a los partidos a la renuncia del presidente.

Pero independientemente de las exageraciones políticas, la realidad jurídica es complicada. La financiación ilícita de campañas electorales no es un delito en Colombia, como sí sucede en muchos países de Europa, como España. Y por esta razón, inicialmente no es un tema que deba investigar la Fiscalía. Sin embargo, muchos delitos se pueden cometer en ese proceso. Y esos sí estarían bajo la jurisdicción de este organismo.

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Las violaciones a las normas electorales son las menos graves y le competen al Consejo Nacional Electoral. En principio ese organismo puede investigar en el caso de la campaña de Santos dos situaciones. 1) Si se violaron los topes. 2) Si entró lo que se denomina “financiación prohibida”, en el caso de Odebrecht, dinero de una compañía extranjera. Deberá analizar estas infracciones en tres asuntos puntuales relacionados con Odebrecht: el pago de los afiches a la campaña, el millón de dólares de las encuestas de Sancho BBDO y el testimonio de Otto Bula sobre el millón de dólares supuestamente dirigido a Prieto.

Este es un organismo desprestigiado, sin dientes y de origen político, pues los partidos designan sus miembros. De sus nueve integrantes, Santos puede contar con los cinco nombrados por los partidos de la coalición. Más dos conservadores que hoy estarían en la Unidad Nacional también. Los dos restantes son más independientes. El presidente actual, Alexander Vega, es muy cercano a Ñoño Elías, mencionado en este escándalo. Como era de esperarse, él piensa que el asunto está cerrado por caducidad, ya que han transcurrido tres años desde los hechos.

Sin embargo, el ponente escogido por sorteo fue Armando Novoa, un ex M-19 experto constitucionalista y un crítico de lo que está sucediendo. Anteriormente Novoa había expresado la teoría de que en la investigación sobre ese tema, a pesar de que recae sobre un asunto de 2010, no había caducidad pues según él los tres años solo empiezan a correr, no desde que se comete la irregularidad, sino desde el momento en que se descubre. Como solo sucedió la semana pasada no habría prescripción.

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De imponerse la teoría de Novoa, la conclusión sería que se violaron los topes con las implicaciones que se derivarían. Con la interpretación del presidente del Consejo Nacional Electoral, por caducidad no se podría configurar la violación de los topes. Como Novoa expresó públicamente sus convicciones, existe la posibilidad de que alguien lo recuse por prejuzgar. Y además con los cinco magistrados de la Unidad Nacional no es imposible anticipar que el escándalo de los afiches termine en nada.

Pero eso no es seguro, y solo corresponde a la campaña de 2010. Queda por definir qué se confirma de 2014 y ahí no hay caducidad que valga. El abanico de posibles sanciones es extenso. Puede ir desde la suspensión de la financiación estatal para la próxima campaña hasta la obligación de devolver el monto producido por la reposición de votos en la anterior. Igualmente podría perderse el derecho a inscribir candidatos en las próximas elecciones, pagar multas entre 100 y 1.000 salarios mínimos y la cancelación de la personería jurídica.

Las sanciones económicas son bastante severas. Las cifras son muy altas, pues en la campaña de 2014 Santos obtuvo por concepto de reposición de votos cerca de 16.000 millones de pesos y Zuluaga 25.290 millones. La obligación de responder por esa plata les corresponde a los partidos que avalaron al candidato y al gerente de la campaña. Curiosamente no al candidato en términos personales. Como los partidos reciben anualmente un subsidio importante del Estado, una forma de pagar sería con esos recursos. El año pasado el Partido de la U recibió 6.346 millones de pesos, el Liberal 6.165 millones y Cambio Radical 3.980. El total no estaría muy lejos de los 16.000 millones de pesos.

