La familia Ruiz considera que ellos lo único que hicieron fue firmar originalmente un contrato a valor comercial con un funcionario del gobierno de Ernesto Samper, con el cual no tenían ninguna cercanía política. Consideran que dadas las condiciones excepcionales del edificio, el precio de 37.000 pesos no está por encima del mercado. Agregan que hay un contrato firmado y que en un estado de derecho este no se puede romper unilateralmente al antojo del gobierno. Tampoco les parece que un episodio comercial privado deba ventilarse públicamente tratando de hacerlo parecer como tráfico de influencias. Por último afirman que si el Ideam consiguió un edificio gratis cualquier precio tiene que parecerle alto por comparación.