La reforma tributaria le representará al Gobierno cerca de 20 billones de pesos. De ellos, el sector minero-energético, particularmente petróleo y carbón, tendrán que responder por casi la mitad. De hecho, según cálculos de Corficolombiana, gracias a los precios del petróleo del último año, Colombia ha tenido una minibonanza, que le representará al Gobierno recursos por cerca de 3,8 puntos del PIB para 2023, vía impuestos, dividendos de Ecopetrol, regalías y otros giros.
Parece una paradoja que el Gobierno, necesitado de recursos para programas sociales, los apalanque en sectores que ha comparado con la cocaína y que, de acuerdo con las señales que ha dado, busca su marchitamiento. Por eso, el país está a la expectativa de la hoja de ruta de la transición energética que se conocerá en mayo de 2023: si finalmente habrá nuevos contratos de exploración petrolera o no, cuánto tiempo durará el ‘apagón’ petrolero y carbonífero y cuáles serán los sectores llamados a responder por las divisas que genera hoy la industria extractiva.
La incertidumbre frente al futuro del sector petrolero, el impacto tributario –que seguramente generará demandas ante la Corte Constitucional– y la perspectiva que tiene el Gobierno de él pondrían en riesgo las inversiones.
Con la reforma, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) calcula que, con un recorte en los programas de inversión, que podría oscilar entre 30 y 50 por ciento, la producción caerá gradualmente y, para finales de esta década, la disminución sería de entre 350.000 y 450.000 barriles de petróleo, de los 750.000 barriles promedio día que se producen actualmente.
Pero la industria extractiva no es la única preocupación. Uno de los actores de la transición energética todavía no toma su papel protagónico. Se trata de las energías renovables no convencionales, que deberían estar ya en el mercado. Son proyectos de más de 2.000 megavatios que tienen retrasos, al igual que la principal línea de transmisión que sacará la energía generada en La Guajira por proyectos eólicos y solares. Los cronogramas ya se extendieron en el mejor de los casos a finales de 2023, pero se estima que el grueso entre a operar solo hasta 2024 y 2025, causando tensión en el sistema y a la espera de nuevas subastas de proyectos para atender el crecimiento de la demanda de energía.
Comercio, con pronóstico reservado
Pese a ser uno de los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, el comercio también fue uno de los que registró una recuperación más marcada.
Esto ha llevado a que entidades como Davivienda estimen un crecimiento del comercio de 11,6 por ciento al cierre de 2022, pero advierten que la pérdida de poder adquisitivo de los hogares colombianos como consecuencia de la inflación más alta en décadas, así como un menor acceso a crédito tras el incremento en las tasas de interés afectarán el desempeño de este sector en 2023.
En este banco proyectan un crecimiento de 1,9 por ciento del comercio el año entrante, que podría ser más bajo si el mercado laboral se afecta demasiado por un avance del PIB inferior al previsto o una tasa de cambio más alta que la estimada por el mercado (alrededor de los 5.000 pesos).
En Corficolombiana son más pesimistas con el comercio en 2023, pues prevén una contracción de esta actividad de 0,7 por ciento.
Industria, apostándole a exportar
Un endurecimiento del crédito por las mayores tasas de interés sumado a un menor ingreso disponible de hogares y empresas impactarán el desempeño del sector industrial en 2023. En efecto, cálculos de Corficolombiana indican que la actividad manufacturera pasaría de crecer 11,1 por ciento en 2022 a 1,2 por ciento un año después. En este resultado también afectará el aumento del precio de los insumos de producción, que se transmitirá al valor de los productos.
En el Ministerio de Comercio señalan que uno de los retos para impulsar la industria estará en profundizar la internacionalización de la economía hacia exportaciones con mayor valor agregado, en particular hacia América Latina.
