Desde que Abelardo de la Espriella le sacó 673.138 votos a Iván Cepeda en la primera vuelta, en el Pacto Histórico se ha visto el desespero. El candidato se sumó esa noche a la tesis que Gustavo Petro ha aceptado desde hace meses: el fraude electoral. Cepeda aseguró que no reconocería los resultados hasta que las comisiones escrutadoras emitieran su concepto, y aunque eso pasó esta semana, el candidato esbozó un giro no concluyente cuando el lunes en la mañana aseguró que no habían encontrado “evidencias”, pero nada más.
El reconocimiento de los resultados se convirtió en una condición sin la cual era imposible que sectores tradicionales y líderes influyentes, que no habían estado con Cepeda en primera vuelta, pudieran adherir a esa campaña. No se trata de un tema menor. La narrativa del fraude, como la ha planteado Petro, supone un grave desconocimiento institucional y alimenta el temor de que Colombia pueda vivir el 21 de junio, en caso de una victoria de De la Espriella, un escenario similar al ocurrido en Washington en enero de 2021. En ese momento, el presidente Donald Trump no reconoció su derrota ante Joe Biden y se produjo el impactante asalto al Capitolio.
Pero más roja que la línea de reconocer los resultados era la asamblea nacional constituyente. Se trata del verdadero ‘coco’ de la continuidad del Pacto Histórico en el poder. Juristas muy reputados como el profesor Mauricio Gaona y el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda advirtieron en SEMANA que esta es la elección más importante de la historia del país, si se tiene en cuenta que sobre la mesa está un cambio de sistema.
“Lo que buscan es cambiar el orden constitucional: la separación de poderes, la supremacía de la Constitución y la independencia judicial. Cuando tales principios se eliminan a través de las normas y no de las armas, lo que queda es una dictadura constitucional. El resto es prólogo”, explicó Gaona.
“Aquí Colombia se la está jugando casi toda. Si hay un gobierno que, según dice el candidato que representa esa tendencia, estuvo en el pasado asociado al comunismo y apoya la actual iniciativa de asamblea constituyente sin temario y sin límites efectivos... Aquí lo que está en juego es si va a cambiar o no todo el sistema”, detalló el jurista Cepeda.
Por eso, sorprendió el anuncio de que se suspendía la recolección de firmas de la constituyente que había animado el presidente y a cuyo proceso, anunció, se iba a dedicar una vez dejara el poder.
La jugada, claramente electoral, tiene matices. Lo primero es que la decisión nunca se presentó como propia del candidato, ni del presidente Petro, sino del comité promotor de la constituyente que suspendió la recolección de firmas. Iván Cepeda sigue sin decir de manera clara si descarta del todo este mecanismo. En un video, aseguró que es un “demócrata” y dijo que el proyecto político encabezado por Abelardo de la Espriella “constituye una amenaza” que podría arrasar con las reformas sociales y los derechos conquistados por los colombianos, así como traducirse en más violencia, crisis económica y la entrega de los intereses nacionales a potencias extranjeras.
Sobre la constituyente apenas dijo: “Hoy el comité promotor de la asamblea nacional constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha dado por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa. Ha dicho que, atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por Aida Quilcué e Iván Cepeda para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales. Agradezco este acto de grandeza política”. Cepeda no está rechazando la constituyente, solo acogiendo la suspensión del comité. El tema es tan estructural para la campaña de Cepeda que la constituyente está en su plan de gobierno como uno de los mecanismos para implementar la Mesa de Diálogo Nacional, médula espinal de su mandato.
Gustavo Petro tampoco fue claro en echarse para atrás ni entregó un NO rotundo a la constituyente. Como suele suceder con sus mensajes, el trino en el que comentó el asunto estaba lleno de ambigüedades. El presidente reiteró su idea del “bloqueo institucional”, pero aseguró que las votaciones del domingo reflejan “una profunda división ciudadana” que “no permite que el constituyente se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”. Así aseguró que es el pueblo quien debe “primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación; de esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan”.
Sin embargo, el presidente nunca dijo que abandonaría la idea de la constituyente, sino solo que se suspendería provisionalmente en este tiempo electoral. Y dejó claro que eso es lo que piensa, pero con una condición: “Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo”. Después de esa aclaración, precisó que lo único que había ocurrido era la “suspensión de la recolección de firmas”.
La izquierda busca tirar esa zanahoria para conquistar los sectores más moderados del electorado, que podrían estar en los 2,8 millones de colombianos que votaron por Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y los millones que no fueron a las urnas. Lo dijo claro Cepeda: “Es el momento de la unión y la concertación, el momento del encuentro con el centro político, el liberalismo democrático y los sectores reformistas. En general, con todos aquellos y aquellas que defendemos la vida”.
Hay dos puntos que hacen que este viraje carezca de credibilidad. El primero es el pasado. Al presidente Petro es difícil creerle. El 9 de julio de 2018, ante la iglesia del Voto Nacional y al lado de personalidades como Antanas Mockus, Ingrid Betancourt y Claudia López, el entonces candidato Gustavo Petro firmó en mármol que no emprendería una asamblea nacional constituyente. No cumplió.
También hay un argumento técnico y es que el desmonte de la constituyente no se ha producido. Para eso se necesitaría no una suspensión de la recolección de firmas, que fue lo que pasó, sino un desistimiento ante la Registraduría y el cierre del comité promotor. Eso no ha pasado.
El jurista Mauricio Gaona resume lo que está pasando así: “Retirar la propuesta de constituyente dos semanas antes de las elecciones es un movimiento táctico, no una concesión jurídica. El récord público de sus actuaciones, sus discursos, las miles de firmas recolectadas y la defensa a ultranza de un proyecto que siempre fue indefendible son su mayor delator. No están cambiando de rumbo, están cambiando de disfraz”.