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En el caso de que el candidato se haya lanzado por firmas, sin el aval de ningún partido, él mismo tendría que responder personalmente junto con el gerente. Ese es el caso de Óscar Iván Zuluaga, pues cuando él se lanzó aún no existía el Centro Democrático. A eso se suma la complejidad de que su propio hijo era el gerente. Como la suma es impagable a nivel personal, recuperación del dinero no habría, pero sí podrían terminar embargados los patrimonios de los responsables.

Lo anterior suena bastante complicado, pero el escenario penal es mucho peor, pues ya no se trataría de infracciones, sino de delitos. Si el CNE logra demostrar la violación de los topes, ese hecho podría llegar a ser interpretado como fraude a las autoridades electorales. Y ahí hay dos escenarios para investigar a los responsables: el fraude procesal y la falsedad en documento. El primero consiste en inducir en error a un funcionario para obtener un provecho y tiene pena de seis a doce años de cárcel. El segundo consiste en poner falsedades en documentos públicos y tiene pena de cinco hasta nueve años de prisión. Ninguno es excarcelable pero podrían tener otras medidas de restricción de la libertad como el brazalete electrónico.

Los otros delitos posibles son más difíciles de probar. Como se está hablando de movimientos de dinero, si se comprueba que su origen es ilegal se podrían investigar delitos mucho más graves como el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Como la palabra Odebrecht se ha convertido en símbolo de corrupción, esa interpretación ha sido mencionada en los últimos días. Sin embargo, para probar esos delitos también es necesario comprobar el conocimiento del origen ilícito de esos dineros, lo cual no es muy fácil. En 2010 y en 2014 Odebrecht era la reina de las multinacionales. Todo el mundo quería trabajar con ellos. Las revelaciones que hoy escandalizan al mundo no se sabían en ese momento. Por lo tanto, es poco probable que se llegue a esos extremos. En todo caso, las penas de estos delitos son mucho más altas, pues en Colombia el castigo por lavar dinero es de 30 años de cárcel y el del enriquecimiento ilícito de hasta 15 años.

Las investigaciones seguramente comenzarán con los gerentes de las campañas, pues ellos manejan los recursos y dirigen las actuaciones de los partidos ante los organismos electorales, por lo que serían los primeros llamados a responder si se encuentra la comisión de delitos. En el caso de la campaña de 2014 serían Roberto Prieto y David Zuluaga, el hijo de Óscar Iván. Sin embargo, los procesos deben establecer también si otras personas estaban enteradas del ingreso de estos activos, quienes también entrarían a responder.

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En el caso del proceso 8.000 algunos de los involucrados terminaron condenados por el delito de enriquecimiento ilícito a terceros, por haber servido de intermediarios en la entrega del dinero del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper. Esa teoría es un poco traída de los cabellos pues hasta ese momento una persona jurídica –la campaña– nunca había sido considerada un tercero. Sin embargo, el escándalo era tan grande y el origen de los recursos era tan claro que se aceptó un exceso de creatividad jurídica para evitar la impunidad.

Entre esos escenarios extremos también se ha hablado de llevar al presidente Santos a un juicio de indignidad en el Congreso de la República. De por sí, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, ya anunció que iba a presentar esa denuncia. Aunque eso suena gravísimo, en el fondo no es más que un saludo a la bandera. Por un lado, la Comisión de Acusaciones es un órgano eminentemente político donde los procesos prácticamente nunca prosperan. Por otra parte, todos los presidentes acaban acusados de cosas terribles al final de su mandato, producto generalmente de la oposición radical. Tanto Santos como Uribe tienen cientos de procesos abiertos en la Comisión de Acusaciones, incluyendo el de traición a la patria. De ahí que a ese nivel no va a pasar nada.

El caso de Odebrecht se ha convertido en el reto más difícil para el fiscal Néstor Humberto Martínez hasta el momento. Aunque en el pasado la violación de topes electorales ha sido una práctica frecuente, esta es la primera vez en que se vuelve tema nacional. Todavía falta mucho por esclarecer para determinar las consecuencias.

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