Un sorpresivo anuncio se conoció este lunes, 25 de diciembre, justo cuando empieza la Feria de Cali 2023. La Procuraduría General de la Nación decidió suspender, en primera instancia y por cuatro meses, al alcalde de esa ciudad, Jorge Iván Ospina. De igual forma, el ente de control resolvió suspender por nueve años al actual secretario distrital de cultura José Darwin Lenis.
La medida toma lugar luego de conocerse presuntas irregularidades que se habrían registrado durante la realización de la Feria de Cali 2020, en plena pandemia, cuando el evento se organizó de manera virtual.
En aquel entonces se habría celebrado un convenio por $ 11.955′020.000 para la realización de la Feria Virtual de Cali, versión 63 y, según la procuraduría, se evidenciaron presuntas irregularidades.
La entidad evidenció que el secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito con Corfecali, dado que hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social.
El ente de control comprobó que, como delegante, el alcalde Ospina no realizó vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por el secretario de Cultura Lenis Mejía para determinar la cuantía del futuro convenio, ni asumió la responsabilidad que le correspondía como ordenador natural del gasto, permitiendo con ello “(…) la realización de un proceso contractual contrario a derecho por parte de su delegado, el secretario de cultura de Cali (…)”.
La falta cometida por el mandatario fue calificada como grave con culpa grave por omitir la vigilancia que debió ejercer, pues -según la Procuraduría- tenía “(…) la posibilidad de pedir explicaciones para encauzar el actuar de sus subalternos hacia la consecución de los fines de la administración municipal”.
En cuanto a Lenis Mejía, el Ministerio Público consideró que cometió una falta gravísima a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento que le correspondía observar en su condición de suscriptor del convenio.
Reacciones
Tras conocerse la decisión de la Procuraduría, el senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa aseguró que se trata de una medida “tardía”, pero “recobra la confianza en las instituciones”.
“He sido uno de los principales críticos del Gobierno y actuaciones de Jorge Iván Ospina, he hecho denuncias públicas, las presenté en las comisiones constitucionales respectivas, en la Controlaría General y en medios de comunicación. Aunque la decisión es tardía está sanción de primera instancia sí vuelve la confianza en las instituciones de perseguir a quien abiertamente ha desconocido todos los principios de función pública, quien fue desafiante con la institucionalidad y que no solo en la época del paro fue indolente con la suerte de los caleños, sino que despilfarró los recursos públicos”, manifestó Motoa.
“La Procuraduría es una entidad que seguiré defendiendo, ayuda a luchar contra la corrupción, por eso no entiendo el afán del Gobierno nacional de eliminar y perseguir esta entidad como lo ha propuesto en varios proyectos de ley”, mencionó el congresista.
Por último, el senador mencionó que los aliados políticos del alcalde Jorge Iván Ospina ahora están migrando a nuevas administraciones, “para ellos también debe existir responsabilidad política”.
Las posibles irregularidades
Casi cuatro meses después de que se realizara la Feria Virtual de Cali 2020, se denunció que la Contraloría, en un informe preliminar de auditoría, habría encontrado irregularidades en la contratación y observaciones con presuntas incidencias fiscales.
“Y nos sigue pasando. En serio, esto es alarmante. Hoy conocimos el informe preliminar de auditoría de la Contraloría donde encontraron que la contratación de la Feria de Cali presenta ¡más de 5000 millones de pesos en irregularidades y malos manejos! Esto exige explicaciones”, manifestó en aquel entonces la concejal Diana Rojas a través de X.
En la serie de mensajes, Rojas adjuntó algunos fragmentos del informe de auditoría que explican que en determinados contratos se sobrepasó el tope de contratación de algunas entidades de Cali e incluso el incumplimiento de las mismas entidades en poner a consideración parte de la contratación a sus juntas directivas.
“Hicimos alertas, seguimiento y sabíamos que debíamos insistir. Hicieron una Feria afincados en el ego y en la arrogancia que finalmente nos deja a los caleños con más de 5.000 millones de pesos mal gastados, con 115 hallazgos, de los cuales 14 son fiscales y 11 penales”, añadió Rojas.