Construcción, más viviendas y más PIB
La inflación y el aumento de tasas de interés hicieron que entre enero y noviembre de 2022 se vendieran 218.894 viviendas, 7,4 por ciento menos que en igual periodo de 2021. No obstante, el dato de este año es el segundo mayor de la historia reciente del mercado inmobiliario en Colombia.
Luego de estos resultados, el sector de la construcción se prepara para un año de aceleración en las ventas ante la expectativa de una caída de la inflación, así como para tener una mayor incidencia en la producción del país, pues todos los inmuebles que se comercializaron deberán ser construidos. Los cálculos de Camacol indican que en 2023 se iniciará la construcción de 189.000 nuevas viviendas, de las cuales 133.000 serán de interés social, conocidas como VIS.
Igualmente, se estiman ventas de 250.000 unidades nuevas, de las cuales 177.000 serán VIS. Como resultado, el gremio proyecta que la construcción de edificaciones crecerá 9,8 por ciento el año entrante y aportará 5 puntos porcentuales de inversión a la economía. “Para preservar esta dinámica y la generación de empleo en el sector, es fundamental asegurar la disponibilidad de subsidios del programa Mi Casa Ya a lo largo de 2023 y los años siguientes”, aseguran desde Camacol y añaden que los programas de mejoramiento y construcción de vivienda rural tendrán efectos positivos en la reducción del déficit y la demanda de insumos del sector.
Agro, entre la coyuntura y la estructura
El agro del país pasa por un momento complejo. Como lo advierte Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), el sector está en medio de la tormenta perfecta. Por una parte, soporta uno de los más intensos inviernos en la historia reciente que afecta los cultivos y la producción, impacta las vías y no permite la logística de envío de los productos y, además, es caldo de cultivo para nuevas plagas y enfermedades.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el invierno puede extenderse hasta mediados del año entrante. Esta situación no permite preparar la tierra para las cosechas y muchos cultivadores planean reducir la producción.
Por otra parte, el aumento de las tasas de interés hace que el financiamiento se encarezca y a ello se suma que los insumos, en su mayoría importados, mantienen precios altos, además con un dólar que ha superado en algunas jornadas los 5.000 pesos. Esto hace que las materias primas incrementen sus precios y vuelvan inviables algunas operaciones. Todo este coctel se ve reflejado en la inflación: para noviembre, en su medición anual, superó el 12,5 por ciento, mientras que los precios de los alimentos crecieron 27,08 por ciento; y en su aporte a la economía: para el tercer trimestre de este año, en el crecimiento anual desde la oferta, de los 12 sectores que componen el PIB, solo el agrícola tuvo crecimiento negativo (-1,4 por ciento).
En medio de ello, el Gobierno avanza en una reforma agraria que le permita democratizar la tierra. Ya anunció la compra de 3 millones de hectáreas a los ganaderos y tendrá retos, como la financiación de los recursos y los procesos de titulación.
Infraestructura, proyecciones optimistas
La construcción de infraestructura cada vez tiene más peso en el PIB del país. No en balde, cuentas del Ministerio de Hacienda indican que las obras civiles tienen un efecto multiplicador, pues por cada peso invertido se generan 2,25 en la economía. Estos factores junto con la agenda pública en infraestructura hacen que la CCI, gremio del sector, vea con optimismo al 2023. Además de las obras que se prevé concluyan los Gobiernos regionales en su último año de mandato, el avance de ejecución del programa 4G, que en promedio va en 70 por ciento, es otro propulsor del sector. Se espera que en el año entrante el programa alcance niveles de ejecución superiores al 85 por ciento, y unos 20 proyectos estén en etapa de operación y mantenimiento.
Igualmente, la iniciación del programa 5G provoca positivismo. Hoy este programa cuenta con seis proyectos viales, que intervendrán más de 1.000 kilómetros y están estimados en unos 9,4 billones de pesos. En la CCI también destacan la reciente adjudicación de la megaobra del canal del Dique, iniciativa que beneficia a 19 municipios y tiene una inversión de 3,25 billones de pesos.