Empresas que construyen país: la apuesta del sector privado por un futuro sostenible
Pese a los desafíos económicos y políticos, el sector privado reafirma su papel en la construcción de una Colombia más fuerte.
La economía colombiana avanza, pero sin rumbo claro. Aunque el país dejó atrás los años más duros de la pandemia, los motores del crecimiento –la inversión privada, la confianza empresarial y la estabilidad macroeconómica– siguen sin recuperar fuerza. La economía crece, pero sin impulso; produce, pero sin convicción. En medio de una política económica errática, tensiones institucionales y mensajes oficiales contradictorios, la factura de la incertidumbre empieza a cobrarse en los balances de las empresas, en las decisiones de inversión y en las perspectivas de empleo.
En tiempos de incertidumbre, ellos eligen creer.
Siete líderes empresariales demuestran que el compromiso con el país se traduce en inversión, empleo, innovación y esperanza. Desde la banca hasta la moda, del agro a la tecnología, su visión compartida impulsa el desarrollo y la confianza en la gente que hace posible el futuro.
Según César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el repunte del PIB de 0,7 por ciento en 2023 a 1,7 por ciento en 2024 no alcanza para revertir la pérdida de dinamismo. “La formación bruta de capital fijo permanece un 10,1 por ciento por debajo de los niveles de 2022 y un 10,7 por ciento por debajo del valor prepandemia”, advirtió. Lo preocupante es que esta vez las causas son internas. “Es el precio de la incertidumbre”.
Pabón señaló que la tasa de inversión, que hace dos años rondaba el 20 por ciento del PIB, cayó a 16,5 por ciento en 2023 y apenas repuntó a 17,1 por ciento en 2024, el nivel más bajo en dos décadas. Con esos indicadores, el crecimiento potencial del país no superará el 2,6 por ciento, una cifra insuficiente para sostener empleo y estabilidad fiscal. “La caída no responde solo a factores externos, sino al deterioro de la confianza empresarial y a la incertidumbre regulatoria en sectores clave como infraestructura, vivienda, hidrocarburos y energía”, agregó.
El problema, coinciden varios analistas, no es puramente económico: es político. Las decisiones improvisadas, los cambios de rumbo y la falta de una narrativa de desarrollo coherente han elevado el costo del capital y la percepción de riesgo país. Desde finales de 2022, Colombia paga una prima de riesgo superior a la de Brasil y se aleja de los niveles de México, Chile o Perú. En palabras de Pabón, “Colombia pasó de ser un referente de estabilidad institucional a un mercado observado con cautela por los inversionistas internacionales”.
Los líderes gremiales hablan: así ven el futuro económico de Colombia
Los representantes del agro, el comercio, la construcción, la industria y los servicios públicos analizan los desafíos del país y piden estabilidad institucional antes del 2026.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, lo afirma con datos. El Índice de Incertidumbre de Política Económica (Ipec) alcanzó en 2025 un promedio de 258 puntos, más del doble del nivel histórico entre 2000 y 2019. “Este aumento ha coincidido con una fuerte caída de la tasa de inversión, que pasó de 23,4 por ciento del PIB en 2015 a 16,1 por ciento en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo en 20 años”, afirmó.
La inversión privada, que representa 85 por ciento del total, cayó a 13,4 por ciento del PIB en 2022 y no ha logrado recuperarse. La pública, por su parte, descendió al 2,1 por ciento del PIB en el primer trimestre de 2025, sin ejercer el papel contracíclico que se esperaba. “Las decisiones normativas y contractuales han elevado la percepción de riesgo, y los anuncios sobre cambios en las vigencias futuras o el congelamiento de peajes generaron dudas sobre la estabilidad jurídica de los contratos”, explicó Mejía.
Reconstruir la confianza pasa por reglas de juego estables. “Respetar los contratos de inversión, cumplir la regla fiscal y reducir el costo de uso del capital. La carga combinada del impuesto de renta y el patrimonio, cercana al 48 por ciento, desincentiva la inversión productiva”, advirtió. Solo con un entorno proinversión será posible recuperar el dinamismo empresarial de hace una década.
El costo económico de perder credibilidad
Pero la pérdida de confianza tiene también un componente financiero y fiscal. José Ignacio López, presidente de Anif, recordó que desde que Colombia perdió el grado de inversión en 2021 las tasas de interés de mediano y largo plazo subieron 2 puntos porcentuales. “Ese aumento encarece el financiamiento y explica buena parte de la caída de la inversión”.
El deterioro fiscal, además, agrava el cuadro. “Este año el déficit podría cerrar en 7,5 por ciento del PIB y el próximo en niveles similares. La política monetaria ha hecho su trabajo, pero sin el respaldo de una política fiscal responsable. Es un esfuerzo desigual”, afirmó López. En su opinión, el país enfrenta una paradoja. “Un Gobierno con discurso expansivo, pero sin capacidad de ejecución eficiente ni disciplina fiscal. Estamos postergando un ajuste que deberá asumir el siguiente gobierno”.
En ese contexto, el sistema financiero opera con cautela. María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, advirtió que “la rentabilidad de las entidades financieras mejora, pero la originación de nuevos créditos se mantiene prudente por los altos costos de fondeo y la baja inversión”. El aumento de la incertidumbre política ha llevado a una gestión más conservadora del riesgo. “Hoy se priorizan sectores con ingresos estables y proyectos que aporten directamente al desarrollo económico”.
