El día de hoy, 15 de agosto, se llevó a cabo en el hotel Tequendama de Bogotá una rueda de prensa organizada por la Organización de las Naciones Unidas, donde se presentó un análisis de la situación de Derechos Humanos en Colombia en el primer semestre del 2023.
En el evento, tuvo lugar la intervención de la Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette De Rivero, para presentar el análisis de derechos humanos en Colombia y los resultados de la misión en nuestro país.
El acto contó con la presencia del viceministro de Justicia, Camilo Umaña, el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, Leiner Palacios, asesor de la vicepresidencia y el expresidente Ernesto Samper, entre otros, incluyendo al embajador de la Unión Europea en nuestro país.
La representante celebró el enfoque del gobierno en los derechos humanos y “su compromiso con la garantía de los derechos humanos” que han resultado en impactos positivos, sin embargo, también comentó las preocupaciones que la misión detectó en el territorio.
“Nos preocupa la expansión territorial de grupos armados”, dijo la representante, enfatizando en las estrategias violentas que utilizan los delincuentes a pesar del proceso de diálogo.
La representante destacó “la necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios. Y la necesidad de articular mejor a las autoridades locales, regionales y nacionales del Estado y del Gobierno en territorio, para fortalecer la presencia integral del Estado, empoderar a las organizaciones de base y proteger a la población civil frente al actuar de los grupos”.
Por otro lado, la ONU Derechos Humanos hizo énfasis en el aumento de las masacres verificadas en Colombia hasta de un 11 %, respecto al segundo semestre del 2022, contando de esta manera hasta 52 masacres ocurridas en lo que va del 2023.
La Oficina confirmó su preocupación por varios departamentos como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare donde se han presentado amenazas, homicidios, reclutamiento infantil y libertad de movimiento, entre otros abusos a los derechos humanos.
“Exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales”, dice el informe.
Entre otras preocupaciones, la misión de Naciones Unidas en nuestro país mostró serias preocupaciones en las alertas de extorsión en diferentes territorios, en total fueron 27 Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en el país, que se suman a los reportes.
“Mientras las negociaciones avanzan es necesario reforzar el control territorial del Estado y proteger a la población, empoderando a los procesos organizativos que se ven debilitados por el accionar de los grupos”, dijo la Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos aprobó a principios de mes, por unanimidad, la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que permitirá comprobar el cumplimiento del alto al fuego bilateral del Gobierno de Colombia con la guerrilla del ELN.
Los 15 miembros votaron a favor de la ampliación de dicho mandato, que se encarga de supervisar el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
La misión para verificar el alto al fuego del Estado Mayor Central Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, EMC Farc-EP tomó un rumbo distinto y quedó por fuera de la ampliación del mandato, pese a que el Gobierno colombiano anunció el 9 de julio pasado un acuerdo para establecer una mesa de diálogo con este grupo disidente.
Se hará cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “confirme que se ha alcanzado un alto al fuego que incluya protocolos de verificación adecuados” con el grupo armado, según el texto de la resolución.
En la última reunión trimestral de control del Consejo de Seguridad de la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz de Colombia, realizada el pasado 12 de julio en Nueva York, el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massieu, alertó del aumento de la violencia contra excombatientes que depusieron las armas, contra dirigentes campesinos y solicitantes de tierras, y pidió al Gobierno que proteja a estos colectivos.