VENTA EN CONCRETO

Cementos Boyacá difícilmente se podrá seguir llamando así. El departamento de Boyacá acaba de vender, después de múltiples inconvenientes, su participación en Cementos Boyacá por $726 millones. La transacción fue lograda con Inversiones Mineras e Industriales S.A., entidad que tiene contratos con el Cerrejón y explota carbón en Cesar.
Con la operación, los accionistas boyacenses (Caja de Previsión, Beneficencia y Licorera) evitaron que así siguiera marchitándose su inversión en la factoría, que es ahora de propiedad mayoritaria de multinacionales extranjeras. La venta tiene su explicación esencial en la imposibilidad del departamento para seguir suscribiendo ampliaciones de capital multimillonarias que deberán hacerse próximamente, pero la determinación también fue alimentada por muchos otros factores, especialmente explicados en denuncias hechas por el gobierno boyacense contra las trasnacionales Holderbank Financiere Glaris, de Suiza, y Eternit.
Alrededor del caso Cementos Boyacá ha habido mucha controversia y hechos curiosos. La empresa fue promovida por el IFI y por el departamento, pero el Instituto de Fomento vendió su participación al Holderbank, conglomerado que aglutina a más de 40 sociedades en el mundo y 60 plantas cementeras, y al que además se le aprobó inversión externa directa por parte de Planeación Nacional, en forma excepcional, pues este sector es considerado estratégico. Aunque Cementos Boyacá era considerada empresa mixta, lo cierto es que los inversionistas foraneos poseen desde hace mucho tiempo más del 60 por ciento del control de la compañía.
El pasado jueves, el Consejo de Estado decidió suspender la vigencia de una autorización de inversión extranjera adicional del Holderbank para ampliación del capital de la cementera en 1986. Precisamente ese aumento de recursos de trabajo estuvo rodeado de hechos bastante enredados. El de partamento de Boyacá denunció que la suscripción de nuevas acciones no le fue anunciada con tiempo y que cuando pudo conseguir recursos suficientes para suscribir el capital nuevo a que tenía derecho, ya se había vencido el plazo. Eso llevó a que la Superintendencia de Sociedades declarara extemporánea e ilegal la compra de títulos de propiedad.
Como están las cosas, hay empate. Con la decisión del Consejo de Estado, la suscripción de nuevas acciones que hizo Holderbank queda sin piso. La de las entidades boyacenses, con el concepto de Supersociedades, también. Pero se aproxima otra capitalización. En el tercer trimestre de este año los recursos de trabajo de Cementos Boyacá deberán aumentar en $2.700 millones, de los que las tres entidades departamentales debían aportar $645 millones.
Este otro hecho sirvió como nueva justificación para vender el 23 por ciento de participación que Boyacá tenía en la cementera. La Caja de Previsión Social debe más de $200 millones a los pensionados. Ese era otro elemento de peso para salir de la empresa. Además, Cementos Boyacá inició en 1985 obras de ensanche con un nuevo horno, financiándose con créditos en pesetas españolas. Esa moneda se revaluó en más del 80 por ciento en los últimos dos años, lo que elevó el coeficiente de endeudamiento al 84 por ciento. Es decir que por cada 100 pesos que le ingresan a la empresa, $84 pertenecen a los acreedores.
Cementos Boyacá perdió $1.116 millones en 1987 y se cree que en 1988 el saldo negativo sea de unos $600 millones. Aunque la empresa está en saneamiento financiero los pronósticos prevén utilidades sólo en 1991 y la reaparición de dividendos en 1992. Esta perspectiva financiera también contribuyó a la venta de casi una cuarta parte de la cementera. Inversiones Mineras e Industriales pagó de contado los $726.900.000, lo que equivale a $280 por una acción que en libros valía $182. El nuevo socio se compromete a subsanar los inconvenientes surgidos por la ilegalidad declarada en la última capitalización, y lo mismo deberá hacer el socio extranjero.