Aun así, Gutiérrez subrayó que la banca sigue siendo un motor de la economía real. “A través del Pacto por el Crédito hemos desembolsado más de 157 billones de pesos, el 60 por ciento de la meta para 2025. Eso muestra que, pese al entorno incierto, seguimos comprometidos con el progreso nacional”. No obstante, el desenlace político será decisivo. “Si el nuevo gobierno mantiene disciplina fiscal y mejora la gestión pública, podríamos crecer 2,8 por ciento en 2026, con inflación del 4 por ciento. Si no, la incertidumbre prolongada afectará el déficit, la deuda y la confianza”.
Los efectos se sienten con fuerza en los sectores estratégicos. “Las señales desfavorables hacia la exploración y producción han desincentivado la inversión”, apuntó Gutiérrez. En infraestructura, el replanteamiento de las alianzas público-privadas frenó proyectos, y la eliminación de programas como ‘Mi Casa Ya’ afectó la construcción de vivienda. “Colombia no está en condiciones de abrir un nuevo debate tributario. Lo que necesitamos es eficiencia del gasto y políticas que incentiven la inversión, no más impuestos”.
Su conclusión sintetiza el sentir empresarial: “La confianza no se decreta, se construye. Y no con discursos, sino con acciones concretas: responsabilidad fiscal, estabilidad jurídica y ejecución real”. Según la ejecutiva, el país solo podrá recuperar su potencial si sostiene tres pilares: confianza, disciplina fiscal y capacidad de ejecución. “Sin ellos, la inversión se paraliza y la economía pierde impulso”.
Sin embargo, no todo son malas noticias. Pabón señaló que en las regiones surgen nuevas fuentes de crecimiento. “Desde los gobiernos locales y el sector privado hay iniciativas que pueden compensar la debilidad del centro. La coordinación territorial y la inversión regional pueden convertirse en motores del desarrollo”.
El verdadero talón de Aquiles
Varios exministros ven en la incertidumbre política el mayor obstáculo. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, advirtió que “el principal problema es el déficit fiscal y la falta de acción del Gobierno para reducirlo, junto con el aumento de la deuda pública. Estos factores han deteriorado la confianza del país”. Ocampo recordó que el Fondo Monetario Internacional ya advirtió sobre los riesgos de la política fiscal, lo que llevó a la pérdida de la línea de crédito flexible, un símbolo de estabilidad para los mercados.
Mauricio Cárdenas, también exministro de Hacienda, completó el diagnóstico: “La pérdida de calificación refleja la falta de coherencia y credibilidad institucional. Las calificadoras no solo miden cifras, sino el mensaje económico. Y cuando ese mensaje es contradictorio, los empresarios prefieren esperar”. Para revertir el daño es necesario reactivar sectores estratégicos, fortalecer la seguridad y aplicar disciplina fiscal. “La confianza no se decreta, se demuestra con hechos”.
Juan Carlos Echeverry, otro exministro de Hacienda, ofrece una metáfora contundente: “El presidente es impredecible y cambia de opinión con frecuencia. Es como tener al piloto del avión moviendo el timón cada cinco minutos: todo el avión anda asustado”. Aunque la incertidumbre es parte del entorno económico, se vuelve destructiva cuando proviene del liderazgo. “El Estado y el sector productivo deben restablecer la confianza mutua. Sin ella, no hay crecimiento posible”.
Juan Camilo Restrepo va más allá y asocia la inestabilidad económica con la crisis política. “El presidente Petro no cuenta con mayorías parlamentarias sólidas, y eso ha dinamitado la coalición. Intenta suplir esa debilidad con discursos de confrontación o amenazas constituyentes, lo que genera un clima de tensión e incertidumbre. La democracia representativa no puede reemplazarse por la del balconazo o el insulto. Ese proceder afecta la estabilidad política y económica del país”, aseguró el exministro Restrepo.
Desde la academia, David Pérez-Reyna, profesor de la Universidad de los Andes, precisó que “históricamente los déficits fiscales altos se asocian con mayor volatilidad. Hoy la economía muestra una inversión muy baja y, aunque el consumo sostiene la actividad, no hay señales de reactivación sólida”. Las medidas del Gobierno, advirtió, “han sido inconsistentes: aumentan ingresos, pero también el gasto. Así no se combate la incertidumbre”.
El consenso entre los expertos es unánime: la pérdida de confianza y la incertidumbre política se traducen en un mayor costo de financiamiento, menor inversión y crecimiento limitado. Todos coinciden en la receta: disciplina fiscal, estabilidad institucional y una comunicación económica coherente y predecible.
Como concluye Ocampo, “el primer paso para recuperar la confianza es un recorte importante del gasto público. Solo así se reducirá el déficit y se enviará una señal creíble de responsabilidad fiscal”. Colombia, sostuvo Mejía, “necesita volver a ser un país predecible. Esa fue su mayor fortaleza durante dos décadas y es lo que hoy más extrañan los inversionistas”. El desafío, por tanto, no es solo económico. Es político. Y en ese terreno, el tiempo juega en contra.
