“El Gobierno respeta y obedece todas las decisiones judiciales. En este caso respetamos la decisión de la Fiscal General”. De esta forma respondió el ministro de Justicia, Néstor Osuna frente a la radicación del escrito de acusación presentado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Para el Ministro, la posición clara del Gobierno es respetar la independencia de poderes, “así como lo hemos hecho en el pasado”, asegurando que no se emitirán conceptos ni cuestionamientos ante las decisiones de los jueces y fiscales. “Acá se abre un escenario que no es judicial en el que no interviene el Gobierno. Es el devenir normal de un proceso judicial”.
Osuna, quien sea dicho de paso fue magistrado del Consejo de Estado, reconoció que el proceso contra el expresidente Uribe “ha tenido “enorme repercusión pública”. El centro de servicios judiciales anunció este miércoles que para el 17 de mayo quedó programada la audiencia en la cual la Fiscalía General presentará el escrito de acusación contra el expresidente.
En el escrito de acusación de 13 páginas, revelado en exclusiva por SEMANA, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia advirtió que las evidencias recolectadas permiten inferir que Uribe Vélez actuó como determinador para que el abogado Diego Cadena ofreciera dádivas y beneficios judiciales a un grupo de exparamilitares para que se retractaran de las acusaciones que habían hecho en su contra y en las cuales lo vincularon con la conformación y financiamiento a grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
“Contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad y que les sirviera para falsear o colocar en duda versiones contra él y su hermano Santiago”, señaló la Fiscalía en su acusación.
“Lo habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda, entre otros, particularmente con ocasión de la investigación previa referida atrás o por actuaciones penales distintas que se ventilaban ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras autoridades”, dice la Fiscalía en la acusación.
La decisión de presentar esta acusación, según explicó el ente acusador por medio de un comunicado, surgió luego de que el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema, Gilberto Villarreal, analizó los elementos de prueba y la evidencia recaudada en los últimos meses. Fueron dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes las que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito en Bogotá.
“Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura”, señaló el ente acusador.
El expresidente ha señalado que lo quieren enviar a la cárcel sin un testigo directo, reiterando que solamente le pidió al abogado Diego Cadena que confirmara las versiones que indicaban que varios testigos en su contra se querían retractar de los señalamientos.