“Nos quitaron la niñez, nos obligaron a crecer sin el amor de nuestros padres y nos obligaron a salir a la calle a trabajar para llevar un sustento a nuestros hogares”, es el relato de Johanna Torres, víctima de los mal llamados ‘falsos positivos’, y a quien hombres de la Brigada 16 del Ejército Nacional le arrebataron a dos de sus familiares a quienes presentaron como bajas en combate.
El duro testimonio de Johanna Torres es uno de los que se han conocido durante la audiencia de reconocimiento de verdad que la Justicia Especial para la Paz (JEP) adelanta este 18 y 19 de septiembre en Yopal como parte del subcaso Casanare, dentro del Caso 03 sobre asesinatos y desapariciones forzadas.
“Acá estamos las víctimas no para mendigarles la verdad, sino para exigirles la verdad”, dijo Torres a los 21 miembros del Ejército Nacional, un exfuncionario del DAS y dos civiles, que admitieron su participación en una serie de asesinatos y desapariciones que fueron previamente presentados como bajas en combate.
“Sigo teniendo el dolor en el pecho de no saber qué pasó con mis familiares”, dijo en medio la incertidumbre en la que aún vive desde el 2007.
Un equipo de expertos profesionales de la JEP ha trabajado durante siete meses en la preparación de esta audiencia, interactuando tanto con víctimas como con comparecientes. Hasta el momento, 24 de los 26 imputados han aceptado su responsabilidad en los crímenes cometidos en Casanare, mientras que los dos restantes serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Los comparecientes por ‘falsos positivos’ en Casanare
Entre los comparecientes, en calidad de autores mediatos, se encuentran figuras destacadas como el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo. La JEP ha concluido que estos individuos estuvieron implicados en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Además, fueron citados otros 20 individuos. Ellos son: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, John Alexánder Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexánder González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Y, a algunos, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
“La Audiencia de Reconocimiento de Verdad es una oportunidad para contribuir a la satisfacción y dignificación de las víctimas. Como parte de la diligencia judicial, los 22 máximos responsables y dos partícipes no determinantes deberán pasar del reconocimiento escrito que ya entregaron a la magistratura de la JEP, a un reconocimiento público de las atrocidades ante la justicia, las víctimas y la sociedad”, indicó el tribunal de paz sobre este evento.
Y agregó: “Los efectos restauradores de este reconocimiento público pueden significar la oportunidad más directa que tienen los responsables de atender las demandas de responsabilidad y de verdad de las víctimas. Entre otras cosas, los imputados deberán aportar verdad detallada sobre hechos individuales en los términos de su participación en el plan criminal y, además, nombrar y aceptar los daños causados”.