Roberto Prieto fue condenado por corrupción. Al principio lo negó, pero la investigación de la Fiscalía lo delató. Un juez le impuso una pena de cinco años de prisión luego de aceptar que incurrió en los delitos imputados por el fiscal del caso. El exgerente de la campaña Santos Presidente 2014 pagó 47 meses de prisión y rebajó, con trabajo y estudio, otros 15.
La condena contra Prieto incluyó una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una pena accesoria: 62 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, pena que también cumplió y que ahora le permite aspirar a cargos públicos, a contratar o trabajar con el Estado, si quiere.
“El condenado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política de Santos Presidente. De la misma manera, se precisó que Prieto se benefició ilícitamente del contrato adjudicado a Yuma Concesionaria el proyecto Ruta del Sol sector 3″, dijo la Fiscalía en su momento y tras obtener la condena en contra de Prieto.
El pasado 17 de abril, Roberto Prieto quedó en libertad. Un juez lo ordenó y fueron notificados quienes tenían a su cargo la custodia del entonces privado de la libertad. No se conocieron detalles de su libertad, solo que estaba en su casa y al lado de su familia en pleno domingo de resurrección.
Llama la atención que Roberto Prieto, investigado, confeso, condenado por corrupción en un millonario contrato y en un proceso que tiene otro grupo de personas en líos judiciales, pueda, después de estar algo más de tres años privado de la libertad, aspirar como cualquier otro colombiano honesto a cargos públicos, incluso a ganarse contratos con el Estado.
Expertos en derecho aseguran que no hay nada de irregular o de manejo en la justicia, es simplemente lo que contempla la ley. Roberto Prieto cometió un crimen, lo reconoció, pagó su deuda con la sociedad y ahora es un hombre libre con los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
Por los hechos de corrupción, que reconoció el mismo Prieto, recibió 690 millones de pesos. Lo que tenía que hacer, o lo que hizo, fue servir como intermediario de una concesionaria que pretendía quedarse con un millonario contrato entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El objeto de ese contrato era la construcción del Puente Largo en el municipio de Plato, Magdalena.
Se trata de un contrato que se firmó, se convirtió en una investigación formal y que incluyó a Roberto Prieto como la persona encargada de fabricar el tráfico de influencias y el autor del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
“El juzgado 6 penal de circuito de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo al que llegó Roberto Prieto Uribe y la Fiscalía General de la Nación. En ese marco condenó a 62 meses de prisión (5 años y 1 mes) al empresario Prieto Uribe, vinculado al proceso Odebrecht en el que se investigan hechos de corrupción”, dijo la Fiscalía
Otra imputación
Aunque ahora puede contratar o ser contratado por el Estado, Roberto Prieto tiene una cuenta pendiente con la Fiscalía. El ente acusador advirtió que el exgerente de la campaña Santos Presidente 2014 será imputado por el delito de lavado de activos. Un proceso que su defensa está lista para reprochar tras considerar que las investigaciones de la Fiscalía llegan a destiempo.