EL LEGADO DE BB

Si la conformación de los comités de evaluación designados por el Presidente electo dejó a más de un observador confundido, mayores fueron las inquietudes entre los analistas cuando la semana pasada se comenzó a explorar lo que el diario El Tiempo denominó como "el legado de la administración Betancur". Las denuncias del contralor general, Rodolfo González, en el sentido de que el presente gobierno está girando cheques con cargo a la cuenta del próximo, llamaron la atención de los especialistas preocupados por el estado, del país cuando llegue el 7 de agosto.

En esta oportunidad, la gran incógnita tiene que ver con la situación real de las finanzas del Estado. Como se recordará, el Partido Liberal se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre la necesidad de reorientar las prioridades que fijó la administración saliente y, dentro de ese escenario, es indispensable saber con qué recursos se cuenta. Según el contralor, no con muchos. En opinión del fiscal de las finanzas del Estado, el déficit fiscal ascendió en abril a la suma de 113.015 millones de pesos, cifra muy superior a la del año pasado por la misma época. Semejante revelación llevó al editorialista de El Tiempo a sostener que "no sólo no se ha hecho ningún esfuerzo en los últimos días para subsanar el déficit, sino que a raíz del famoso programa de los 100 días sus promotores han decidido acelerar las apropiaciones. Es decir, se están gastando la plata y adquiriendo compromisos para que "el que venga atrás, que arrié".

El supuesto desenfreno en los gastos daría al traste, de continuar así, con el programa de saneamiento de las finanzas públicas adoptado a principios del año, con la intención de completar el proceso de ajuste comenzado en 1984. En esa oportunidad el gobierno se comprometió a reducir el déficit del sector central de 58 mil a 28 mil millones de pesos durante 1986. Sin embargo, en lo que va del año los diferentes gastos se han incrementado muy por encima de lo presupuestado y aunque los ingresos han crecido en un 58% en el primer semestre, el faltante parece ser cada día mayor.

En el área de servicios personales, los pagos han aumentado en 39% frente a una meta original del 25% en el campo de la inversión el incremento ha sido del 46% frente a una meta del 25%, las transferencias son superiores en un 40% a las del año pasado y el servicio de la deuda se ha duplicado. Con esas cifras, no es extraño que el Partido Liberal haya dado su grito de alarma.

No obstante, los técnicos del gobierno aseguran que el programa sigue su curso y que todo tiene que ver con que varios de los pagos "grandes" se hicieron durante el primer semestre pero no se van a repetir. Como ejemplo se cita el caso de los servicios personales. En efecto, el aumento en el pie de fuerza para garantizar el normal desarrollo de las elecciones costó 5.300 millones de pesos y los esfuerzos de la Registraduría 900 millones de pesos más. Adicionalmente, el magisterio recibió un pago de 4.500 millones de pesos como resultado de la nueva negociación salarial y el pago de mensualidades atrasadas. Esas tres circunstancias reunidas explican el por qué, en opinión del gobierno, la situación se pueda considerar como controlada a pesar de los alarmantes incrementos porcentuales.

Una explicación similar se hace en el caso de las transferencias, las cuales pasaron de 86 mil a casi 120 mil millones de pesos entre 1985 y 1986. En este caso, la explicación hace referencia a lo ocurrido con la educación y con una ley aprobada por el Congreso el pasado agosto, donde se aumenta la cesión del impuesto a las ventas que le hace el gobierno central a los municipios y departamentos.

En lo que tiene que ver con el servicio de la deuda, la causa está ligada a que hay que atender más obligaciones y que estas valen cada vez más en términos de pesos, como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar en 1985 (52%) y del ritmo en lo que va del año, equivalente a un 31% anual. Adicionalmente, el gobierno nacional ha asumido los pagos de deuda de una serie de entidades descentralizadas, con el fin de mantener el buen nombre de Colombia frente a los organismos financieros internacionales. Con todo, es muy probable que para el segundo semestre del año el servicio de la deuda se estabilice como resultado de un menor ritmo previsto de devaluación.

Por último, queda el punto de lo ocurrido con la inversión pública. Según el gobierno el incremento por encima de lo presupuestado es tan sólo un fenómeno estadístico, pues el año pasado la inversión prácticamente se paralizó durante el primer semestre y se represó para el final del año. En esta oportunidad, en cambio, se desea mantener un promedio de giros para inversión cercano a los 10.200 millones de pesos mensuales -el cual se ha cumplido- para conseguir la meta propuesta al término de 1986.

Esas son las explicaciones dadas por los técnicos de la administración saliente, en respuesta a las cifras dadas por el contralor. Aunque se reconoce que eventos no presupuestados como la venida del Papa, las obras de rehabilitación de las zonas afectadas por el Nevado del Ruiz y otros similares han "inflado" el plan de gastos, la situación -se dice- sigue controlada. Los programas de crédito externo con los cuales se va a financiar buena parte de la inversión pública han superado los últimos escollos y los economistas gubernamentales insisten en que se van a lograr los objetivos .

Frente a ese panorama, se asegura que la administración Barco va a recibir el problema fiscal del gobierno central en vías de solución. No obstante, se reconoce que el famoso "margen de maniobra" del que tanto se ha hablado es prácticamente nulo y por lo menos en lo que resta de 1986 habrá que continuar en la senda trazada por el gobierno de Betancur. Más bien se asegura que el margen consiste en que el próximo gobierno no tendrá, como normalmente ocurre, que llegar a tapar los huecos dejados por su predecesor, sino que contará con tiempo suficiente para definir las prioridades de 1987.

Un panorama un poco menos alentador es el que se presenta cuando se mira la situación de las entidades descentralizadas. Quizás la única buena noticia es la de Carbocol, entidad que va a requerir menos crédito externo que el inicialmente previsto ante la inminente finalización de las obras en El Cerrejón, Zona Norte. En cambio, Ecopetrol va a necesitar más dinero, como resultado de la caída en los precios internacionales del petróleo. A pesar de que la empresa estatal va a exportar 15 mil barriles diarios más que los inicialmente presupuestados (48 mil barriles diarios para el final del año, en contra de 33 mil planeados en un comienzo), ese mayor ritmo de ventas no va a ser suficiente para compensar los menores precios. Pero si el problema de Ecopetrol se ve manejable, es innegable que la verdadera "papa caliente" es lo que ocurre con el sector eléctrico. Las empresas que conforman el área de generación de energía tienen el 35% de la deuda externa del sector público y su déficit en este año equivale al 40% del déficit del sector público central. Peor aún, se estima que así no se inicie ninguna obra nueva y se mantenga un manejo moderado de los gastos, para 1990 el faltante financiero del sector eléctrico va a ser de 1.500 millones de dólares.

Esos y otros problemas empezaron a ser considerados por los integrantes de los comités de evaluación, que el Presidente electo designó la semana pasada. Aunque se acepta que Barco colocó sus fichas sobre el tablero, también se reconoció que las colocó en desorden. No obstante, se asegura que en los grupos que tienen que ver con el manejo de la economía, los primeros contactos, tanto formales como informales, han demostrado que las posiciones radicales de la mayoría de técnicos del equipo liberal se han suavizado y que, en ciertas áreas concretas de la política económica, la recomendación final, una vez hecha la evaluación, va a ser la menos esperada:empalme.