Todos los senadores del Pacto Histórico están siendo investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a través de una indagación que avanza por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la financiación de las campañas de los 20 candidatos que hoy hacen parte del Congreso de la República.
Fuentes del alto tribunal le confirmaron a SEMANA que la investigación se centra en los reportes de ingresos y gastos de campaña que reportó cada congresista al Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahí es donde se habrían presentado las supuestas irregularidades.
Pero lo más delicado es que, con esta indagación, vuelve a entrar en la mira la cuestionada Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), salpicada en la campaña Petro presidente, pero ahora se trata de determinar si tuvo alguna relación con las campañas de los senadores electos del Pacto Histórico.
Esa relación se centraría en la coalición política de la que hicieron parte los congresistas que fueron electos con el hoy partido de Gobierno, como Aida Avella, Roy Barreras (actual embajador en el Reino Ubido), María José Pizarro, Martha Peralta, Iván Cepeda y Pedro Flórez, quien ha sido señalado de ser aliado del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, entre otros.
Es importante aclarar que este caso es diferente al que también le adelanta la Corte Suprema a los congresistas del Pacto Agmeth Escaf y Pedro Flórez, quienes terminaron investigados por las confesiones que hizo Nicolás Petro, el hijo del mandatario, sobre las presuntas irregularides en la campaña Petro Presidente.
El escándalo de SADI ha tomado grandes proporciones, después de que se conocieran varias declaraciones de testigos que empezaron a colaborar con la Justicia sobre cómo Daily Cop, la pirámide virtual de criptomonedas, habría dispuesto de una aeronave de la Sociedad Aérea de Ibagué para la campaña del actual presidente de Colombia.
SEMANA conoció un documento de colaboración que ya está en manos de la Fiscalía que revelaba que, “en este punto en particular, se servirá de testigo directo y se evidenciará cómo, con la empresa SADI S.A.S., empresa de aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada y puesta al servicio de la campaña presidencial, con el dinero de la captación de la empresa Dayli”.
El abogado Víctor Muñoz, defensa de los involucrados en este nuevo escándalo en la financiación de la campaña Petro Presidente, explicó que sus clientes tienen cómo demostrar la forma en que se hicieron los aportes, los acuerdos entre los socios de Daily Cop y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, con la promesa de, una vez el Gobierno redactara un proyecto en beneficio de la misma compañía, legalizar las transacciones con criptomonedas.
El abogado explicó: “Mi cliente asegura que estuvo en una reunión aquí en Bogotá, directamente con los creadores de la criptomoneda, con el gerente de la campaña. El compromiso era financiar por 10.000 millones de pesos, que efectivamente luego se hace a través de la financiación en especie de los viajes por parte de la aeronave que fue puesta a disposición de la campaña. A contraprestación, el compromiso era que participara en la creación de un proyecto de ley que finalmente se impulsó para la creación de una moneda digital, para lograr la comercialización de un cripto activo”.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia tendrá que esclarecer si, además de las presuntas irregularidades que se habrían presentado en algunas campañas al Senado por el Pacto Histórico, también existió alguna relación de los hoy congresistas con la polémica SADI.