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La Defensoría del Pueblo acaba de presentar una acción de grupo contra el Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó en nombre de 70 de las víctimas de la masacre de Bojayá. De ser condenada, se estima que la Nación tendría que pagar 15.000 millones de pesos por los perjuicios morales y materiales causados a estas personas. Eduardo Cifuentes, el defensor, acusa al Estado de negligencia para evitar la tragedia. Asegura que nueve meses después de ocurrido el hecho, el gobierno aún no ha cumplido el compromiso de garantizar los recursos para construir Bellavista, y que tampoco ha atendido la situación de las familias que han retornado.

2003-12-18

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